Por Cambio16
11/11/2015
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El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la resolución independentista aprobada por el Parlament catalán al admitir a trámite la impugnación presentada contra la misma por el Gobierno central.
Los 11 magistrados han acordado notificar personalmente a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que si incumplen sus mandatos incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión. Así constaba en la impugnación de la propuesta independentista que registró a mediodía la Abogacía del Estado en el TC.
La admisión a trámite de la impugnación del Gobierno central de la propuesta supone, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, la suspensión automática de la misma durante un plazo máximo de cinco meses.
En cuanto a la notificación a los 21 altos cargos, se trata de una decisión novedosa, ya que es la primera vez que el tribunal de garantías ha decidido notificar en mano su resolución. Se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento.
De ese modo, se notificará la decisión a Mas, a los miembros de su Gobierno, a Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica y al secretario general del Parlament, Pere Sol. A todos se les advierte de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
El Ejecutivo, tras conocer la decisión, ha expresado su satisfacción y ha considerado que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones. Mientras, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en «estricto cumplimiento» del Parlamento catalán «soberano» y ha acusado al Gobierno de «utilizar» el Constitucional para poner «una mordaza» a los «anhelos de libertad» de Cataluña.
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