Que en Venezuela haya una crisis eléctrica puede parecer tan absurdo como que haya escasez de gasolina. El país tiene las mayores reservas mundiales de petróleo. Posee la segunda mayor central hidroeléctrica de Suramérica (y cuarta en el planeta). Pero aún así, los venezolanos deben esperar días en largas colas para surtirse de combustible. Luego regresan a sus hogares y allí pasan días sin servicio eléctrico. La revolución socialista no deja de sorprender y atormentar.
La escasez de combustibles se debe principalmente a la pésima gerencia y la corrupción de los funcionarios chavistas al frente de Petróleos de Venezuela. Y la crisis eléctrica también obedece a malos manejos, en este caso en la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec).
La responsabilidad directa es de los altos jerarcas de la dictadura chavista, especialmente de quienes han estado al frente de Pdvsa y Corpoelec. Muchos de ellos han dejado sus cargos y se han dedicado a viajar por el mundo disfrutando del fruto del enriquecimiento ilícito. Esta realidad ha pasado inadvertida para buena parte del mundo. Pero no para el Gobierno de Estados Unidos.
Varios de los altos funcionarios y ex funcionarios de Pdvsa han sido sancionados por Washington. Y ahora les llegó el turno a sus contrapartes de Corpoelec. Las medidas son cada vez más severas.
Los responsables de la crisis eléctrica
Una recompensa por 5 millones de dólares ofreció el Gobierno de Estados Unidos esta semana por Luis Alfredo Motta Domínguez, exministro de Energía Eléctrica del régimen de Nicolás Maduro, y por Eustiquio José Lugo Gómez, ex viceministro de Finanzas . Washington les sancionó por la corrupción que cometieron al frente de Corpoelec.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, a través de un comunicado.La Casa Blanca espera recibir información que conduzca al arresto y la condena de los exfuncionarios.
Motta Domínguez fue nombrado en 2015 presidente de Corpoelec. Posteriormente ocupó el cargo de ministro de Energía Eléctrica. Mientras que Lugo Gómez fue viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianza Estratégica en el Ministerio de Electricidad. También se desempeñó como director de compras de Corpoelec, bajo la dirección de Motta Domínguez.
Maduro removió a Motta Domínguez del cargo a mediados del 2019 en medio de un masivo apagón que dejó al país por varias semanas sin electricidad. Las frecuentes interrupciones en el servicio siguen siendo recurrentes. Expertos alegan que la crisis eléctrica continuará mientras el país no invierta miles de millones en reparar la infraestructura.
Otros cargos pendientes
El Departamento de Estado recordó que a ambos exfuncionarios se les imputó en julio por conspiración para lavar activos e instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida.
“La acción de hoy sigue a la designación del 28 de julio de 2020 de Motta y Lugo debido a su participación en una corrupción significativa, lo que dio lugar a que ellos y sus familiares inmediatos no puedan entrar en Estados Unidos”, explicó Pompeo.
“Según la acusación formal, Motta Domínguez y Lugo Gómez supuestamente otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de 60 millones de dólares en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio”, subraya el documento.
En este esquema de corrupción, la estatal Corpoelec pagaba hasta tres veces el valor de los equipos que compraba. Algunos de ellos ni siquiera podían ser usados en Venezuela.
En la mira de las autoridades
El caso llegó a manos de las autoridades, luego que uno de los empresarios en Miami sintiera que fue traicionado por uno de los socios, que le apartó abruptamente del negocio. La acusación es uno de los múltiples casos ventilados en tribunales de Estados Unidos que develan la extensión de la corrupción en el régimen de Maduro.
Los funcionarios estadounidenses describieron la corrupción en el Ministerio de Electricidad como perniciosa para la sociedad venezolana en vista de la crisis eléctrica provocada por el virtualmente inexistente mantenimiento de las instalaciones del país.
Además, a Motta Domínguez y Lugo Gómez la Administración de Control de Drogas ya los había incluido en su lista de los más buscados.
La respuesta del régimen
Ante el anuncio del Departamento de Estado, Motta arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos con mensajes altisonantes a través de sus redes sociales.
La cancillería de Maduro emitió un comunicado en el que asegura que la Casa Blanca busca con esa acción justificar “nuevos ataques contra el pueblo venezolano. Una vez más, cual cowboys del siglo XXI, recurren a la estrategia de ofrecer recompensas por la detención de servidores públicos”, apunta el texto.
El comunicado señala que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela se enorgullece de los hombres y mujeres que, a pesar de las amenazas, calumnias e intimidaciones, se mantienen firmes en la defensa, tanto de su integridad personal, como de la República y sus instituciones democráticas”.
En su apología, el texto oficial no menciona el hecho de que Motta Domínguez fue destituido de su cargo por el propio Nicolás Maduro, en medio de la peor crisis eléctrica que haya vivido Venezuela.
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