POR CAMBIO16
28/04/2017
«Con toda certeza, detrás de este incendio está la mano del hombre». Lo afirmaba con contundencia el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (sur de España), José Fiscal. Casi 8.500 hectáreas de bosque y matorral –en un perímetro de 10.900– han quedado arrasadas como consecuencia de un fuego que se inició en la noche del sábado a las puertas del espacio con mayor biodiversidad de Europa: el parque nacional de Doñana. Aunque el fuego está oficialmente controlado después de un intenso despliegue de medios, aún no ha sido extinguido.
Las causas exactas del incendio siguen sin conocerse, pero desde un principio tanto las administraciones como los grupos ecologistas han tenido claro que el siniestro no fue originado por la mano del hombre, afirmando que «no existe base para relacionar el fuego de Doñana con una recalificación«.
El conflicto entre agricultores y ganaderos con las autoridades locales a propósito de los permisos para desarrollar sus actividades económicas en un entorno altamente protegido es frecuente. Sin ir más lejos, el pasado 20 de junio se celebró en la ciudad de Huelva –a pocos kilómetros del espacio natural– una manifestación multitudinaria de agricultores para exigir a la Junta de Andalucía agua y tierra en la comarca de Doñana. Además, se especula con pirómanos y venganzas por el cierre de pozos ilegales.
En las tierras de la provincia de Huelva afectadas por las llamas se ha cumplido la llamada ‘regla del 30’: los supuestos autores eran conscientes de que se daban las condiciones ideales para causar una tragedia: menos de un 30% de humedad, un viento soplando a más de 30 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 30 grados.
En este sentido, el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta de Andalucía, administración con las competencias de gestión del espacio natural, «que investigue quién o qué intereses están detrás del fuego y de quemar Doñana, una zona con un conflicto permanente entre las actividades humanas, en este caso con muchas tensiones entre la actividad agrícola y la conservacionista».
Además, instan al Gobierno regional a «que se mantenga firme frente a cualquier tipo de chantaje y no permita que se realicen cambios de uso en las zonas forestales».
No habrá recalificaciones
Ante las especulaciones de que detrás del incendio pudiera haber intereses particulares, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, lo ha dejado claro: «Ni un solo metro que haya ardido en Doñana va a ser recalificado ni utilizado para ningún otro uso».
Similar respuesta emanó también del Gobierno central. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha aseverado que en España «no hay recalificaciones por incendios forestales ni incendios por recalificaciones, no es posible (…)
«No se cambia la utilidad o la calificación de una superficie después de un incendio», ha enfatizado, y de hecho «evita que cambie esta titularidad en 30 años» salvo «excepciones que están tasadas y que requieren una ley de la comunidad autónoma y que haya un interés general superior».
Por ello, ha animado a no «poner el foco en lo que no es», sino en cuidar el monte y extremar las precauciones.
No a las «respuestas facilonas»
El PP aprobó en 2015 una reforma de la Ley de Montes que prohíbe construir durante 30 años en las áreas quemadas. Esta normativa incluye una salvedad, las comunidades pueden recalificar las zonas forestales que hayan ardido «cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden». Aunque, para ello, los Gobiernos regionales deben aprobar una ley autonómica que especifique cuáles son esas «razones». «Y Andalucía no ha hecho ninguna normativa en ese sentido. Por tanto, no pueden recalificarse esos terrenos hasta tres décadas después», apostilla Oberhuber a El País. «Para entender el problema de estos fuegos hay que renunciar a respuestas facilonas», ha afirmado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
Según la investigación España en llamas, de la Fundación Civio, solo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo. «En nuestro país, los incendios forestales no tienen nada que ver con la especulación urbanística», apunta Xarxa Forestal, una red de colectivos medioambiental dependiente del Gobierno de Baleares. «El bulo sobre la Ley de Montes lo veremos cada vez que haya un incendio en España», ha repetido Soto en una entrevista en la Cadena Ser, tras difundirse por las redes sociales insinuaciones en esa dirección.
Pese a la fiereza de las llamas –el incendio tuvo dos frentes– y al desalojo de sus viviendas de más de 2.000 personas de los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, ambos en la provincia de Huelva, no se han de lamentar víctimas humanas.
Doñana, declarado en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga más de 150 especies de aves distintas y, en general, al menos 500 de vertebrados. Entre las más populares se encuentra el lince ibérico –del que quedan apenas 75 ejemplares en el entorno y el parque– o el águila imperial. En total hay protegidas más de 108.000 hectáreas. Por fortuna, las llamas no han afectado al parque nacional, corazón del espacio.
Conforme a los criterios de 
Saber más
