Gwyneth Morgan /bonaona@bonaona.org
La decisión política y económica sobre el 5G está tomada. El Gobierno de España espera que la red móvil de quinta generación sea esencial en el funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto. Los objetivos expuestos parecen muy loables: garantizar la conectividad, digitalizar la administración pública y las empresas, mejorar la productividad económica, cuarta revolución industrial… Todo ello inextricablemente impulsado por el 5G.
¿Es realmente necesario que el logro de todos esos objetivos requiera el despliegue total de telecomunicaciones inalámbricas con el aumento exponencial de radiofrecuencias, microondas y tecnologías nunca utilizadas? O, por el contrario, ¿podrían utilizarse medios más seguros y eficientes?
Son notorias las “puertas giratorias” de políticos, empresas eléctricas y de telecomunicaciones con evidentes conflictos de intereses. La presión del lobby de las telecomunicaciones está influyendo de una manera determinante en el Poder Legislativo1.
Quizás la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas.
Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que pudieran dar respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. La comisión europea no ha hecho estudios2, pero se fía de las directrices de un grupo de “expertos del ICNIRP”, vinculados a los lobbies tecnológicos con probados conflictos de intereses3.
Las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el despliegue de las instalaciones 5G. En su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras (Lloyds, Swiss Re, AUVA) estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas.
Al estar desplegándose el 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar? ¿Será, como siempre, el Estado el que tenga que costear la crisis de salud pública derivada de una implantación irresponsable de tecnología peligrosa?
Desplegar tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía, las cosas no van bien.
La negativa a revelar por “secreto empresarial” la ubicación de las antenas 5G en Baleares por parte de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ante la petición de información de un ciudadano, es otro ejemplo de que prima el interés corporativo sobre el derecho a la información y a la salud de la ciudadanía.
Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa (2020/C 202 I/01)4
“36. DESTACA que la implantación de nuevas tecnologías, como 5G y 6G, debe preservar las capacidades de las autoridades policiales, de seguridad y judiciales para ejercer sus funciones legítimas de forma eficaz. TIENE en cuenta las directrices internacionales sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud. MANIFIESTA la importancia de combatir la expansión de información falsa ligada a las redes de 5G, especialmente en lo relativo a afirmaciones falsas, según las cuales dichas redes suponen una amenaza para la salud o están vinculadas con la COVID-19.”
Esta afirmación parece decir que cualquier sugerencia de que las redes 5G (que cumplan las directrices del ICNIRP) pueden constituir un peligro para la salud se consideraría “desinformación”; también parece exonerar a la industria y a los gobiernos de su responsabilidad cuando afirman que las directrices que siguen protegen a la ciudadanía de los excesos de radiación.
¿Significa esto que los eurodiputados Dr. Klaus Buchner, de Alemania, y Michèle Rivasi, de Francia, autores de The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G5, podrían verse retirados del parlamento de la Unión Europea?
La otra insistencia parece ser relacionar “desinformación”6 cualquier crítica del 5G poniendo repetidamente el ejemplo de quienes ven una correlación, o incluso relación causal, entre 5G-COVID-19, lo cual parece una estrategia para desprestigiar a los críticos y apartar la atención de las alertas más fundamentadas7. El observatorio digital ELISA8 del centro criptológico nacional (CCN) también comete esta confusión interesada.
Continuando con la agenda digital, aparentemente inmunes a la evidencia incómoda, se aprobó el reglamento para la instalación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas (small cells de 26 Ghz)9 que las exceptúa de los permisos de instalación.
Según afirma el comisario para el mercado interno Thierry Breton: “…Junto con los Estados miembros, debemos allanar el camino para el lanzamiento oportuno de 5G, sin barreras administrativas restrictivas, lo que a su vez creará una demanda significativa de nuestra industria y ampliará las innovaciones y la competitividad europeas«.
Usurpación de competencias
Los dividendos digitales millonarios que subasta el Estado hacen que sea parte interesada y parte reguladora. Y, en estos momentos, prevalecen los intereses de la industria sobre los derechos ciudadanos. Las empresas invierten enormes sumas de dinero y exigen que no existan impedimentos al despliegue de sus instalaciones a nivel local.
Si bien la Ley de Telecomunicaciones del 2014 despojó de competencias a municipios y autonomías, en la actualidad con las directrices europeas, la agenda digital 2025 y el nuevo anteproyecto de ley de telecomunicaciones, se desregula el sector y se despoja todavía más a las autonomías y a los ayuntamientos de la potestad para regular la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Por tanto, este hecho invade competencias de las autonomías en materia de protección de la salud y el medio ambiente y a los ayuntamientos en la ordenación de territorio, urbanismo y vivienda. Se aleja las decisiones de los ciudadanos sobre su impacto. Consideramos que se está produciendo un clarísimo retroceso democrático en la toma de decisiones en la normativa europea y española.
Big data, ¿para qué y para quién?
Las empresas tecnológicas están acumulando cuotas de poder sobre la opinión pública y los procesos democráticos que hacen temblar a los gobiernos. Se ven totalmente supeditados al gran poder económico. “La vigilancia es una herramienta para la predicción y la predicción es una herramienta para la manipulación”10.
La gigantesca concentración de poder del lobby tecnológico (control de las comunicaciones de la población, con acceso y procesamiento de la información personal), se refleja en sus gastos11 y estrategias2 para influir en las instituciones europeas, y en conseguir el despliegue de sus tecnologías (sin evaluación sanitaria ni ambiental) preservando su control sobre los datos personales.
La cuarta revolución industrial introduce y fortalece nuevas herramientas de control. La recogida automática de miles de millones de datos e información personal del IoT, conectado al 5G13, facilita la monitorización del individuo durante toda su vida, algo desconocido hasta ahora.
La capacidad de utilizar la inteligencia artificial para el control social, presente ya en 75 estados14, se multiplicará de forma exponencial con el despliegue de las redes 5G. Ahora encuentra justificación y amparo en la necesidad de limitar el número de contagios de COVID-19. “El 5G permitirá la identificación facial de miles de personas en tiempo real”15.
Según se desprende de la última edición del Observatorio Nacional 5G (iniciativa impulsada por Mobile World Capital, la Secretaria de Estado para el Avance Digital y Red.es), el 5G tendrá un fuerte impacto en el ámbito de la seguridad pública, especialmente en «la vigilancia y control de multitudes en espacios públicos, con la ayuda de dispositivos como cámaras y drones de videovigilancia o sistemas de reconocimiento facial y biométrico«.
Con la COVID-19 como justificación, estas tecnologías se utilizan de manera ubicua en puertos y aeropuertos. También se empiezan a ver en supermercados.
Existe también una iniciativa internacional para proveer a todas las personas del mundo de una identidad digital ID202016, por encima de los registros de identidad de cada Estado nacional.
Resolver el drama real de los apátridas en el mundo despojados de los derechos más básicos podría ser una justificación para la implantación de una identidad digital. Se pretende que sea un sistema descentralizado que utilice el Blockchain y que por tanto no estará controlado por los Estados. Se utilizarían datos biométricos de reconocimiento. Al final tendrá que haber algún tipo de gestión tecnológica, ¿Quién controlará el sistema?
La industria del móvil ve la identidad digital como una gran oportunidad de hacer negocio17.
La cuestión es qué se hará con toda esta capacidad de vigilancia y control, ¿se respetará la ley de protección de datos? ¿Quién usará y controlará los sistemas de reconocimiento facial? ¿Quién vigilará al vigilante?, ¿Cómo nos aseguraremos de que esa información no caiga en manos de criminales o de compañías como Clearview18 que mercadean impunemente con nuestras caras?
¿Cómo evitar que el big-data sirva para hacer perfiles para luego lanzar campañas en las redes que influencien la opinión pública e incluso sean estratégicamente usados para alterar procesos democráticos como el caso de Cambridge Analítica?
El Gobierno convierte el 5G en un asunto de seguridad nacional19 con la publicación del Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G20, en el que asume “facultades para inspeccionar instalaciones y dispositivos 5G y comprobar que no se utilizan fabricantes de alto riesgo por su relación con gobiernos extranjeros”.
Resulta que con el 5G se combina la enorme capacidad para recoger datos con una mayor facilidad de hackearlos21 ¿Es inteligente crear dependencia del 5G en todos los ámbitos críticos de nuestra sociedad? ¿Realmente nos hace más seguros? ¿Más resilientes? ¿Dónde está el debate público y honesto en España?
El 7 de diciembre hubo un debate imprescindible en STOA Panel for the future of Science and Technology del Parlamento Europeo: Impactos sobre la salud y el medio ambiente del 5G22, ¿un primer paso para que finalmente se abra un debate público sobre el tema?
Puede verse el debate íntegramente en varios idiomas, aunque no en castellano, lo recomiendo encarecidamente.
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