Desde el último trimestre de 2021, los trabajadores del campo español han efectuado “tractoradas” en algunas regiones, incluso en la capital, en protesta por regulaciones que limitan esa actividad fundamental. Luego de ese calentamiento de motores, las grandes organizaciones agrarias –Asaja, COAG y UPA– preparan una gran movilización hasta Madrid el 20 de marzo. Exigirán el cese de atropellos por parte del Gobierno.
Representantes del agro han recorrido calles y avenidas de la provincia llamando la atención de las autoridades. En Mérida, Santander, Bilbao y, Jaén se les ha visto en concentraciones desde finales del año e inicios de 2022. E domingo llegaron a la capital para hacerse sentir.
El mundo agrario viene gritando el ‘tsunami’ que se les ha venido encima en los últimos meses: subida de la energía eléctrica (270%), de los piensos (27%), de gasóleo (72,74%), del abono (150%), de los fitosanitarios (48%), del agua (33%), de las semillas (19%), de los fertilizantes (hasta el 307%), de la maquinaria (10-20%) y de los costes salariales (29,7%). A todos se le suma lo que consideran unas «pésimas condiciones» del próximo periodo de las ayudas comunitarias (PAC), que incluye un recorte presupuestario y más exigencias medioambientales.
Alma Rural, lideró las concentraciones en las sedes de los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con el nombre de la ‘Gran Manifestación del Mundo Rural’ exigieron respuestas a la deplorable situación que atraviesa el campo español.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, señaló que los costes de producción los están asfixiando. «No podemos hacer frente a las inversiones que requiere en nuestras explotaciones”, asentó. Asimismo, exigió el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y denunció la competencia desleal externa.
El campo español en contra de ciertas regulaciones
El sector primario de la economía española en su movilización masiva hacia Madrid, prevista para el 20 de marzo, pondrá énfasis en las regulaciones que impiden el crecimiento del sector. Los reclamos son multifactoriales. En primera fila se encuentra la falta de rentabilidad debido a los bajos precios de los productos agrarios en origen frente al incremento de los costes de producción y el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. A los bajos precios se le suma la nueva PAC, que además del recorte presupuestario trae mayores exigencias medioambientales y no se prioriza al agricultor profesional.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, lamentó “el déficit de negociación” alrededor del Plan Estratégico de la PAC. «No debe suponer una pérdida de ingresos y debe priorizar la agricultura profesional», aclaró. El dirigente hizo énfasis en el control de las importaciones provenientes de terceros países y el carácter “exhaustivo” de los requisitos exigidos por la Unión Europea. “No se exige nada a los contingentes”, apuntó. Igualmente, pidió que se tenga en cuenta al campo al legisla,r como en el caso de la protección de especies como el lobo que todavía levanta polémicas.
Otro motivo para reactivar las protestas agrarias son el retroceso que se está dando en la política de seguros agrarios con un incremento de tasas y peores coberturas para las necesidades actuales de las explotaciones y las consecuencias del cambio climático.
A las movilizaciones motorizadas por Asaja, COAG y UPA se han unido la Real Federación Española de Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la Alianza Rural. Su propósito es protestar en la capital contra lo que consideran “atropellos” por parte del Gobierno.
Reivindicaciones fiscales y laborales del campo español
Líderes del campo español protestan por las regulaciones pero también piden reivindicaciones. Los convocantes han exigido la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales. Entre ellas, la aplicación de una bonificación de un 35% y un 15% a la factura del gasóleo y los plásticos y fertilizantes, respectivamente. Así como un IVA reducido del 10% para la venta del toro bravo como producto cultural.
Estas agrupaciones apuntan la falta de una política fiscal adecuada para el sector agrario. Con la que se evidencia la falta de estrategia para mantener un medio rural con servicios y desarrollo de planes educativos, formativos y de empleo. Iniciativas que promuevan la España rural.
“Estas sí que son medidas de cariño”, dijo a ABC el presidente de Asaja, Pedro Barato, luego de reiterar la necesidad de hacer cambios en la reforma laboral que contemplen la realidad del campo.
En este sentido, comentó estar sorprendido porque las autoridades recomienden contratos de 120 días a la hora de reclutar trabajadores en origen de terceros países. Cuando en España se ha regulado contratos de 90 días para necesidades de producción.
Añadió que “si le sumamos el incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) habrá más desempleo y cambios de cultivos”. En su opinión “la reforma laboral no se ajusta a las necesidades del sector: el Gobierno tiene que darle una solución a la temporalidad, con una adenda o una futura reforma”.
Estas organizaciones han abierto la convocatoria a otras entidades (regantes, pesca…) y anunciado el inicio de contactos con partidos políticos. También con representantes de la sociedad civil.
Entretanto, el presidente de la Real Federación Española de Caza Manuel Gallardo, es partidario de “recuperar” la caza y lamentó que se haya creado “un conflicto de convivencia” alrededor del lobo.
Politización de la ganadería, un tema absurdo
Pero no todos los sectores representativos del campo español piden el cese de algunas regulaciones y se apliquen otras reivindicaciones.
Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, está «harto» de ir a Madrid para hablar del campo, recoge elDiario. Comparte este sentimiento con muchas autoridades que desde sus despachos intentan dar soluciones al mundo rural. En uno de ellos se ideó la polémica en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el periódico británico The Guardian.
El funcionario expresó cómo la ganadería intensiva industrial, representada por las macrogranjas, «contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados».
Se pregunta Casero «¿Por qué se presenta el presidente de la Junta de Andalucía (Juan Manuel Moreno Bonilla), en una finca extensiva de Granada. Y defiende la ganadería intensiva? Es una incongruencia».
Agregó que «la politización de la ganadería es un tema absurdo. La ganadería extensiva no tiene el lobby de la intensiva por lo que siempre vamos a salir perdiendo», señaló Ernestine Lüdeke, presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo (FMM).
«No se puede hablar de ganadería en su conjunto porque da lugar a la confusión. Así sólo se está favoreciendo a la intensiva», recalcó Casero.
Las dos caras de la ganadería
Empresas familiares emplean métodos de explotación ganadera tradicionales que favorecen el desarrollo sostenible y la conservación de la dehesa (terreno extenso generalmente dedicado al pasto del ganado). Contrariamente, el sistema intensivo es el culmen de la industrialización de una explotación ganadera, denuncia Greenpeace. Allí se busca la mayor producción en el menor tiempo posible para ajustarse al mercado.
Organizaciones como la ecologista, Amigos de la Tierra o la Fundación Savia han denunciado sistemáticamente los problemas medioambientales derivados de la ganadería intensiva. Que desgranan como la contaminación del agua por las filtraciones de nitratos, las emisiones de efecto invernadero y el maltrato animal.
El impacto medioambiental es, para Lüdeke, «fácilmente calculable», pero remarca la opacidad para obtener datos de la ganadería industrial. Por el contrario, en la extensiva, «no hay trampa ni cartón. Yo demuestro mi grado de sostenibilidad», afirmó la presidenta de FMM, que pide responsabilidad ambiental y social a las empresas de alimentación.
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