La propuesta de reconocer el ecocidio como un crimen internacional ha cobrado fuerza en los últimos años. Pequeños estados insulares como Vanuatu, Fiji y Samoa, que enfrentan amenazas existenciales debido al cambio climático, han llevado esta causa ante la Corte Penal Internacional. Definido como cualquier actividad que cause un daño ambiental significativo de manera deliberada, podría convertirse en un delito similar al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Esta iniciativa busca responsabilizar a gobernantes, políticos y directivos de empresas que contribuyan conscientemente a la degradación ambiental a gran escala.
El reconocimiento como un delito internacional no solo protegería el medio ambiente, sino que también enviaría un mensaje claro a los responsables de que sus acciones no quedarán impunes. La propuesta ha generado un debate global. Los defensores argumentan que es una medida necesaria para frenar la destrucción ambiental y proteger a las futuras generaciones. Los detractores, por otro lado, temen que pueda ser utilizada con fines políticos y que la definición de ecocidio sea demasiado amplia.
Igualmente, para que sea tratado al mismo nivel que el genocidio es necesario que se incluya en el Estatuto de Roma de la CPI. Actualmente, el texto legal solo abarca el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Pero requeriría de un consenso internacional y la modificación del estatuto, lo cual es un proceso complejo y políticamente delicado. A esto se debe sumar que algunos de los mayores contaminadores del mundo (China, Rusia, India y Estados Unidos) no son Estados miembros de la CPI y podrían impugnar cualquiera de las resoluciones del tribunal por motivos jurisdiccionales.
Daños devastadores
El ecocidio, definido como la destrucción masiva y deliberada del medio ambiente, tiene efectos devastadores en las comunidades locales. Estos impactos incluyen la pérdida de medios de subsistencia, desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria, problemas de salud y la pérdida de identidad cultural. Las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales son las más afectadas, ya que su sustento y bienestar están íntimamente ligados a la salud del entorno natural.
Muchas comunidades dependen directamente de los recursos naturales para su sustento. La destrucción de ecosistemas, como la deforestación masiva o la contaminación de cuerpos de agua, puede eliminar fuentes de alimentos, agua potable y materiales de construcción. Esto puede llevar a la pérdida de empleos en sectores como la pesca, la agricultura y el turismo, lo que deja a las familias sin medios para ganarse la vida. Los desastres ambientales causados por el ecocidio, como derrames de petróleo o la destrucción de bosques, pueden hacer que las áreas afectadas sean inhabitables. Las comunidades se ven obligadas a desplazarse, a menudo sin recursos ni apoyo adecuado, lo que genera crisis humanitarias y aumenta la presión sobre otras regiones.
La degradación ambiental puede afectar la producción de alimentos a nivel global, causar escasez y aumento de precios. Las comunidades rurales, que dependen de la agricultura de subsistencia, son particularmente vulnerables a estos cambios. La pérdida de biodiversidad también puede reducir la disponibilidad de plantas y animales que son esenciales para la dieta local. La contaminación del aire, el agua y el suelo puede tener graves consecuencias para la salud de las personas. Enfermedades respiratorias, problemas gastrointestinales y otras condiciones de salud pueden aumentar debido a la exposición a sustancias tóxicas y a la degradación del medio ambiente.
Tipos de ecocidio
Estos son algunos ejemplos de ecocidios, según Stop Ecocide, la principal ONG que lucha por el reconocimiento como delito:
Daño a los océanos: provocado por la sobrepesca industrial, los vertidos de petróleo, la contaminación con plásticos, etc.
Deforestación: debido a la ganadería y la agricultura intensivas, los incendios intencionados, la extracción minera, etc.
Contaminación del agua y del suelo: por los vertidos químicos, las actividades relacionadas con la minería, la fractura hidráulica (fracking), etc.
Contaminación del aire: causada por las emisiones de las grandes industrias, los desastres nucleares, los escapes radiactivos, etc.
Batalla legal
Cada vez es mayor la presión de abogados ambientales internacionales para que tipifiquen el ecocidio como un delito punible a nivel mundial. Según la propuesta presentada a la CPI, se define como «actos ilegales o imprudentes cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente». Los actos que podrían considerarse como tal, según los expertos legales, incluyen derrames de petróleo, deforestación de la Amazonia y las compañías de combustibles fósiles que emiten conscientemente grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que, según los científicos, probablemente conducirá a daños importantes e irreversibles a los ecosistemas.
«El reconocimiento como delito internacional sería un gran avance en la rendición de cuentas internacional por daños ambientales graves”, dijo por correo electrónico Donald R. Rothwell, experto en derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia. Pero admite que será un proceso diplomático largo. El ecocidio se convirtió en delito en Bélgica a principios de este año. Según el código penal de ese país, se define como «cometer deliberadamente un acto ilícito que cause daños graves, generalizados y duraderos al medio ambiente, a sabiendas de que tales actos causan ese tipo de daños». La pena es de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 1,8 millones de dólares.
Recientemente, la Unión Europea ha tipificado como delito los daños ambientales «comparables al ecocidio». Se han presentado proyectos de ley similares en Francia, los Países Bajos y España, y se están estudiando en Escocia, Brasil y México. También está incluido en el código penal en lugares como Rusia, acusada de cometer ecocidio durante la guerra contra Ucrania, lo que subraya las posibles dificultades para aplicar la legislación.
Definición, ahí está el detalle
Uno de los mayores retos es lograr una definición clara que acepten internacionalmente. Tiene que haber un equilibrio entre ser suficientemente específica para evitar malentendidos y suficientemente amplia para cubrir diversas formas de daño ambiental. Además, reunir pruebas sólidas para demostrar que un acto constituye ecocidio es una tarea complicada. No solo se trata de mostrar el daño, sino también de probar que hubo intención o conocimiento de que las acciones causarían ese daño.
Entre los elementos que se deben tomar en cuenta para una definición efectiva están los daños, que tienen que ser graves y afectar significativamente la integridad del medio ambiente. Deben impactar grandes áreas o múltiples ecosistemas. Además, con efectos persistentes a largo plazo. También debe haber conocimiento o intención de causar dichos daños, diferenciando el ecocidio de los accidentes o negligencias menores.
Filippos Proedrou, experto en economía política global de la Universidad de Gales del Sur, y Maria Pournara, experta en criminología de la Universidad de Swansea, dijeron que la forma en que el término se define en la Unión Europea y en otros lugares podría socavar las bases para un procesamiento exitoso. Consideran que se “establece el estándar para el procesamiento demasiado alto», porque tal como está planteado permite a los acusados eludir el procesamiento argumentando que los beneficios económicos superaban tales actos.
La acción legal adelantada por las naciones insulares del Pacífico es porque su situación las hace especialmente vulnerables al aumento del nivel del mar y a tormentas más intensas, impulsadas por el cambio climático. Vanuatu encabezó la propuesta de incluir el ecocidio como delito en la CPI en 2019.
Pros y contras
Reconocer el ecocidio como un crimen internacional podría proporcionar una herramienta poderosa para proteger el medio ambiente. Esto permitiría responsabilizar a aquellos que causen daños ambientales significativos y disuadiría futuras acciones destructivas. Las comunidades afectadas por la degradación ambiental tendrían un mecanismo para buscar justicia. Esto es especialmente relevante para los pequeños Estados insulares y otras regiones que sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático.
La amenaza de enjuiciamiento podría obligar a las empresas y gobiernos a adoptar prácticas más sostenibles y responsables. Esto podría llevar a una reducción significativa de actividades dañinas como la deforestación, la contaminación industrial y los derrames de petróleo. Su inclusión en el Estatuto de Roma podría aumentar la conciencia global sobre la importancia de proteger el medio ambiente y fomentar una mayor cooperación internacional en temas ambientales.
Sin embargo, una definición demasiado amplia, vaga o ambigua podría llevar a interpretaciones inconsistentes y a la aplicación arbitraria de la ley. Existe el temor de que la acusación de ecocidio pueda ser utilizada con fines políticos, permitiendo a los Estados perseguir a sus adversarios bajo el pretexto de proteger el medio ambiente. Algunos países y empresas argumentan que la criminalización podría obstaculizar el desarrollo económico, especialmente en regiones que dependen de industrias extractivas como la minería y la explotación de petróleo.
Entran en la tipificación
Algunos desastres ecológicos de los últimos años entran en la tipificación de ecocidio:
Accidente de Chernóbil: la explosión de uno de los reactores de esta central nuclear en 1986 provocó la expulsión de una gran cantidad de material radiactivo a la atmósfera —se calcula que unas 500 veces más que en Hiroshima—, formando una nube que se extendió por Europa.
Vertido del Deepwater Horizon: en 2010 ocurrió un accidente en la plataforma petrolífera que causó una mancha de petróleo que se extendió por más de 149.000 km2 y contaminó hasta 1.770 km de costa.
La deforestación del Amazonas: ha perdido desde 1970 una superficie parecida a la de Francia. Debido, en gran medida, a la acción directa o indirecta de la ganadería y a la sobrexplotación de la madera.
Isla de plástico en el Pacífico: se le conoce como el séptimo continente por su enorme extensión —triplica el tamaño de Francia—. Es el mayor vertedero oceánico del mundo con 1,8 billones de trozos de plástico flotante.
La desaparición del mar de Aral: situado en Asia central, es una de las mayores catástrofes medioambientales conocidas. La sobreexplotación durante décadas del agua de los dos ríos que lo abastecían, el Sir Daria y el Amu Daria, dejaron casi seco el cuarto mar interior más grande del mundo.
Desafíos
Además de lograr una definición precisa y clara que sea aceptada internacionalmente, reunir pruebas suficientes para demostrar que un acto constituye ecocidio puede ser complicado. Esto incluye demostrar la intencionalidad o el conocimiento de que las acciones causarían daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente. Los daños ambientales a menudo se desarrollan a lo largo del tiempo, lo que puede dificultar la atribución directa de responsabilidad.
La jurisdicción de la Corte Penal Internacional es limitada y depende de la cooperación de los Estados miembros. Algunos países pueden no estar dispuestos a aceptar su autoridad, especialmente si tienen intereses económicos en actividades que podrían ser consideradas ecocidio. Y hablando de intereses, las industrias extractivas como la minería y la explotación de petróleo tienen un gran poder económico y político, lo que puede dificultar la persecución de estos casos.
La cooperación internacional es esencial, pero no siempre fácil de lograr. Necesitamos que las leyes nacionales se alineen con las normas internacionales y que haya colaboración en la investigación y persecución de casos. Además, los sistemas judiciales y las agencias de aplicación de la ley necesitan capacitación y recursos adecuados para manejar estos casos, lo cual no siempre está disponible.
Algunos críticos argumentan que criminalizar el ecocidio podría obstaculizar el desarrollo económico, especialmente en países en desarrollo que dependen de la explotación de recursos naturales. Es un equilibrio delicado entre proteger el medio ambiente y permitir el desarrollo sostenible.
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