Un reciente informe de Estados Unidos sobre actividades terroristas internacionales, el primero del gobierno de Joe Biden, destaca el papel desestabilizador de Nicolás Maduro, tanto fuera como dentro de Venezuela y advierte de los estrechos vínculos de la dictadura con grupos terroristas.
“En medio de un entorno de amenazas cambiante y desafiante, el informe ofrece una descripción general de cómo estamos organizando los esfuerzos internacionales contra el terrorismo”, publicó en Twitter, Antony Blinken, el secretario de Estado.
El Departamento de Estado publica desde los años ochenta una relación de las principales amenazas terroristas en el mundo, detalladas por países para elevarlo a la consideración del Capitolio y el Ejecutivo. El actual analiza los patrones terroristas en el mundo durante 2020. En el caso de Venezuela, dice que “siguió siendo un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos. Incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de Hezbollah”.
«En 2020, el presidente interino, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional condenaron la complicidad del régimen con el ELN y los disidentes de las FARC. En noviembre, el Poder Legislativo aprobó una resolución que declaraba a la Fuerza de Acción Especial del régimen como una organización terrorista por su participación en ejecuciones extrajudiciales dentro de Venezuela”, agrega el
El informe afirma que el régimen ilegítimo de Maduro permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas. «Gran parte de Venezuela no está gobernada sino infragobernada o mal gobernada. En ocasiones, la dictadura ha acogido abiertamente la presencia terrorista en su territorio”, acota.
EE UU hace seguimiento al régimen en Venezuela
El informe indica que Venezuela corre el riesgo de convertirse en un estado fallido por el enfrentamiento entre esas facciones terroristas. “Dada la creciente escasez de recursos, hubo una mayor confrontación entre el ELN, los disidentes de las FARC y las fuerzas gubernamentales controladas por el régimen”, refiere.
El análisis de recuerda que la oposición democrática advirtió que el régimen había perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela. «Algunos miembros del régimen ilegítimo de Maduro y las Fuerzas Armadas mantuvieron vínculos financieros con disidentes de las FARC, el ELN y grupos paramilitares venezolanos. Incluso, se denuncia los crecientes enfrentamientos fronterizos entre estos grupos por el comercio ilícito y por el control territorial. Particularmente en la frontera de Venezuela con Colombia”, asienta.
El ELN continuó expandiendo su presencia más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia y consolidando su control social. Según medios locales e internacionales, el ELN estuvo presente en 12 de los 23 estados de Venezuela. Con especial fuerza en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Táchira y Zulia.
El Departamento de Estado señala que “los medios informaron de un papel cada vez más importante del ELN en la distribución de alimentos subvencionados por el estado, las cajas CLAP; el contrabando (gas, productos básicos, carne), la extorsión, la minería ilegal, el secuestro de personas, el sicariato y la propaganda de reclutamiento a través de estaciones de radio ilegales”.
Complicidad y confrontación con grupos terroristas
Sobre la complicidad del “régimen ilegal” de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro y sus asociados, con grupos terroristas apunta que se caracterizó tanto por el conflicto como por la cooperación.
Insiste en que dados los recursos cada vez más escasos, hubo una mayor confrontación entre el ELN, los disidentes de las FARC y las fuerzas gubernamentales controladas por el régimen.
En septiembre la prensa informó que 19 personas murieron en un tiroteo entre las Fuerzas Armadas venezolanas y el grupo disidente de las FARC, en el estado Apure. Los asociados de Maduro se han negado a reconocer las escaramuzas. Los señalan como criminales genéricos y no disidentes de las FARC”.
Detalla, asimismo, que “el régimen ilegítimo de Maduro controla el Poder Judicial y utilizó acusaciones de terrorismo para reprimir la disidencia y oprimir a la sociedad civil”.
Resalta que el tío de Juan Guaidó, los comisionados del gobierno interino y varios diputados de la Asamblea Nacional alineados con la oposición fueron acusados de terrorismo sin pruebas por el gobierno ilegítimo. En junio, el régimen inició acciones legales para declarar terrorista al partido político Voluntad Popular, uno de los cuatro principales partidos de oposición en Venezuela.
Las ONG y los líderes sindicales también han sido acusados falsamente sin pruebas. Al inventar estos “complots terroristas”, el régimen culpó sin mérito a Estados Unidos y Colombia, subraya el informe.
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