Incendios, deforestación, concesiones mineras, explotación petrolera, aumento de represas hidroeléctricas, expansión de la agricultura intensiva y la ganadería y construcción de carreteras son solo algunas de las plagas que azotan el Amazonas. Mientras, quienes ostentan cargos de poder y son los llamados a exorcizar de todo estos males al considerado pulmón vegetal del planeta, se debaten entre intereses mezquinos e indiferencia.
Impulsados por la sequía, los fuertes vientos y la tala indiscriminada, el Amazonas se encuentra en una lucha contra incendios sin precedentes desde los primeros meses del año. El fuego alimenta los temores de una crisis climática aún más grave. Estos incendios están matando la vegetación crucial para absorber el dióxido de carbono que calienta nuestro planeta. Y lo más preocupante es que la temporada seca aún no ha alcanzado las partes críticas del Amazonas.
Los datos satelitales indican que los incendios están concentrados en la región norte del Amazonas, específicamente en Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela. En febrero se registró un número récord en estas áreas, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. Más de 941 hectáreas de la Amazonia brasileña fueron consumidas por el fuego en enero, más del triple de los daños registrados en el mismo período del año pasado. En febrero se presentaron en esa misma región 3.158 episodios de incendios. Muy superior al récord de 2007, que fue de 1.761.
La sequía de 2023 ha hecho el paisaje extremadamente inflamable. Cualquier chispa puede desencadenar un fuego devastador. Además, los incendios abren paso al crecimiento de pasto que puede generar episodios aún más catastróficos en los próximos años. En la década de los años 90 la selva absorbía 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. En la actualidad la región emite más CO2 del que absorbe.
Bajo la lupa
Científicos advierten que el cambio climático aumenta la probabilidad de eventos drásticos, desde sequías hasta inundaciones. Algunos temen que se esté llegando a un punto de no retorno. Aunque la crítica situación atañe a todo el planeta, solo nueve países comparten límites con la selva tropical y tienen responsabilidad directa sobre su protección: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Independientemente de las políticas de cada una de estas naciones, bajo sus jurisdicciones ocurren actividades que provocan daños ambientales que ponen en peligro la integridad del ecosistema.
Uno de los mayores problemas es la pérdida de masa arbórea debido a la tala indiscriminada y a la quema de grandes áreas. Para 2030 podría haber perdido cerca de un tercio de la densidad de su vegetación, lo que se traduce en más de 85 millones de hectáreas, advierten estudios.
La expansión de pastos y cultivos es la principal causa de la deforestación. Brasil tiene los índices más altos de pérdida de bosque y recientemente se han identificado seis nuevos frentes en la Amazonia Andina y el Escudo Guayanés. Con más árboles muertos, el suelo se vuelve cada vez más seco e inflamable. Ocupadores de tierras queman y talan los bosques durante años para que las áreas puedan ser reutilizada. Principalmente como terrenos agrícolas para siembra de soja o de pasto para la alimentación del ganado.
Asimismo, los incendios sirven como arma contra poblaciones nativas en áreas donde agricultores, madereros y cazadores luchan por la tierra. En la Amazonia viven más de 33 millones de personas entre ciudades, comunidades ribereñas y pueblos indígenas. Hay al menos 100 tribus con las que se tiene poco o ningún contacto.
Más que concesiones
Los grandes yacimientos de minerales y de hidrocarburos del Amazonas se ha convertido en su peor enemigo. Casi 15% del bioma amazónico tiene concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas. Las áreas protegidas no son la excepción, pues se han otorgado más de 800 concesiones mineras. Muchas de las áreas protegidas se solapan parcial o totalmente con concesiones mineras. Los contratos en estas zonas podrían afectar 24 millones de hectáreas.
Cerca de 37% de los territorios indígenas están en riesgo por cerca de 500 contratos para la explotación de minerales e hidrocarburos. La gran mayoría se encuentra en Brasil, pero existe la posibilidad de que se expandan a otros países. Esto sin contar con que la minería del oro aumenta la deforestación y el mercurio utilizado en su procesamiento contamina el agua, los peces, el aire y afecta las comunidades.
El panorama se complica con la construcción de represas hidroeléctricas. Existen cerca de 154, pero se planea hacer otras 277 para los próximos años. Si todos esos proyectos se concretan quedarían sin represar pocos ríos. El impacto en la ecología, la economía y el clima del subcontinente es incuantificable. Alteran los ciclos naturales y ponen en grave riesgo especies como delfines y peces migratorios.
Las carreteras, las vías férreas y las nuevas rutas de transporte fluvial también están transformando la Amazonia. Actualmente decenas de miles de kilómetros de carreteras atraviesan sus bosques. Todo indica que la dañina práctica no se detendrá. Más de 20 proyectos de construcción de carreteras gigantes esperan por su ejecución.
Demonios desatados
Especialista manifiestan que no es demonizar las actividades económicas. Aseguran que con planes claros sobre lo que se debe hacer con esta región, se pueden buscar empresas que involucren a la población y ayuden a la conservación. Consideran que solo existen discursos y proyectos de infraestructura contradictorios, que contribuyen a la deforestación y no resuelven los problemas reales de la gente que vive en el Amazonas.
En este punto es el que comienzan la fricciones entre gobiernos, ambientalistas, empresas e indígenas. El deseo de desarrollar actividades económicas choca en la mayoría de las ocasiones con la preservación del Amazonas y de sus pueblos nativos. Una constante son los cambios en las legislaciones para permitir nuevas y mayores actividades productivas en áreas protegidas. Aunque estas alcanzan más de 50%, su reducción o desaparición por legislaciones complacientes o vacíos legales son un enemigo silencioso de mayor impacto que un voraz incendio.
Una constante son los cambios en las legislaciones para permitir nuevas y mayores actividades productivas en áreas protegidas. Aunque estas del bioma alcanzan más de 50%, su reducción o desaparición por legislaciones complacientes o vacíos legales son un enemigo silencioso de mayor impacto que un voraz incendio.
Lo complicado de la situación que vive la selva amazónica nos está acercando a un punto de inflexión cuyas consecuencias serían devastadoras para el sistema climático mundial. Hasta 47% de los denominados pulmones del planeta podrían verse amenazados por el aumento de las temperaturas, las sequías, la deforestación y los incendios hasta 2050, según científicos del Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático, en Alemania.
Punto de inflexión
Aseguran que las selvas tropicales enriquecen el aire con mucha humedad, que constituye la base de las precipitaciones en el oeste y el sur del continente. Perder selva en un lugar puede llevar a que desaparezca en otro. Explican que la Tierra tiene una serie de umbrales naturales que, si se traspasan, pueden hacer que las temperaturas se descontrolen y desencadenar efectos dominó devastadores para los ecosistemas y las personas.
El retroceso de la Amazonia es uno de ellos, así como el derretimiento de grandes capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental y la muerte de los arrecifes de coral en mares más cálidos. Los árboles de la selva tropical absorben agua y bombean miles de millones de toneladas de vapor de agua al día. Esta humedad aerotransportada es una parte fundamental del monzón suramericano y, por tanto, esencial para las lluvias en vastas zonas del continente.
Un equipo internacional de investigadores identificó cinco umbrales climáticos y de uso de la tierra que no deben sobrepasarse para que la Amazonia no desaparezca. Se trata del calentamiento global, la cantidad de precipitaciones anuales, la intensidad de las lluvias estacionales, la duración de la estación seca y la deforestación acumulada. Para cada uno de estos factores, los científicos sugieren límites seguros para impedir que se cruce el punto de inflexión.
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