Por Cambio16
18/05/2017
El Congreso aprobó hoy la liberalización de la estiba en los puertos del país para aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que un anterior proyecto del Gobierno fuera rechazado por la Cámara hace dos meses.
En esta ocasión el Ejecutivo, que no tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, contó con el voto a favor de Ciudadanos, de los nacionalistas vascos y de dos diputados regionalistas, además de la abstención de los nacionalistas catalanes, tras haber introducido algunas reformas.
Los grupos de izquierda, que votaron en contra, argumentaron que la nueva norma no garantiza el mantenimiento del empleo en el sector.
También los sindicatos denuncian que esta reforma legal puede suponer el despido de unos 6.000 trabajadores, razón por la que han convocado ocho jornadas de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio
El ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna, que defendió hoy el proyecto ante los diputados, solicitó a los sindicatos de estibadores y a la patronal «sensatez, mesura y sentido común» ante la convocatoria de huelga.
España necesita aprobar esta reforma para cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014 en la que declara que la actuación de las empresas estibadoras españolas es contraria a la legislación comunitaria, ya que impide que operadores de otros países se instalen libremente en los puertos y contraten a quien deseen. Si España no cumple con esa sentencia se enfrentaría a una cuantiosa multa.
Tras aprobarse la reforma, de la Serna afirmó que mandará a Bruselas inmediatamente la norma para que se desestime «lo antes posible» el procedimiento abierto a España y las multas pendientes.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a captar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep) -que cuentan con 6.156 operarios-, y en cuyo capital están obligadas a participar.
La Comisión Europea (CE) insistió el 17 de marzo en que es «esencial» que el Gobierno español reforme el sistema de empleo en los puertos españoles tal como le exigió el TJUE, pero no estableció una fecha límite para que Madrid cumpla.
España, por su situación geográfica a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo y sus 8.000 kilómetros de costa, tiene un importante sistema portuario, que representa el 1,1 % del PIB.
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