La presa de Mularroya en Zaragoza ha sido un quebradero de cabeza desde que comenzó su construcción en 2008. En estos doce años, se han sucedido críticas de ecologistas y varias medidas judiciales que han generado traspiés a la obra. Un fallo reciente de la Audiencia Nacional agrega un nuevo obstáculo, sería el tercero, al curso del embalse.
La presa, situada en el cauce de los ríos Grío y Jalón, está muy adelantada a pesar de las trabas. Pero, esta vez se interpone en su camino un dictamen de la Audiencia Nacional que la detiene. En el texto se admite parcialmente el recurso de la organización ecologista SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo. Al reconocer que la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase infringen la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea en el artículo 4 sobre objetivos medioambientales.
La decisión anula la Resolución 12 de agosto de 2015 por la que se aprobó el proyecto del embalse de Mularroya. Tras argumentar que supone el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las Sierras de la Virgen y Vicort.
Además, agrega que ni el estudio ni la declaración de impacto ambiental identificaron y analizaron todos los elementos relevantes para determinar el alcance de los desperfectos. Al producirse ese deterioro solo se puede autorizar la obra si se cumplen las condiciones estrictas establecidas por la Directiva Marco del Agua.
Historia de la presa Mularroya, ¿con final feliz?
La sentencia sobre la presa Mularroya va en la misma línea que tumbó definitivamente el proyecto de la construcción del embalse de Biscarrués. Otra presa en Aragón igualmente cuestionada por los ambientalistas. Con el fallo se deja igualmente la posibilidad de que los afectados puedan apelar a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Entretanto, vuelve la interrogante sobre la continuidad o no de esta obra que ya se encuentra ejecutada al 73,5%. En la teoría, el fin de los trabajos se estimó para noviembre de 2022. Pero ahora es una incógnita.
Por lo pronto, Manuel Mercado, presidente de la Asociación Jalón Vivo, se mostró satisfecho con la decisión. “Estamos muy contentos, hemos ganado por cuarta vez a un Estado que se empeña en retorcer la ley para hacer unas obras que son ilegales. Que ha conllevado la destrucción de muchos emplazamientos naturales y de valor”, dijo.
Desde el inicio de la presa hasta la fecha, han pasado varios gobiernos en la alternancia del PSOE y del PP. En 2008, cuando comenzaron los trabajos, estaba al frente del Gobierno José Rodríguez Zapatero. Y durante la gestión de Mariano Rajoy también se dio apoyo a su ejecución. Incluso se catalogó de «interés público de primer orden».
Ambos partidos han apoyado el proyecto, cuyo objetivo es aumentar la regulación del río Jalón. Asimismo, elevar las garantías de suministro de agua para abastecimiento, riego y otros usos en el eje del Jalón en su tramo medio y bajo. Asimismo, contribuir a la recarga del acuífero de la Unidad Hidrogeológica Campo de Cariñena. Y, entre otros, asegurar un caudal de mantenimiento del río de acuerdo a su régimen estacional. La obra acumula alrededor de 200 millones de euros.
Cuando el río suena, piedras trae
La presa de Mularroya es una de las grandes obras hidráulicas enmarcadas en del Pacto del Agua de Aragón que se aprobó en 1992, cuyo proyecto fue redactado en el 2001. La trayectoria judicial data prácticamente desde sus inicios.
Contó con dos sentencias que lo anulaban, tanto por la Audiencia Nacional, en el 2009, como por el Supremo en el 2013. El Tribunal se basó en las «deficientes» e «insuficientes» medidas previstas para impedir afecciones al entorno. Respaldando una sentencia de la Audiencia Nacional de 2009 que echaba atrás el estudio de impacto ambiental aprobado en 2003, el anteproyecto (2003) y el proyecto definitivo (2007).
Desde Jalón Vivo y Seo Birdlife criticaron que el Estado y la Confederación Hidrográfica del Ebro continuaran con el proyecto a pesar de las dos sentencias en contra y de los indicios de impactos negativos sobre los ríos y la biodiversidad.
En forma insistente, la Confederación realizó una nueva declaración de impacto ambiental en 2015. Cuya aprobación se impugnó en 2016 y ante la Audiencia Nacional por los ecologistas. Ahora, el juez ha vuelto a anular la resolución del 12 de agosto de 2015 por la que se aprobó la presa de Mularroya. Proyecto que supone el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, y de los acuíferos de las Sierras de la Virgen y Vicort.
En juego: medio ambiente, tozudez y millones de euros
Seo Birdlife y la Asociación Jalón Vivo denuncian la política de hechos consumados y solicitan la paralización inmediata de las obras pendientes en la Mularroya. A la vez de la restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada y la recuperación a su estado original
Igualmente que se descarte por completo cualquier nueva intención de activar las obras por contar con tres sentencias que lo anulan. Y eliminar de cualquier documento de planificación hidrológica esta obra ilegal.
Manuel Mercado reiteró que con el proyecto de la presa Mularroya “pierden todos, pierde el medio ambiente y pierde la ciudadanía”. Adicionó que con los 144 millones de euros invertidos “se podrían haber hecho escuelas, industria, inversiones para la población. Es totalmente injustificable que se hayan gastado tantos millones en proyectos como este, el de Yesa o el de Biscarrués».
Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de Seo BirdLife, “la realidad es tozuda. Y la sentencia demuestra la obstinación de algunas Administraciones Públicas en tratar de esquivar el derecho comunitario. No es aceptable que sea la sociedad civil la que tenga que hacer el papel que le corresponde a la Administración Pública”.
Por su parte, Antonio Oriol, portavoz de la Asociación Jalón Vivo llamó a las instituciones públicas a la reflexión. “Llevamos dos décadas dando vueltas a un proyecto que se sabía que era ilegal. Y aún así hemos derrochado decenas de millones de euros que podrían haber favorecido al desarrollo de los territorios afectados”.
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