Desde antes que iniciara la COP25 en Madrid, los focos principales estaban sobre una sola cosa: el Artículo 6 del Acuerdo de París. La esperanza radicaba en que en el transcurso de esta semana las delegaciones llegaran a un acuerdo; sin embargo, todo indica que esta cuestión quedará nuevamente en la nada.
¿Qué establece el Artículo 6?
Este polémico apartado del Acuerdo de París es, en pocas palabras, el que regula los mercados de carbono. El artículo establece los lineamientos para los países que cooperen con la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
Esta llamada «colaboración» se traduce en transacciones monetarias con las emisiones de gases de efecto invernadero. Si una nación o empresa emite más carbono de lo permitido, puede pagar a otra empresa o país para que reduzca una cantidad de gases equivalente.
“#COP25 must change the course of climate action and ambition” – The High-Level Segment of the COP kicked off today, with urgent reminders that the international community is running out of time to effectively tackle the #ClimateCrisis >> https://t.co/ojJwXyRwqU pic.twitter.com/JZWO5WO6sR
— UN Climate Change (@UNFCCC) December 10, 2019
Gran parte de los Planes Nacionales de Clima de cada nación adscrita al Acuerdo de París prevén, de alguna manera u otra, acudir a estos mercados de carbono para conseguir sus objetivos y cumplir con las emisiones establecidas.
A pesar de la polémica en la COP25, este sistema ha funcionado con éxito en la Unión Europea. El mecanismo de comercio de emisiones, conocido como ETS por sus siglas en inglés, se aplica desde 2005 y es el mayor mercado de carbono del planeta. Las transacciones de carbono se rigen por la venta de toneladas de carbono. El precio del CO2, como en cualquier mercado, varía, y su precio actual es de 24,68 euros por tonelada.
De esta manera, los mercados de hoy en día se rigen bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) establecido en el Protocolo de Kioto de 1997.
El problema en la COP25
Se espera que el nuevo Acuerdo de París, firmado en 2015, sustituya este sistema por uno más moderno, llamado SDM. Es aquí donde se generan todos los inconvenientes en la COP25.
Los créditos de emisiones (CDM) son la moneda de cambio del actual sistema global de emisiones. Los países o empresas privadas autorizadas adquieren esos créditos que van a parar en proyectos de reducción de emisiones.
Sin embargo, este sistema de créditos CDM saldrían de circulación ya que están regidos bajo el Protocolo de Kioto, y este fija unos objetivos distintos a los del Acuerdo de París.
Follow live from #COP25: The High-Level Event on Global #ClimateAction shows how actors around the world plan to reach net-zero carbon emissions by 2050.
Featuring: A live conversation between @antonioguterres & @astro_luca from the @Space_Station https://t.co/TcAkfblOeY
— UN Climate Change (@UNFCCC) December 11, 2019
Un puñado de países, encabezados por Brasil e India, poseen una gran cantidad de estos créditos y no quieren que salgan de circulación. Pero mantenerlos también generaría una distorsión, ya que el mercado podría devaluar los nuevos proyectos dentro de los pactos firmados en la capital francesa en 2015.
La mayoría de las delegaciones en el COP25 descarta la posibilidad de mantener los créditos ya que entienden que están bajo el paraguas de Kioto y no dentro de París, generando desencuentros en Madrid.
Un reciente estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WIR, por sus siglas en inglés) indica que las unidades crediticias sobrantes dentro del Protocolo de Kioto son de 4.000 millones de toneladas, es decir, ahorros equivalentes a 4.000 millones de toneladas de CO2. Brasil, por ejemplo, es uno de los países que más unidades acumula.
La doble contabilidad
La llamada doble contabilidad es otro punto de discordia en la COP25. El Protocolo de 1997 estableció que los países desarrollados estaban obligados a recortar sus emisiones, mientras que los países en vías de desarrollo no estaban obligados a ellos.
No obstante, el Acuerdo de París los iguala a todos, es decir, cualquier país firmante debe presentar planes de recortes de emisiones. Este sistema generaría una doble contabilidad de las unidades de créditos, provocando que dicha unidad se utilice tanto en el plan de recorte del país comprador como en el del país vendedor.
By #COP26 in Glasgow we will all need to communicate or update our #ClimateAction plans & submit our Long-Term Strategies, in line with the #ParisAgreement
This is what we collectively agreed in Paris.
Europe is hard at work to do this.🇪🇺 Executive VP @TimmermansEU at #COP25 pic.twitter.com/nd2uLwOS5L
— EU Climate Action (@EUClimateAction) December 10, 2019
Esto se traduce en un vacío legal, en donde tanto el país comprador como el vendedor pueden «apuntarse el punto» y presentar las reducciones como propias.
Numerosas delegaciones han abogado por la creación de un sistema intrincado pero robusto, que evite esta engorrosa situación.
Si las naciones no logran cerrar un acuerdo en torno al artículo 6, el polémico asunto deberá ser atacado en la COP26, que se llevará a cabo en noviembre de 2020 en Glasgow, Escocia.
Para más información visite Cambio16.
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