Ecologistas en Acción detuvo las actividades de la única mina de coltán que hay en España. Presentó ante los tribunales los graves daños al medio ambiente derivados de la minería. Se estaría contaminando el agua en Orense, Galicia.
Un juez paralizó cautelarmente la explotación de la mina Penouta en octubre. La Xunta acató la orden de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo de Justicia de Galicia de parar la explotación de la mina, aunque ya le había otorgado todos los permisos a la empresa Strategic Minerals Spain. Esta sala suspendió cautelarmente la resolución de la Xunta que dio luz verde al proyecto de explotación de la mina tras una denuncia de Ecoloxistas en Acción, que teme posibles daños ambientales en una zona protegida de Pena Trevinca dentro de Red Natura 2000
La organización ecologista lleva años denunciando el impacto de esta mina, incluidos los vertidos de residuos en los riegos de la zona y que afectan a Pena Trevinca, un lugar de importancia comunitaria. “Esperamos que el gobierno gallego cumpla con el dictamen del auto judicial. De no hacerlo, iniciaremos acciones ejecutorias y reclamaremos la responsabilidad personal de los funcionarios y altos cargos por los impactos generados», dijo Cristóbal López de Ecologistas en Acción.
La cantidad de tóxicos en el agua es alarmante
Un comunicado del grupo ambientalista señala que el Tribunal apreció los expedientes sancionadores que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil inició desde 2018 contra la mina «por denuncias del servicio municipal de aguas, de la población afectada y también de los ecologistas». Sin embargo, consideran preocupante que las pruebas realizadas omitieran los niveles de arsénico, mercurio, cadmio y plomo que hallaron en el agua. Una omisión que le evita a la empresa minera sanciones mucho más altas.
Además, advierten que Strategic Minerals Spain ha intentado hacer pasar la contaminación existente por algo natural, «como lo intentaron, sin éxito, en las minas de Touro y en San Finx para evitar responsabilidades».
La indignación por el cierre
La decisión del tribunal gallego sin trabajo a 129 empleados. Strategic Minerals, que manifestó su indignación ante la decisión judicial, es una compañía de capital mixto hispano-estadounidense. Explota la mina desde 2018. Recuperó una planta abandonada desde 1985 y se dedicó a la extracción del tantalio y niobio, los dos metales que componen el coltán. En junio del año pasado, la Xunta de Galicia le amplió la concesión.
La empresa argumenta que desde que «la mina funciona se han reducido al mínimo los residuos y se ha restaurado la zona abandonada por Rumasa«, un grupo de empresas propiedad de la familia Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, expropiada por el gobierno español en 1983.
Los 129 empleados lamentan “quedar en la calle sin solución ni futuro”. Los beneficiarios indirectos de la explotación también critican la decisión del tribunal. «Esta comarca ha tenido históricamente una economía muy deprimida y la mina podría darnos un impulso”, dijeron. Es una zona con pocas opciones laborales y la mina ofrece trabajo a los jóvenes. Al contrario de lo que suele suceder en otras explotaciones mineras, los vecinos salieron a la calle para expresar apoyo a la explotación minera de coltán.
El proyecto para extraer compuestos de niobio y tantalio, coltán, nació en 2012. Con los primeros permisos de investigación y los trabajos de exploración certificaron la viabilidad comercial de obtener coltán de la escoria del mineral extraído en los ochenta y del que aún queda en la mina, en colaboración con científicos del CSIC. La Xunta de Galicia concedió los permisos en 2022 por 30 años. A 18 meses de haberse iniciado la explotación la actividad fue suspendida por una decisión judicial.
Los ecologistas no tienen pruebas de contaminación
Desde la empresa minera aseguran que el grupo Ecologistas en Acción presentó alegaciones en la tramitación pública de la Declaración de Impacto Ambiental, pero no presentaron informes ni pruebas vertidos contaminantes. La empresa asegura que estos vertidos tóxicos no existen.
«La resolución se ha concedido sin valorar suficientemente el riesgo que tiene la explotación de la mina por estar cerca de una zona protegida. Los vecinos se sienten indefensos porque están jugando con el pan de 129 familias. Confiamos en que nuestro recurso de reposición sea atendido ante el perjuicio y daño efectivo que se ha provocado», argumenta Strategic Minerals.
En los días siguientes a la paralización de los trabajos en la mina, los vecinos de los pueblos vecinos, salieron a la calle con el lema “Penouta non se pecha” (Penouta no se cierra, en castellano). El pueblo de Viana do Bolo y su comarca recordó que «el 82% de los trabajadores de la mina son de la provincia de Orense y de ellos, el 75% son del entorno más cercano a la explotación minera». Los trabajadores cuentan con el apoyo de los sindicatos de la sección de industria de CCOO. “Todo parte de una denuncia de una organización ecologista», lamentan.
Strategic Minerals Spain pasó las inspecciones
La compañía minera Strategic Minerals Spain alega que antes de iniciar la explotación hubo una serie de trámites, inspecciones e informes de distintas administraciones y ninguna presentó objeción alguna. El CEO de la minera, Jaime Pérez Branger, indicó que durante estos años la plantilla de trabajadores pasó de 30 a 130. Lo considera un repunte para la economía de esas familias en una zona con precarias opciones laborales. Además, otras empresas, “desde ferreterías hasta hosteleros”, dependen del desarrollo de este proyecto minero. «También hay pequeños inversores de una empresa que cotiza en la bolsa de Toronto, Canadá, desde 2021», añadió.
El empresario dijo que sorprende que paralicen una mina que estaba funcionando perfectamente bien y que cumplió todos trámites ambientales exigidos. «La decisión, insiste, ha sido apresurada y no estudiada» y dice que los habitantes de los pueblos cercanos y las autoridades locales les han mostrado todo su apoyo. «Tenemos el apoyo unánime de la sociedad civil», asegura.
Recurso de la Xunta de Galicia
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, dijo que recurrirán la decisión del tribunal, aunque por los momentos hay que acatar el fallo judicial que ordena la paralización de actividades en la mina.
«No estoy de acuerdo, pero respeto la ley. La sentencia pone en duda los informes técnicos realizados por la Xunta de Galicia sobre la operatividad del proyecto minero, pero habrá que esperar el recurso», agregó.
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