Esta semana se reunirán en el Parlamento británico representantes de la Unión Europea y del Reino Unido con la intención de que el periodo de transición del Brexit, que finaliza el 31 de diciembre, no se produzca de forma abrupta y tratar de parar el proyecto de ley de mercado interno que pretende llevar a cabo Boris Johnson.
🇪🇺-🇬🇧 talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2020
As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations.
El viernes el primer ministro británico, Boris Johnson, acusó a la UE de pretender «controlar» su «libertad legislativa, pesquerías, de una manera que es, obviamente, inaceptable para un país independiente».
Acuerdo comercial al estilo canadiense
Johnson ha dejado caer en varias ocasiones su intención de llegar a un acuerdo al estilo canadiense para mantener una relación cercana a la UE a partir del 1 de enero de 2021. Un estilo que garantizaría un comercio sin aranceles del 98% de los productos.
En el documento el primer ministro explicaba que tan solo «quedan diez semanas» para el final del periodo de transición. «Dado que esta cumbre parece descartar explícitamente un acuerdo al estilo de Canadá, he llegado a la conclusión de que deberíamos prepararnos para el 1 de enero con arreglos que son más parecidos a Australia», indica Johnson.
Frontera terrestre entre UE y Reino Unido
El primer ministro británico mediante el proyecto de ley de mercado interno, que ya se encuentra en la Cámara de los Lores, pretende eliminar la frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. En el acuerdo de retirada pactado en 2019, se estableció que en caso de una salida sin acuerdos, Irlanda del Norte quedaría adherida al mercado único europeo.
Ante la postura tomada porJohnson, los arzobispos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los más destacados de Reino Unido, se han manifestado en una carta firmada publicada en el Financial Times. Alegan que la ley sería «un precedente desastroso». «Tendría enormes consecuencias morales, políticas y legales, pues solicita al máximo organismo legislativo que prepare a un ministro del gobierno para quebrantar el derecho internacional», señalan.
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