Se trata de otro eufemismo del lenguaje que no llama a las cosas por su nombre y que pretenden bajarle el volumen a la crueldad imperante en la sociedad. No hay «ejecuciones extrajudiciales» como no hay submarinos aéreos. Son asesinatos cometidos por quienes deben hacer cumplir la ley, por funcionarios de los cuerpos de seguridad, por cuenta propia o siguiendo las instrucciones de sus jefes.
En Venezuela, en el primer semestre de 2021, las estadísticas indican que cada día 4 personas murieron a mano de agentes policiales. En 4 años han perpetrado 27.000 asesinatos con absoluta impunidad, a pesar de las advertencias de organismos internacionales de derechos humanos.
El 1° de octubre pasado se reportó la muerte a sangre fría del Dimilson Guzmán Santaella, de 21 años de edad, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en los Valles del Tuy, una localidad del estado Miranda. El asesinato fue grabado y difundido por las redes sociales. Oficialmente los homicidas están detenidos.
Seis días después y a 88 km de allí, en la vía hacia Barlovento, encontraron los cadáveres de dos hombres: el jefe regional de la policía científica, Eduardo Henríquez, y un sospechoso de pertenecer a una banda criminal. El doble homicidio se mantiene en el misterio.
Cuatro asesinatos diarios perpetrados por policías
Un informe de las ONG Lupa por la Vida y Provea, con la colaboración de una fundación jesuita, informó que en los primeros 6 meses de 2021 ocurrieron 825 muertes violentas a manos der funcionarios de seguridad, un promedio de 4 ejecuciones extrajudiciales diarias.
Aunque en el primer trimestre de 2021 registran una disminución de hasta el 50% en comparación con el año anterior, organizaciones nacionales e internacionales consideran a Venezuela uno de los países más violentos en América Latina y también con más víctimas civiles.
El derecho a la vida está cada vez más restringido con el asesinato policial. Un estudio sobre la Situación de los Derechos Civiles y Políticos durante la Pandemia (2020-2021) señala que entre julio y agosto los seis campos de derecho, a la luz del derecho penal internacional, han empeorado “en calidad y cantidad”.
“En esta crisis aumenta la vulnerabilidad, la población está más desprotegida y aumentan los deberes del Estado, pero todo ha empeorado. La violación de derechos humanos compete a los Estados, pero en los crímenes la responsabilidad es individual”, anota el penalista Fernando Fernández, autor de la investigación y profesor de derechos humanos.
El estudio cita “la ideología política, la gran corrupción, el militarismo y el pretorianismo reflejados en la instalación del Estado Cuartel” como las principales causas de las generalizadas violaciones del derecho a la vida. Un derecho universal que en Venezuela se viola a diario al igual que otras más 100 garantías constitucionales.
Persiste el “disparen a matar”
Los asesinatos ocurren con alto nivel de letalidad, con “falsos positivos” entre dudosa versiones de la autoridad y en medio de la ausencia de una política de seguridad ciudadana que garantic la vida “Persiste el disparen a matar” y participan tanto policías como militares. “Llamamos la atención de que más de 800 personas han sido asesinadas. Un delito sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, indica el informe.
Un 27,29% de las víctimas de la criminalidad policial son hombres de entre 18 y 30 años de edad. La mayoría recibió balazos en el tórax y en la cara disparador por funcionarios de la policía científica (21,74%), un cuerpo criminalístico que en la década de los setenta se destacó por ser uno de los mejores en investigación de homicidios en América Latina.
«El que haya bajado las ejecuciones extrajudiciales no quiere decir que no siga siendo alto su número. Debemos exigir que se avance más en la aplicación de la ley a los policías asesinos», declaró a Efe el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
El activista de derechos humanos ha sido uno de los principales denunciantes de violaciones del derecho a la vida por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana creada durante el gobierno de Hugo Chávez.
El informe de la ONU recomienda la eliminación de la FAES, pero el cuerpo policial se mantiene activo y con su record de «ejecuciones extrajudiciales»
La última operación escandalosa de este cuerpo especial fue la “masacre de El Ripial», en el municipio Páez, en Apure. Cuatro días después de un enfrentamiento entre militares venezolanos con grupos irregulares colombianos, cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia, fueron asesinadas por funcionarios de las FAES. HRW constató que los campesinos fueron sacados a la fuerza de su casa, se practicaron detenciones arbitrarias y hubo procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con los grupos armados.
La Fiscalía General y la Defensoría del enviaron comisiones para investigar los hechos, pero no hay resultados.
La disolución inmediata de la FAES es una de las recomendaciones más reiteradas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en los últimos tres años de informes escritos y orales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La solicitud no ha sido atentida.
Ejecuciones extrajudiciales: muertes de alto calibre
Cerca de una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos ha alertado este años sobre los ajusticiamientos extrajudiciales en Venezuela y exigen su cese de inmediato. La flagrante violación del derecho a la vida fue incluida en el informe que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. La práctica letal de los cuerpos policiales y su impunidad en cuanto a la violación de derechos humanos ocurre en Venezuela al amparo de la desinstitucionalización del Poder Judicial.
El Observatorio Venezolano de Violencia calcula que entre 2016 y 2020 se registraron 27.856 «ejecuciones extrajudiciales» (asesinatos cometidos por policías).Una media de 15 diarios en los últimos 5 años. La ONG reportó un total de 55.439 homicidios de todo tipo en medio de la aguda crisis política, económica y social.
En 2017, un año de fuerte confrontación política y social, la tasa de mortalidad del país fue de 15,9 por cada 100.000 habitantes, mayor que en países violentos de la región, como Brasil, Colombia y El Salvador. Monitor de Fuerza Letal monitorea el abuso mortal de policías y militares a partir de reportes de prensa ante la omisión estadística de heridos en intervenciones oficiales en la mayoría de los países, por tanto sus cifras están por debajo de la realidad. Un gran número queda fuera de las estadísticas de letalidad.
Ese año, desde abril hasta agosto, los cuerpos policiales y militares reprimieron duramente unas 7.000 protestas ciudadanas que rechazaron la pretensión de disolver la Asamblea Nacional, dirigida por opositores desde 2016. A más de 160 manifestantes, en su mayoría jóvenes, los asesinaron con disparos al pecho o a la cabeza, en una clara práctica de «ejecución extrajudicial» (asesinatos policiales). Otros 1.000 participantes quedaron detenidos y sometidos a torturas, maltratos y hasta abusos sexuales.
2020: En vilo el derecho a la vida
El año 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19, fue atípico en cuanto de violencia policial. Hubo menos «ejecuciones», pero Venezuela conservó su vergonzoso sitial de país con la mayor cantidad de muertes violentas en el mundo.
“Este año, y por primera vez en la historia, las muertes ocasionadas por los cuerpos policiales, catalogadas como resistencia a la autoridad son superiores en términos absolutos y en las tasas, a los asesinatos que cometieron los delincuentes”, expresó la OVV.
Frente a 4.153 homicidios cometidos por la delincuencia para una tasa de 15,9 víctimas por cada 100.000 habitantes, se contabilizaron 4.231 muertes presentadas por las autoridades como “resistencia a la autoridad” con una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes.
Son más los asesinatos perpetrados por los cuerpos policiales, presentados como resistencia a la autoridad, que los homicidios cometidos por los delincuentes
La frase «resistencia a la autoridad», término eufemístico adoptado desde el gobierno de Hugo Chávez para disminuir la percepción de inseguridad, para los defensores de derechos humanos significa homicidios cometidos por el uso excesivo de la fuerza pública o como «ejecución extrajudicial».
En 2020, la violencia del Estado estuvo acompañada de la impunidad, una característica que empuja la estadística anual de asesinatos hacia una zona todavía más oscura. La OVV recogió 3.507 muertes de “intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte, y que consideramos son homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar”. Con esta cifra, las muertes violenta sin aclarar se incrementaron en 23.844 en el último lustro.
“Es posible estimar un incremento de las desapariciones como práctica de ocultamiento del crimen, tanto en zonas periurbanas como en los espacios rurales y selváticos, convertidos en territorios sin control ni ley”, dice el Observatorio.
Ni la COVID-19 detuvo los asesinatos
En este contexto de impunidad, ni la pandemia de la COVID-1 y las restricciones sanitarias lograron frenar la cantidad de homicidios ni tasa de muertes violentas a manos de funcionarios policiales. “La letalidad policial se sostuvo como práctica en todo el territorio nacional, con diversidad respecto a los lugares de ocurrencia y a los organismos oficiales ejecutores.
«Por primera vez en la historia, las muertes perpetradas por los cuerpos policiales y catalogadas como resistencia a la autoridad fue superior”, una situación que también fue referida por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet. Su informe anual dio cuenta de 2.000 muertes este año en barrios pobres durante «operativos de seguridad».
Dar de baja la letalidad policial y militar
A pesar de que algunos sectores en Venezuela favorecen una firme actuación policial frente a la delincuencia, admiten que las ejecuciones extrajudiciales se valen de capuchas de seguridad ciudadana en simulados enfrentamientos.
Fernández evalúa la letalidad policial y militar como uno de las peores situaciones de derechos humanos en Venezuela, en tiempos de pandemia. Entre sus recomendaciones insiste en desmantelar el «Estado dual” creado a partir de la ilegal estructura comunal que pulveriza lo que queda a nivel institucional, e iniciar un proceso de transición hacia la democracia. “Hay que reconstruir el Estado de Derecho y sus instituciones”, puntualizó.
Corresponde a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con base en la documentación sobre los crímenes perpetrados en Venezuela, abrir cuanto antes la investigación formal respecto a los hechos de 2017 y determinar quiénes son los máximos responsables de tales atrocidades. Si lo hiciera, se abriría una esperanza para las víctimas en la justicia penal internacional. Mientras, impera la inacción frente a la impunidad de los asesinos con uniforme de policía.
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