Organizaciones ecologistas interpusieron una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España, por inacción ante el cambio climático. Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón dieron un paso adelante en el proceso judicial emprendido en septiembre.
En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo. En ese sentido, argumentan que los esfuerzos del Gobierno resultan insuficientes para cumplir con las metas comunitarias. Así como con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gestiones previas.
“Por esta falta de acción ante el cambio climático, y por no tener un Plan de respuesta ante este grave problema, tal y como obliga la Unión Europea, las organizaciones tomaron la decisión de llevar al Gobierno ante los tribunales. Tener una política climática que nos permita disfrutar de un futuro sostenible es una obligación legal”, indicaron,
Esta acción judicial se suma a la lista de litigios climáticos presentados en el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.
El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda logró este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo. Al condenar al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática.
Ecologistas demandan al Gobierno
La demanda introducida por los ecologistas se basa en la constatación de que los Gobiernos de España y el actual en particular, han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.
Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. Actualmente, mientras la Unión Europea (UE) ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Ejecutivo español propone solo un 23%.
“La falta de ambición climática del Gobierno se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. No estamos hablando de meros números, sino de las consecuencias devastadoras que estos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia”, dijo Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las organizaciones.
Organizaciones y ciudadanos se suman al proceso
Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático. Además, de la vulneración de derechos humanos derivada de este cambio.
También incluyen las conclusiones de dos informes periciales. Uno sobre los impactos del cambio climático en España, elaborado por José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Allí demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país.
El otro informe se centra en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid. Revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.
Metas insuficientes de reducción de energías fósiles
Entre los argumentos esgrimidos en la demanda de los ecologistas, destaca que el Gobierno prevé que en 2030 el país seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético. Un modelo basado en los combustibles fósiles que, además de ser responsable del cambio climático, contamina gravemente el aire. Esto, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca más de 30.000 muertes prematuras en España cada año.
Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental no solo para evitar los peores impactos del cambio climático, sino también para mejorar la calidad del aire.
España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de Europa y también es el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Los ecologistas insisten en que el Gobierno está obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones.
Hasta el momento, más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas del país, se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que a la fecha, ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas.
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