El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a siete venezolanos y 23 empresas acusadas del desvío de miles de millones de dólares a personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro, que en dos días asumirá un nuevo mandato presidencial, que ha sido desconocido por varios países latinoamericanos, la Unión Europea y el propio Estados Unidos.
«Personas del régimen venezolano con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esa red de fraude que fue otra trama ilícita que el régimen venezolano ha usado mucho tiempo para robar a su gente», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.
Entre los sancionados se encuentra el empresario Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano Globovisión. Según el diario El Espectador, Gorrín está acusado por las autoridades del país norteamericano por sobornar como unos 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos para que les permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno venezolano y lavar fondos.
La lista de sancionados incluyen a: Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, directivo de la cadena Globovisión; María Alexandra Perdomo Rosales, esposa de Gorrín; así como también la mujer de Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, Mayela Antonina Tarascio-Pérez; y el banquero Leonardo González Dellán.
Igualmente, se sancionó a Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez y tesorera de la República, y su esposo Adrián Velásquez, exescolta de Chávez, ambos radicados en España y que se encuentran acusados de delitos de blanqueo de capitales.
«Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas de los componentes que el régimen venezolano han usado para beneficiarse a expensas del pueblo», dijo Mnuchin.
Globovisión, entre las empresas sancionadas
En cuanto a las empresas, Estados Unidos anunció sanciones contra 23 entidades, entre ellas la propia Globovisión. El canal se verá afectado tanto en sus oficinas en Caracas como a su sucursal en Miami, en Florida. El castigo implica la congelación de los activos que las personas y entidades afectadas puedan tener bajo soberanía de Estados Unidos. Así como la prohibición de realizar negocios con dichas instituciones e individuos.
«Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia», dijo Mnuchin.
Por su parte, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, aseguró en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados «son arbitrarias e ilegales, el único que puede imponer sanciones es el Consejo de Seguridad de la ONU». Asimismo, aseguró que las represalias individuales no les «preocupan» pero sí el «bloqueo económico, financiero y comercial» hacia el país.
Con información de Reuters.
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