Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, al concluir su visita a Venezuela, decidió abrir una investigación preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en Venezuela de competencia de dicho Tribunal. Esta visita había sido recibida con muchas expectativas, tanto por parte del régimen como de la sociedad civil, pero también con suspicacias, particularmente porque Khan venía de Colombia, en donde archivó una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país.
No fue el caso de Venezuela, que se convierte en el primer país americano en ser objeto de una investigación formal de la CPI. Algunos se preguntarán cuáles son las razones para que un caso siguiera adelante y el otro no, porqué el fiscal Khan no se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos, cuáles serán los pasos siguientes en el procedimiento ante la Corte Penal Internacional y cuáles pueden ser las consecuencias de esta decisión en la política interna de Venezuela.
En cuanto al resultado de la visita del fiscal a Colombia, que causó inquietud y preocupación en Venezuela, debe observarse que se trata de dos situaciones muy diferentes. Nadie ha sostenido seriamente que en Colombia no haya independencia del Poder Judicial. Se podrá estar en desacuerdo con la justicia especial de paz, pero no se puede negar que allí hay tribunales de justicia que actúan de manera independiente.
En los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano ha mostrado respeto por las sentencias de y las ha acatado. Incluso, en algún caso, en plena audiencia ante la Corte, los agentes del Estado han pedido permiso para levantarse y acercarse a la mesa en que se encontraba la víctima, para pedirle perdón en nombre del Estado. Muy diferente de lo que ocurre en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Verificación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos, así como numerosos grupos de trabajo y relatores especiales del sistema de Naciones Unidas, han señalado que en Venezuela no hay independencia del Poder Judicial, y que es, simplemente, el brazo ejecutor de las órdenes del Poder Ejecutivo.
Sistemáticamente, Venezuela se ha negado a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no ha dado cumplimiento a las medidas provisionales de protección que ha dictado la Corte-IDH.
Recientemente, y de manera sorpresiva, los tribunales venezolanos han revertido sentencias anteriores sobre graves violaciones de derechos humanos, y han condenado a penas severas a los autores materiales de graves crímenes cometidos por agentes del Estado, pero sin que esas condenas hayan ido acompañadas de una investigación seria sobre la responsabilidad de la cadena de mando a la cual obedecían esos policías o militares, y sin que nunca se haya castigado a los autores intelectuales de esos crímenes.
Venezuela no se puede equiparar a Colombia, y había razones para esperar un trato diferente, como en efecto ocurrió.
Sectores de la sociedad civil, al igual que dirigentes políticos opositores, manifestaron su disgusto porque no se escuchó la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos los familiares de niños que han muerto en los hospitales por falta de atención médica adecuada. Ese disgusto es por no comprender que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no es un órgano de protección de los derechos humanos, sino una instancia jurisdiccional, encargada de la investigación y castigo de graves crímenes de trascendencia internacional.
Su función no es “constatar el estado en que se encuentran los hospitales del país”, tomar nota de los sueldos de hambre de los funcionarios públicos, o de la ausencia de libertad de expresión. Que una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos –como la tortura, las ejecuciones sumarias, o la persecución política– pueda configurar un crimen de lesa humanidad es una cosa; pero es una cosa diferente pretender equiparar cualquier violación de derechos humanos con un crimen de lesa humanidad y esperar que el fiscal de la Corte Penal Internacional le ponga remedio.
Con más gracia que razón —por no reunirse con la sociedad civil y con las víctimas o sus familiares—, algunos dirigentes políticos denunciaron que era “una visita guiada”. Se ignoraba que las directrices de la Oficina del Fiscal le obligaban a ser cuidadoso, para no crear ningún tipo de riesgo para las víctimas o para los testigos.
Había que dejar que el fiscal hiciera su trabajo sin ningún tipo de presiones y, como él reclamó en su intervención final, sin politizar el caso. El fiscal estaba actuando con prudencia al evitar reunirse con quienes, más adelante, podrían convertirse en eventuales testigos de un proceso penal internacional que deberá ser intachable. Además, había razones para no ponerle una diana en el pecho a quienes podrían ser los principales acusadores de un régimen sediento de sangre.
No hay que perder de vista que, en esta etapa del proceso, en la cual hay que decidir sobre la admisibilidad del caso, lo fundamental era demostrar que no hay forma de que en Venezuela se conduzca una investigación judicial independiente e imparcial, con el deseo genuino de hacer justicia, porque cualquier decisión que se adopte por los tribunales nacionales tiene el propósito de sustraer de la acción de la justicia a los principales responsables de los crímenes que se denuncian.
Si se busca justicia en las instancias internacionales, hay que demostrar que es imposible lograrla en Venezuela, y eso parece haberse conseguido. Es esa circunstancia la que permite que pueda operar la justicia internacional, y ese es el punto en el que, en este momento, el fiscal de la Corte Penal Internacional debía concentrar su atención.
Lo cierto es que, luego de aceptar la invitación que le hiciera el régimen, el fiscal Khan se reunió con sus autoridades, las escuchó ampliamente, y permitió que le entregaran de toda la información que consideraran pertinente, incluyendo documentación relevante –procedente de fuentes oficiales– sobre la forma como las instituciones del Estado –y en particular el Poder Judicial– han tratado las situaciones que pueden caracterizarse como graves crímenes de competencia de la CPI.
Que no se diga que no se les escuchó, o que el fiscal no contrastó la información que tenía disponible con la que le quisieran entregar los funcionarios del régimen. Que mañana no se diga que ha sido una investigación sesgada y parcializada, empeñada en perseguir a gente inocente y respetable. Otra cosa es que Karim Khan haya tenido la gracia para hacerse invitar, y más gracia para lograr que Maduro y sus secuaces hablaran a sus anchas.
El siguiente paso es realizar una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017 y, a partir de allí, determinar quiénes son las personas responsables de esos crímenes, a las que habrá que acusar y procesar ante la Corte Penal Internacional. Quienes finalmente resulten acusados gozarán de todas las garantías judiciales consagradas en el Derecho Internacional, serán oídos por un tribunal independiente e imparcial, dentro de un plazo razonable, y la determinación de sus responsabilidades se hará en forma pública, sin dejar espacio a las especulaciones.
En cuanto a los efectos que esta investigación tendrá en Venezuela, en el memorándum firmado por el fiscal Khan y Nicolás Maduro se anuncia que Venezuela seguirá investigando los crímenes que puedan haberse cometido dentro de su jurisdicción; aunque nada impide que Venezuela pueda hacerlo, eso ya es un poco tarde y no podrá detener la maquinaria de la justicia internacional.
Podrá haber algunas condenas de los autores materiales de alguna ejecución extrajudicial o de un caso de tortura, y puede que haya algún chivo expiatorio de los mandos medios –o incluso altos– para tratar de convencer a la CPI que aquí se está haciendo justicia. Pero es demasiado tarde para parar un proceso que está en marcha, y será difícil evitar que se identifique –y acuse– a los responsables intelectuales de estos crímenes.
Como un segundo efecto, no habiendo, ante la CPI, ningún tipo de inmunidad, y no existiendo la excusa del cumplimiento de órdenes superiores, puede que los mandos bajos y medios se sientan inhibidos de seguir acatando órdenes para cometer crímenes aberrantes, ajenos a la función del Estado, y que hoy son perseguidos por la justicia internacional. Este podría ser un logro importante.
En tercer lugar, siendo que estos crímenes se cometieron con la complacencia del Poder Judicial, y siendo esa la principal razón de que este caso haya llegado a la actual fase procesal ante la CPI, los jueces venezolanos tendrán que repensar cuál es su papel en la “revolución bonita”, puesto que ahora deben asumir la responsabilidad penal que les corresponde como partícipes en los crímenes que se investigan.
La justicia es lenta, y la justicia internacional no es una excepción. Pero, en este momento, un conjunto de circunstancias conspiran en contra de Maduro y su círculo más cercano: la extradición de Alex Saab, la casi segura extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal y la enfermera de Chávez (devenida en Tesorera de la República), las cuantiosas recompensas que se ofrecen por la captura de figuras clave del régimen señaladas como involucradas en tráfico de drogas, y la apertura formal de una investigación en la CPI por crímenes de lesa humanidad, no son poca cosa.
Por eso, en su comparecencia ante las cámaras de televisión junto al fiscal Karim Khan, Nicolás Maduro no mostró ni la arrogancia ni la prepotencia que le han caracterizado. Esperemos que vengan días mejores para Venezuela.
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