El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, encargado de las criptomonedas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de Nueva York, lo incluyó en la lista de fugitivos por lavado de activos y evasión de sanciones financieras. Lo acusan de mantener vínculos «políticos, sociales y económicos profundos con múltiples capos narcotraficantes como Tareck el Aissami”,
Ramírez Camacho es actualmente el superintendente de la oficina nacional de criptoactivos, que se dentifica con el acrónimo Sunacrip. Fue incluido en el Programa de Recompensas de Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado y quedó agregado al registro de los más buscados del ICE.
El Departamento de Seguridad Interior señaló que la medida tiene como objetivo “acabar con la corrupción y la criminalidad vinculadas al régimen de Maduro”.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, respaldó la decisión: “El pueblo venezolano merece un gobierno que haya sido elegido libremente y cuyos funcionarios no conspiren con sus asociados para cometer delitos de robo contra el pueblo de Venezuela, incluido el lavado de dinero para ocultar el producto de esas actividades ilícitas”.
El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el compromiso de Washington de “ayudar a los venezolanos a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”.
$ 5 millones por información
Las autoridades estadounidenses ofrecen 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Joselit Ramírez Camacho. Un funcionario del gobierno de Venezuela acusado de tener vínculos políticos, sociales y económicos profundos con múltiples presuntos capos narcotraficantes, como Tareck el Aissami.
A Aissami, nombrado hace poco ministro de Petróleo, también lo solicitan por narcotráfico y conexión con terroristas. La recompensa que ofrecen por pistas sobre su paraderos tiene un monto máximo de 10 millones de dólares.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que Ramírez Camacho es acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional. Igualmente por la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
Estrechan el cerco
La acusación forma parte de un megaproceso que anunció el 26 de marzo el Departamento de Justicia contra Maduro, 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos señalados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales. Entre los acusados figura Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente y segundo en jerarquía del régimen.
Estados Unidos lidera desde enero de 2019 la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, que se mantiene en el poder por una reelección fraudulenta en mayo de 2018, ocho meses antes de los establecido en la Constitución y sin dejar participar como candidatos a los líderes de la oposición que lo sobrepasan en las encuestas. Además, le atribuye corrupción generalizada y graves violaciones de derechos humanos, que incluyen asesinatos, torturas y corrupción generalizada.
Este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó cuatro navieras por transportar petróleo de Venezuela. Declaró «propiedad bloqueada» a cuatro tanqueros: «Estados Unidos reitera que es inaceptable la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense».
Rechazan la decisión de EE UU
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente las sanciones de Washington: “Pretenden emprender una persecución contra Ramírez Camacho a partir de acusaciones extraídas de un mediocre guion hollywoodense. Trump pretende distraer la atención de la opinión pública reforzando sus prácticas ilegales y coercitivas contra Venezuela”.
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