El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera “urgente” establecer en España una ley estatal que siente “las bases globales, consensuadas y vinculantes de cómo combatir el calentamiento y cómo prepararse para hacer frente a sus consecuencias”.
Ante el inicio de la Cumbre del Clima (COP25), que se desarrolla en Madrid entre los días 2 y 13 de diciembre, el Defensor del Pueblo ha señalado que “la ausencia de una regulación estatal de cambio climático no ayuda a que puedan cumplirse los compromisos efectivos de las Administraciones Públicas respecto de los acuerdos sobre recortes de emisiones de gases de efecto invernadero”.
Implantación de una economía sostenible
Para el Defensor del Pueblo, “sin duda, la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, es uno de los principales retos que afrontan las administraciones públicas en los próximos años”.
Aunque en España se han aprobado normas para regular el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero o para establecer las condiciones que deberían favorecer la implantación de una economía sostenible, no hay todavía una ley a nivel estatal que permita afrontar globalmente el problema.
En opinión del Defensor del Pueblo, “esta carencia debe suplirse cuando antes”. Además, ha señalado que “no pueden admitirse retrasos en la adopción de medidas, ni revertir injustificadamente las ya adoptadas, especialmente cuando la ONU ha advertido que por cada año que no se frene el incremento de emisiones será necesario aplicar restricciones más drásticas y rápidas”.
«En España estamos especialmente expuestos»
Fernández Marugán ha recordado que en España estamos especialmente expuestos a los fenómenos que se derivan del cambio climático. Así, ha señalado que en los últimos años se han intensificado las sequías, los incendios forestales son cada vez más devastadores y los episodios de “gota fría” cada vez más virulentos.
Por ello, y tras preguntarse si es esta la sociedad que queremos para nosotros y para nuestros hijos y nietos, ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para que actúen y detengan una dinámica que “está erosionando el hogar en el que vivimos a la vez que amenaza con destruirlo definitivamente”.
Transición ecológica justa
La institución lleva años insistiendo en que “tenemos que ir hacia una cultura distinta, que consiga un equilibrio entre los valores ambientales y los económicos”. “El desarrollo económico tiene que ir ligado a la protección del medio ambiente”, ha remarcado Fernández Marugán.
A su juicio, la lucha contra la contaminación atmosférica se tiene que contemplar desde una perspectiva más amplia y de mayor envergadura: la lucha contra el cambio climático y la evolución hacia un modelo energético sostenible.
No obstante, también ha apuntado que dicha transición debe ser “equitativa y solidaria”. Según ha apuntado el Defensor del Pueblo, “debe compatibilizarse la consolidación de avances decididos y concretos que permitan reducir de manera significativa dichas emisiones con la necesidad de que los costes de la transición no recaigan exclusiva o principalmente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad ni sobre los territorios más desfavorecidos”.
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