Piden que las presiones de la industria a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la actual situación geopolítica no debiliten la propuesta de reglamento para frenar la destrucción de los bosques en el mundo.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF alertan a los ministros de Medio Ambiente que se reúnen en Bruselas de que el Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada corre el riesgo de no servir para frenar la deforestación.
En los últimos meses el Gobierno español ha realizado un estudio sobre el impacto que supondría la aplicación del Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada y, aunque este estudio no se publicó oficialmente, sí ha trascendido la contradicción de sus conclusiones. Por un lado, se aboga por no rebajar las prohibiciones ni la ambición ambiental de la propuesta de la Comisión Europea. Por otro, se exige no afectar los costes de producción de la industria de piensos y la ganadería industrial con el argumento de que la industria cárnica española perdería competitividad.
Quien contamina, paga
Las organizaciones ambientalistas consideran un error analizar el impacto de la ley en el comercio desde un punto de vista cuantitativo. Es más, la producción de materias primas y de productos derivados genera externalidades negativas cuyos costes se trasladan al conjunto de la sociedad y no a los que generan esos costes. Argumentan que el hecho de que algunas empresas tengan que invertir en servicios para cumplir con la nueva ley es simplemente coherente con el principio incluido en los tratados de la UE. El que contamina debe pagar.
Entre las empresas que intentan impedir una legislación ambiciosa están las multinacionales de la soja ADM, Amaggi, LDC, Viterra, Bunge y Cargill —estas dos últimas con fuerte presencia en el Estado español— que incumplen sistemáticamente sus compromisos ambientales y han aumentado la deforestación. Igualmente, la Federación Europea de Aceites y Oleaginosas ha sugerido que la actual propuesta de la UE es problemática para la industria.
En cambio, otros sectores como el del cacao, con una cadena de suministro más compleja que la de la soja, rastrean su suministro utilizando mapas de polígonos, que son más avanzados que la geolocalización. Sus pequeños productores piden que el reglamento sobre deforestación exija una trazabilidad completa que incluya la geolocalización.
Deforestación convierte en sabana la selva amazónica
Afirman que para reducir el impacto ambiental del consumo de la UE es absolutamente necesario y prioritario extender la protección de la propuesta de la UE a otros ecosistemas. Existen vínculos claros entre consumo, en particular de soja destinada a la alimentación animal, y la conversión de bosques a pastizales, como los «puntos críticos de deforestación» del Cerrado en Brasil y el Chaco en Argentina y Paraguay.
«Si estos ecosistemas no se incluyen en las definiciones del reglamento entre los espacios protegidos de conversión o degradación, se seguirá impulsando la destrucción de la naturaleza a gran escala. De todas las materias primas importadas por la UE, la soja fue la que más deforestación y conversión causó entre 2005 y 2017, incluso más que el aceite de palma, y la mayor parte se concentró en un bioma crítico, el Cerrado de Brasil», argumentan.
Asimismo, a las organizaciones ambientalistas les preocupa que, ante la trágica situación en Ucrania, algunos gobiernos cuestionen la necesidad de cambiar o acelerar el paso hacia un sistema alimentario y agrícola más sostenible. «Y debe ser todo lo contrario, este es el momento de buscar con urgencia propuestas que aumenten la soberanía, la sostenibilidad y la democracia de nuestros sistemas alimentarios y energéticos. Las emergencias climáticas y bioenergéticas no esperarán a que este conflicto acabe, pero sí podrían provocar una mayor inestabilidad e inseguridad mundial», apuntan.
España es tercera en deforestación importada
La aplicación inmediata de un reglamento ambicioso para frenar la deforestación importada evitaría la pérdida de servicios ambientales que son imprescindibles y la pérdida económica, social y ambiental asociada al daño de ecosistemas (entre otros de la Amazonia, El Cerrado o El Pantanal).
“En 2017, la UE fue responsable del 16 % de la deforestación tropical importada y España ocupó la tercera posición en la lista de países europeos con más responsabilidad. La deforestación solo puede agravar la actual crisis ambiental, social y económica que estamos viviendo. Ahora, más que nunca, necesitamos seguir recorriendo el camino que marca el Pacto Verde Europeo y hacer todo lo posible para que los sistemas alimentarios se desvinculen de la destrucción de la naturaleza”, declararon.
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