El Ministerio de Sanidad tiene hasta el 17 de diciembre para facilitar la relación de expertos que ha asesorado al Ejecutivo en la gestión de la pandemia de coronavirus. La exigencia viene del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en atención a la reclamación de un abogado, con base en su derecho de conocer la identidad de los especialistas que supuestamente han recomendado las medidas de confinamiento que se han aplicado.
El mismo 6 de mayo en el que Fernando Simón se negó ante la prensa a hacer pública la composición del comité de expertos, un abogado pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos. La Dirección General de Salud Pública esgrimió como justificación para retener la información que hacer públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia atenta contra la protección de datos personales. Sin embargo el CTBG desestimó este argumento.
La solicitud del CTBG no solo ha puesto de manifiesto la necesidad de brindar información amplia a la ciudadanía en el marco de la actual crisis sanitaria. También ha servido para evidenciar las deudas que el Ejecutivo de coalición mantiene con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No son pocas.
Falta mucho por hacer
De acuerdo a lo que publica el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su portal web, al 31 de octubre no constaba cumplimiento al 22,83% de las resoluciones en las que el CTBG había estimado, al menos parcialmente, las reclamaciones presentadas por ciudadanos que no habían recibido respuesta a las solicitudes de información. A esto se suma un 9,24% que estarían en tramitación y en un 4,89% se acudió a los tribunales de lo contencioso-administrativo para pleitear los dictámenes. En concreto, el 36,96% (68 resoluciones) están pendientes. Solo cumplió el 63,04%.
El Ministerio del Interior, con 30 resoluciones pendientes (44,12% del total), es la dependencia con la mayor deuda. Le siguen de lejos la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, con 15 (22,06%) y el Ministerio de Sanidad, con 7 (10,29%).
Estas tres dependencia, además de acumular en términos numéricos la mayor deuda de Transparencia, tienen algunos de los casos de opacidad más emblemáticos. Para Interior es la destitución del jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. En Sanidad los nombres de los expertos encargados de manejar la crisis de la COVID-19. Para la Secretaria de la Presidencia los viajes de Pedro Sánchez. En todos se les ha pedido información, pero la niegan.
Poco espíritu de avance
Por los momentos, no parece que en el Ejecutivo haya demasiado interés por cerrar la brecha que le falta para ponerse al día con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ministerio del Interior se niega a facilitar la resolución en la que se detallan las razones por las que fue destituido el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional en víspera de la declaración del primer estado de alarma.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dio diez días hábiles para entregar el documento tras rechazar sus alegaciones. El plazo ya expiró. Pero hasta la fecha no se ha anunciado recurso ante los tribunales.
Mientras se acerca la fecha del 17 de diciembre, para que se venza el plazo para dar los nombres de los expertos que asesoran a Sanidad en la gestión de la crisis de la COVID-19, no hay señales de que acatarán dicha la exigencia del CTBG.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, en su encuentro más reciente con la prensa luego del Consejo de Ministros, explicó que el Gobierno tramitará el expediente para «estudiar» la solicitud. Se limitó a recordar que esos expertos son personal funcionario que cuenta con todas las competencias para ejercer un trabajo que no es nuevo y han desarrollado con ejecutivos de distinto color político. «Estaremos en condiciones de poder responderlo en tiempo y forma una vez se estudie esta solicitud», afirmó.
Más casos
Igualmente, queda pendiente que la Presidencia del Gobierno revele el motivo y la cantidad de vuelos realizados por Pedro Sánchez en aviones oficiales. La polémica incluye los viajes del presidente del Gobierno desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018, después de conocerse que utilizó un Falcon 900 del Ejército del Aire para dirigirse a Castellón y asistir a un concierto del grupo The Killers, en el marco del Festival Internacional de Benicàssim en julio de 2018.
El Ejecutivo ha eludido en reiteradas ocasiones facilitar la información que se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia. Invoca que es materia clasificada.
Una promesa demasiado GRANDE
Que Interior sea el organismo que más le debe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resulta particularmente llamativo, dado a las promesas hechas por el titular de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska. El pasado 17 de febrero, ante la Comisión de Interior del Congreso aseguraba que formaba parte de un «Consejo de Ministros que tiene en la transparencia y en la rendición de cuentas uno de sus ejes principales de trabajo».
Incluso, blandió la espada de la transparencia hace poco menos de un mes, cuando defendía el plan contra las falsas noticias. Ponía como ejemplo el hecho de que la propuesta se hubiese publicado en el Boletín Oficial del Estado.
«No hay nada más transparente que publicar en el BOE lo que el Gobierno acuerda, y lo acuerda no con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental, y menos de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho al a información», dijo en esa oportunidad.
Del mismo modo, el pacto de «Coalición Progresista» de PSOE y Podemos afirma: «Aprobaremos una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobaremos su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada.» Pero de las palabras a los hechos hay un largo trecho. Un camino de 30 resoluciones pendientes con el CTBG, para ser exactos, tan solo en el caso del Ministerio de Interior.
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