Por Cambio16
11/05/2017
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este miércoles por unanimidad parte de la ley catalana de consultas aprobada en 2010 tras estimar el recurso interpuesto ese mismo año por el Gobierno contra esta normativa de consultas populares por vía de referéndum. Puntualmente, el alto tribunal ha declarado que una parte sustancial de dicha ley, toda la que se refiere al referéndum de ámbito autonómico, «es inconstitucional y nula».
La instancia también anuló ha anulado también por unanimidad el Decreto de la Generalitat de Cataluña 16/2015 por el que se creó el Comisionado para la Transición Nacional, el plan del Govern para la preparación de las estructuras de Estado y de infraestructuras estratégicas en el marco de la deriva soberanista.
Se trata de la Ley 4/2010 aprobada por el gobierno tripartito que lideró el socialista José Montilla— y suspendida en febrero del año siguiente por el alto tribunal tras admitir a trámite un recurso del Ejecutivo al considerar que vulneraba las competencias del Estado.
Tras su suspenso, el Govern sacó adelante una nueva ley de consultas que fue aprobada por el Parlament catalán en septiembre de 2014 con el voto de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP de cara a convocar la consulta secesionista del 9-N.
Sin embargo días después de su aprobación ésta fue suspendida por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy para frenar la celebración del referéndum y anulada en 2015.
Ahora el Pleno del alto tribunal deja sin efectos también la ley inicial de 2010 al considerar que esta normativa «ha regulado una modalidad de referéndum que no está prevista en la Constitución» y que la competencia autonómica para su regulación podría ejercerse en caso de que el legislador previera la figura del referéndum autonómico.
La decisión representa un nuevo golpe a los planes secesionistas de Carles Puigdemont. Cabe destacar que, además de la decisión del TC, la Fiscalía de la Audiencia Nacional prepara una querella contra el Gobierno catalán tras el anuncio en el Diario Oficial de Cataluña de la apertura de un concurso público para adquirir urnas de cara a la celebración de un referéndum de autodeterminación. la querella se sumaría a la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición en lo referente al desarrollo de las llamadas estructuras del futuro Estado catalán.
El Diario Oficial de Cataluña publicó este 9 de mayo el anuncio de licitación «para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana».
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que no van a permitir «que se agredan las reglas de la democracia” y ha ironizando al decir que “el secesionismo catalán se está quedando del tamaño de una urna”. La número dos del Ejecutivo ha señalado que “el referéndum de autodeterminación no puede hacerse y no va a hacerse y menos coartando a la oposición, a los funcionarios y al conjunto de los catalanes”.
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