Raúl Cubas /Coordinador del Observatorio para la Defensa de la Vida/SIC
El reciente Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se centra en dos temas prioritarios en sus investigaciones: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al régimen; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
Lo destacable y novedoso para quienes estamos dedicados a la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas es que por primera vez se visibiliza internacionalmente una dolorosa realidad denunciada nacionalmente, pero que ha tenido poco eco en la comunidad internacional. Organizaciones ambientalistas, de etnias indígenas y de derechos humanos advertimos y denunciado en 2016 las consecuencias de la aprobación y la activación de las actividades extractivistas en los territorios del Arco Minero del Orinoco.
Seis años después, las dolorosas consecuencias ambientales y sociales que afectan a la población criolla e indígena, así como las graves violaciones de los derechos humanos están a la vista y son imposibles de ocultar. En diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) publicó el informe Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela, en el que se denunció que entre 2013 y 2021 un total de 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados. En 21 de ellos por sicarios o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y otros 11 por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En 2020, en el mes de febrero, 174 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana afirmaron públicamente que “defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y daños producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país”.
| Observatorio de Ecología Política de Venezuela
No solo los defensores del ambiente y del territorio han sido víctimas de la violencia, también la población civil que habita en los territorios tomados por la minería, lo que degrada aún más sus precarias condiciones de vida. El Centro para la Reflexión y Acción Social registró entre 2012 y 2018 no menos de 30 masacres perpetradas en zonas mineras de la guayana venezolana.
Entre marzo de 2016 y junio de 2020, en 25 masacres fueron asesinada a mansalva 217 personas. Igualmente, entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía supo de 151 personas desaparecidas en los territorios mineros de Bolívar. 111 son hombres y 40 mujeres. Los responsables de las masacres son “sindicatos” (bandas criminales), los grupos guerrilleros colombianos que actúan en la región y los cuerpos de seguridad del Estado que dirige directamente Nicolás Maduro como lo ha denunciado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Las denuncias fueron confirmadas por la Misión de las Naciones Unidas, en los acápites 86 y 87 de su reciente informe, en el que se afirma:
- La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado. La Misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos.
- La Misión recibió información que indicaba que los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras del estado de Bolívar mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales (a veces situados cerca de los puestos de control militares), extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. Los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados.
Entre las víctimas de la violencia ejercida por grupos armados irregulares en el estado Amazonas, figura el asesinato a finales de julio de Virgilio Trujillo, que participaba como miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y de las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad que fue creada para mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de la guerrilla colombiana que opera en la zona. A más de tres meses del hecho, no ha habido justicia ni intención del Estado de aplicarla.
Las actividades extractivistas legales, semilegales e ilegales se han intensificado desde la aprobación del Arco Minero del Orinoco y ha traído una ola de violencia inusitada que afecta a la población asentada en esos territorios, pero sobre todo a quienes resisten y se oponen a la lógica depredadora y deshumanizante de la política oficial.
La prórroga del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por dos años más (2023 y 2024) el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela es un espaldarazo para las víctimas de las comunidades afectadas. Sin duda, en el sur de Venezuela estamos en presencia de un genocidio silencioso que se desarrolla tanto en el territorio del Arco Minero del Orinoco como también en el estado Amazonas.
La prórroga del mandato de la Misión es una oportunidad para investigar, documentar y denunciar lo que ocurre en esta última región. Desde Odevida convocamos a las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a sumar y coordinar esfuerzos para diseñar e implementar una Campaña Nacional e Internacional en Defensa de la Amazonía Venezolana.
La atención de la comunidad internacional está centrada en la situación de violencia y violación de derechos humanos que se vive en los territorios afectados por las políticas extractivistas y depredadoras del medio ambiente que afecta a los pueblos indígenas.
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