Por Francisco Tomás-Valiente (Efe)
22/08/2016
Las vacaciones de agosto que se ha tomado el Tribunal Constitucional han dejado pendientes la posible apertura de una causa penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la cuestión de si el Gobierno central en funciones puede no estar sometido al examen del Congreso. A estos asuntos relativos al control del poder político por parte del Tribunal Constitucional se sumará, posiblemente, un tercero, relativo a si Arnaldo Otegi puede o no ser candidato a lehendakari por EH-Bildu en los comicios vascos de septiembre.
El Constitucional abrió su período de vacaciones el pasado 1 de agosto, después de suspender la resolución del Parlament de Cataluña que marcaba nuevos pasos hacia la independencia y dar 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para explicar por qué no obedecía al propio TC.
El Alto Tribunal había suspendido en diciembre de 2015 la primera resolución independentista del Parlament. El 1 de agosto advirtió a Forcadell, y junto a ella al president de la Generalitat, entre otros, de que con su nueva resolución podían estar cometiendo un delito de desobediencia de la sentencia de diciembre de 2015. Los políticos catalanes afectados han recibido durante el mes de agosto la notificación del TC y han dispuesto de este mes vacacional para hacer sus alegaciones.
Conflicto de atribuciones contra el Gobierno
Mientras tanto, el plazo del que ha dispuesto el Gobierno en funciones para no responder al Congreso ha sido mucho más amplio. El pasado mes de junio el Constitucional admitía a trámite el conflicto de atribuciones contra el Gobierno que presentó el Congreso ante la negativa del ejecutivo a someterse al control parlamentario por estar en funciones –al no haberse constituido Gobierno tras la celebración de elecciones–.
El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril por 218 votos a favor, 113 en contra y 4 abstenciones presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) el citado conflicto. La iniciativa, presentada de forma conjunta por todos los grupos salvo el PP, se produjo a raíz de que dos ministros no acudieran a sendas comparecencias en comisión a las que estaban convocados. Los miembros del Ejecutivo entendieron que no tenían la obligación de rendir cuentas ante una Cámara que no les había dado su confianza.
El Constitucional ha permitido la llegada del verano y de las consiguientes vacaciones sin responder a una cuestión que las dificultades para formar Gobierno mantienen vigente sin que el alto tribunal haya emitido su respuesta al Parlamento.
El futuro de Otegi
Finalmente, una tercera cuestión que afecta al control de los políticos llegar muy posiblemente al TC inmediatamente después del retiro disfrutado en agosto por sus miembros: la posible inhabilitación de Arnaldo Otegi. Un auto de la Audiencia Nacional explicó que la pena de inhabilitación impuesta a Otegi dentro de su condena por el caso Bateragune cumple en 2021. Lo que tendrá que resolver en última instancia el TC es si esa inhabilitación le impide, o no, ser candidato de EH-Bildu a las elecciones vascas.
La Junta Electoral de Guipuzcoa deberá pronunciarse antes, pero es posible que su fallo vuelva a ser recurrido, primero ante la Junta Electoral Central y finalmente, ante el propio Constitucional, que dispondrá de pocos días, desde su vuelta de vacaciones, para resolver el asunto.
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