Por Iñigo Aduriz
09/01/2016
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- Díaz dice ahora que «Sánchez tiene toda la legitimidad para conformar una alternativa»
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Los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre han forzado a que la que se inicia la próxima semana sea la legislatura del pacto. Por primera vez desde el restablecimiento de la democracia ningún partido obtuvo una mayoría clara ni para poder formar gobierno y ni siquiera para poder gestionar en solitario el mando del poder legislativo representado en el Congreso de los Diputados.
Tres semanas después de los comicios ese imprescindible diálogo y negociación se ha demostrado fallido –al menos de momento– para garantizar la gobernabilidad y comenzar la labor ejecutiva y legislativa que requiere un Estado en el que el paro sigue superando la barrera del 20%, crece la desigualdad, y que, según muchos indicios, podría enfrentarse a una nueva crisis económica de escala mundial similar a la de 2008.
Pasado el periodo navideño sigue sin haber ningún avance que haga pensar que la inestabilidad no se prolongará durante meses, y sigue siendo una incógnita si podrá gobernar alguno de los diputados electos en las urnas el pasado mes o si será imprescindible la convocatoria de unas nuevas elecciones.
«Lo mejor» para España
El aún presidente en funciones, Mariano Rajoy, insiste en que la opción más factible, la que sería «lo mejor» para España, sería una gran coalición entre su partido, el PP (123 escaños), el PSOE (90) y Ciudadanos (40). Pero por las declaraciones que hizo el viernes en el Congreso cuando fue a recoger su acta de diputado parece que el jefe del Ejecutivo ya ha asumido que eso no será posible.
Quizá fueron las palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, insistiendo en el «no rotundo» a esa gran coalición la que permitieron a Rajoy constatar esa realidad. La dirigente andaluza a la que se le considera como la que ostenta un mayor poder interno e influencia en el PSOE, echaba así al traste las esperanzas que habían puesto en ella los sectores más conservadores que apelan a la «responsabilidad» del hasta ahora principal partido de la oposición.
Díaz daba oxígeno al líder y candidato de su partido, Pedro Sánchez, al reconocer sus opciones de conformar una «gran coalición progresista» como a la que se refirió el secretario general del PSOE el jueves, durante su visita al primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Pero esa alternativa es también endeble a tenor de la falta de sintonía que existe al menos públicamente entre las fuerzas políticas que podrían conformarla.
Las «líneas rojas»
Podemos (69 diputados, teniendo en cuenta las coaliciones con las que se presentó en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana) mantiene en vigor el compromiso que centró su campaña electoral en favor de una consulta acordada con el Estado que desatasque el conflicto abierto en Cataluña, comunidad en la que también han quedado de manifiesto las dificultades de los dirigentes políticos para negociar y acordar.
Y tanto Díaz ayer como Sánchez en las últimas semanas ya han dejado claro que la «unidad de España», entendida esta también como la imposibilidad de consultar al pueblo catalán, es su «línea roja» para negociar con la formación de Pablo Iglesias.
Un acuerdo amplio del espectro progresista del nuevo Parlamento requeriría, además, de la suma de más grupos a la investidura del líder del PSOE como presidente del Gobierno. La adhesión o el respaldo de IU o PNV parece asegurada para los socialistas. No así la de otras fuerzas independentistas como ERC o EH Bildu, y mucho menos de Ciudadanos, que desde el 20D ya ha dejado claro que apuesta por apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
Su líder, Albert Rivera, insistía el viernes, además, en que nunca facilitará un Gobierno en el que participara Podemos, aunque este partido renunciara a la consulta en Cataluña.
Reunión entre Sánchez y Rivera
El atasco de la legislatura del pacto ha quedado también patente en las negociaciones que se están llevando a cabo para conformar la Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano de gobierno de la Cámara Baja. El PP insiste en que el presidente de dicha institución y tercera autoridad del Estado debe ser del partido más votado.
Y el PSOE recalca que la «pluralidad» del Parlamento exige que esa diversidad se refleje también en la Mesa con un presidente de otro color político. Precisamente de este asunto hablaron el viernes Pedro Sánchez y Albert Rivera durante un encuentro que mantuvieron en Madrid y en el que, según fuentes socialistas, «ambos se mostraron dispuestos a buscar un acuerdo global y de consenso con PP y Podemos sobre la composición de la Mesa».
Finalmente Podemos se ha encontrado con la negativa de los otros tres grandes partidos políticos a su plan para conformar cuatro grupos parlamentarios distintos tal y como se comprometió durante la campaña presentándose en diferentes coaliciones en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El talante de unos y otros en las negociaciones sobre la composición del órgano de gobierno de la Cámara Baja determinarán por tanto las opciones de pactar un hipotético gobierno de coalición en las próximas semanas.