Partiré desde aquí: tal como el periodista español Emily Blasco le contó a su colega venezolano Napoleón Bravo, la fuente de su reportaje publicado en el diario ABC es una entrevista al ex escolta de Diosdado Cabello. La hizo en España, en 2015, antes de que Leamsy Salazar viajara a Estados Unidos en calidad de testigo protegido. Esa conversación desplegada con mayor detalle en su libro Bumerán Chávez (publicado ese mismo año 2015).
De ese intercambio surgió el reportaje en el que se informaba que a Cabello lo investigaban por vínculos con el narcotráfico.
El Nacional, como se ha repetido hasta la saciedad, reprodujo la información publicada en el diario ABC. Nada más. Y por ese hecho, una práctica común entre medios de comunicación de todo el mundo, el capitán Diosdado Cabello demandó a El Nacional, al portal La Patilla y al diario TalCual, por supuestamente cometer el delito de difamación.
No demandó al diario ABC, que lo imprimió primero, ni tampoco a los otros más de 80 medios de comunicación en América Latina y Europa que también publicaron la información.
Aunque la supuesta difamación habría sido cometida en contra de Diosdado Cabello –acusación que no ha podido ser demostrada, ni tiene fundamento alguno porque el juicio no concluyó nunca, ni siquiera empezó– es decir, aunque el supuesto agraviado es un particular, la respuesta que ha recibido El Nacional sobrepasa las capacidades de una persona e involucra varias instituciones del Estado.
En una acción desproporcionada y que hace patente un más que evidente abuso de poder, en 2015 el Ministerio Público dictó medidas –entre ellas, la prohibición de salida del país– contra dos decenas de personas (periodistas, directivos y propietarios de los tres medios de comunicación señalados), a pesar de que es público y notorio que las decisiones de carácter editorial, que tienen siempre un carácter cotidiano y que se realizan con la velocidad y apuro propias del periodismo, son potestad de una o dos personas en cada medio de comunicación.
En ese momento, quedó claro que Cabello, con el apoyo descarado de los organismos del Estado, ponía en marcha un plan que tenía como meta la destrucción de El Nacional.
Antes de seguir, debo detenerme en dos asuntos muy relevantes. Uno, que Diosdado Cabello es un difamador de oficio, que utiliza un recurso propiedad del Estado, Venezolana de Televisión, para infamar, amenazar, inventar historias y conspiraciones, hacer acusaciones sin fundamento. Semana tras semana, sin límite y control ninguno, desconoce el Estado de Derecho, llena el espacio público de odio y falsedades y hace señalamientos que, a menudo, le siguen acciones policiales, militares y tribunalicias.
La sola existencia de Con el mazo dando, su descaro y exhibicionista impunidad, su constante irrespeto por las personas y su reputación, solo es posible si Cabello cuenta con el respaldo de todos los organismos e instituciones del Estado venezolano.
Solo así se explica, por ejemplo, que en distintos lugares desde donde se emitía el programa, antes de la pandemia, se obligaba a soldados de variadas unidades militares, provenientes de varias regiones, a asistir al programa, a aplaudir las bufonadas del gallo con guardaespaldas, gritar consignas y más.
A nadie le pasa inadvertido el mensaje, la imagen que Cabello se ha encargado de comunicar, que él es el dueño y señor de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que el Alto Mando Militar, las milicias, los colectivos, el SEBIN, la DGCIM, el CONAS, la Policía Nacional Bolivariana, los REDIS y demás unidades organizativas de la FANB, están bajo sus órdenes y su control. Lo que Cabello comunica es, nada menos, que es el hombre más poderoso del régimen, por encima de Maduro.
El otro asunto es la repuesta a la pregunta: ¿Y qué ocurrió con la investigación sobre los vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico, que anunciaron los medios de comunicación internacionales en el 2015, y que fue la noticia con la que se pretende justificar la toma militar de El Nacional? ¿Qué ocurrió? En otras palabras, ¿cuánto de difamación había en informar que a Cabello lo investigaban?
La respuesta se concretó en marzo de 2020. Luego de una investigación a cargo del Departamento de Justicia, la DEA y el Distrito Sur de New York, que consumió una larga década, se anunció la presentación de cargos por narcotráfico, contra varios altos cargos gubernamentales, incluyendo a Cabello, por quien se estableció una recompensa de 10 millones de dólares.
Una serie de acciones que han involucrado al Tribunal Supremo de Justicia del régimen, a la Guardia Nacional Bolivariana del régimen, a Venezolana de Televisión –canal secuestrado por el régimen–, a grupos de colectivos financiados por el régimen y manejados por Diosdado Cabello, a tribunales que actúan bajo los dictados del régimen y, finalmente, una operación de captura militar, ajena a las vías normales del Derecho, de una sede empresarial. Una desalojo perpetrado por funcionarios portadores de armas guerra.
Toda esta parafernalia de abuso, desproporción, violencia y negación del debido proceso, ¿qué es? ¿Cómo debe interpretarse? ¿Cómo una actuación personal de Diosdado Cabello? ¿O como el ataque de todo un régimen en contra de El Nacional?
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