No solo en los países subdesarrollados de América Latina y África el boom de la explotación minera ilegal sigue en auge y España se borra de la mente cuando se dan a conocer las cifras del extractivismo que crece en el mundo. Un ejemplo, los pocos avances contra esta práctica en Andalucía y Galicia.
La minería ilegal representa, aproximadamente, 20% de la producción mundial de oro, diamantes, estaño y tantalio y 80% de piedras preciosas. Interpol considera que la minería ilegal es un delito, su objetivo “de obtener ganancias financieras o materiales dañando los ecosistemas perjudica la calidad ambiental, reduce la biodiversidad o sobreexplota los recursos naturales”. Lo peor es su relación con el crimen organizado y transnacional.
Complicidad de los Estados
El vínculo de la extracción ilegal con mafias transnacionales es fuerte en América Latina. Ante la incapacidad y complicidad de los Estados para combatir la minería ilegal han surgido alternativas para frenar una actividad criminal que trasciende lo ecológico y menoscaba derechos sociales y ambientales de quienes habitan en esos territorios.
La OEA, comenzó en 2005 el programa Regional para la promoción de la gestión de los recursos naturales y la prevención de la Minería Ilegal (GARNIL). Desde entonces, trabaja con los Estados miembros para desarrollar mecanismos de manejos de recursos naturales, reforzar la gobernanza ambiental, combatir la minería ilegal y garantizar la sustentabilidad medioambiental
También, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apoya instituciones y organismos con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras para prevenir y combatir el tráfico ilícito de metales preciosos, metales básicos para la tecnología y minerales industriales de alto valor. A juzgar por los resultados, en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, entre otros, la delincuencia organizada ha ganado todos los tantos.
¿Qué pasa en España?
La minería ilegal afecta principalmente las comunidades de Galicia y Andalucía. El Observatorio Ibérico de Minería ha documentado más de 100 minas ilegales en España. En Andalucía se cuentan 24 explotaciones y 21 en Galicia. Sin embargo, Joám Evans, coordinador del observatorio, advierte que es apenas «la punta del iceberg». Hay 400 casos pendientes para documentar y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que no se estaban investigando.
“Es sorprendente encontrar tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en ese mito de la minería responsable, ecológica y sostenible”, afirmó.
Las 400 infracciones ambientales van desde vertidos, contaminación por polvo o hasta la afectación de bienes culturales. Casi 300 infracciones se relacionan con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración y avales financieros, pero sobre todo corrupción administrativa. Detrás de las malas prácticas está la falta de control de las administraciones que favorece un ambiente de impunidad generalizado.
Impactos ambientales
Del 12 al 15 de octubre, Observatorio Ibérico de Minería debatirá en Extremadura sobre los impactos ambientales de la minería. Una experiencia para reflexionar, aprender y convivir.. Participan medio centenar de organizaciones, movimientos y colectivos vinculados a la resistencia proyectos mineros en España y Portugal.
Hace un año documentó e hizo públicas las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en toda la geografía peninsular. Se van a presentar esta semana más de 100 casos georreferenciados que desvelan la magnitud del problema. Expone desde ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas que vienen operando sin permisos o una evaluación de impacto ambiental.
También se documentan infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo u obstáculos a la actividad sindical. Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones y causan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas.
La doble cara y censura previa de la Comisión Europea
En noviembre pasado, presentaron en Bruselas un informe sobre las transgresiones sociales y ambientales de decenas de proyectos mineros, pese a una censura previa de la Comisión Europea. La UE puso como excusa que “al denunciar los delitos e infracciones que cometen las minas en España, el Observatorio no está plenamente alineado con la política de la UE respecto a las materias primas críticas necesarias para la transición ecológica y digital de Europa”. Una doble cara difícil de digerir.
En julio, la Fiscalía de Medio Ambiente de a Coruña inició una investigación contra la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, por conceder un permiso de vertidos en febrero a la mina de San Finx, en el municipio de Lousame (A Coruña), reportó el portal web CorreoGallego. La Fiscalía comenzó las diligencias por las denuncias de la cofradía de pescadores de Noia y Portosin, así como por Ecologistas en Acción.»De modo irregular se concedió la autorización de vertidos, Augas de Galicia omitió tanto del control y sanción de vertidos ya existentes y no ha cobrado a la empresa minera el canon del control de vertidos, que asciende a 30 millones de euros”.
También en esta comunidad se ha investigado al empresario minero, Arsenio Pombo Ovida y al alcalde de Oencia, Amado Fernández Cala, por una explotación minera -la cantera de pizarra, El Poltrón- en el límite entre el Bierzo y Galicia. El proceso se inició en septiembre de 2023. La Fiscalía constató indicios de posibles delitos contra el ambiente y los recursos naturales; el servicio de Protección de la Naturaleza verificó que los residuos habían colmado varios kilómetros de cauce, cerca de las áreas protegidas de Galicia. La explotación funcionó durante más de 15 años sin autorización ni licencias.
Normas europeas para combatir la minería ilegal
La UE ha tomado varias medidas para impedir la minería ilegal y promover un comercio de minerales y metales más responsables. Se centran en la prevención, la lucha contra la minería ilegal y el tráfico de minerales y la promoción de prácticas sostenibles en la industria minera. Sin embargo, este crimen transnacional avanza aceleradamente y deja un paso atrás las políticas de la UE.
Dentro de su normativa, la UE tiene prohibida la exportación de mercurio desde marzo de 2011, pero es español el mercurio que se utiliza en América Latina para la explotación aurífera. En febrero de 2020,en la ruta Juliaca-Puerto Maldonado, Perú, una pasajera había camuflado 10 frascos de mercurio entre la ropa de su maleta. El lote de contrabando estaba etiquetado: “Minas de Almadén y Arrayanes S.A. Mercurio Metálico 99.99%, España. Importado por M&M Trading S.R. LTDA. Agente exclusivo para Perú. UN 2809 Class 8.0. Producto Tóxico”.
Por la “forma negligente del transporte” y la carretera en la que fueron incautados, se asume que los frascos estaban destinados a la minería ilegal, uno de los más graves y lucrativos problemas de la selva peruana. En los últimos meses de ese año aparecieron numerosos frascos con la “marca España” en la remota región de Madre de Dios; entre ellos, un alijo que incautó el ejército este verano y cuya etiqueta mostraba un torero y un rótulo de “El Español”.
Al parecer, empresas que habían adquirido lotes de manera legal vendieron sus productos a comerciantes menores que, a su vez, entregaron la mercancía a terceros. Así se pierde un rastro que acaba en el mercado negro y en la minería informal que amenaza al Amazonas.
La ruta del mercurio va de Bolivia a Perú
La compra e importación de mercurio está prohibida en varios países debido a su gran poder tóxico para los ecosistemas y la salud de los humanos. Las autoridades bolivianas calculan que 27% del mercurio importado se destina a la minería ilegal. Un reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público desveló que, tras la regulación del mercurio en Perú, la importación de este metal a Bolivia casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron sus compañías en La Paz. “Sobre las paredes de algunos locales se observan, además, pizarras o letreros en cartulina en los que se ofrece la venta de mercurio a menos de un dólar el gramo. Cualquier persona puede llegar hasta aquí y comprar sin ningún requisito ni medida de protección la cantidad de mercurio que necesite”.
Ojo Público destacó que la descarga y venta del metal se realizaba sin ningún implemento de seguridad y desde un diminuto envase blanco que llevaba en su diseño letras negras con el título de ‘Mercurio El Español’. El frasco tenía impresa la silueta de un torero que agita su capa roja frente a un toro de grandes cuernos. Un gramo de mercurio, para la fecha, costaba 0,15 dólares mientras que una botella de un kilo, entre 230 a 260 dólares.
Gran parte del contrabando del mercurio llega a la Amazonía. Entre 2014 y 2017, Bolivia importó más de 1.100 toneladas de mercurio, con un valor de más de 41.000.000 dólares. Más de la mitad 55,5% de esta cantidad fue enviada desde México, el restante, (44,5%), desde Rusia, la India, Vietnam, Tayikistán y otros países.
Bomba de tiempo para la Amazonía
El 70% de las importaciones de Bolivia desde el 2014, corresponden a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata en 2013, cuyo objetivo es frenar el uso de este metal. Varias de las empresas que importaron mercurio entonces están relacionadas con ciudadanos peruanos cuyas sedes fiscales se encuentran principalmente en La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz.
Las cifras dan cuenta, aunque no estén actualizadas, del volumen de mercurio que ingresa de contrabando a Perú y del daño que causa en estos momentos a la Amazonia. Su comercio no se ha frenado y constituye una bomba de tiempo para esta vasta región rica en biodiversidad. La naturaleza es considerada como una gran oportunidad para que el crimen organizado obtenga ganancias incalculables.
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