La compañía Drax ha establecido las condiciones de compra que pactará con la energética española Iberdrola tras adquirir activos de generación en el Reino Unido. Con este contrato Drax logrará asegurarse de recibir compensaciones por pagos por capacidad perdida ante la suspensión de un programa gubernamental.
Debido al calentamiento global se han establecido exigencias para contribuir con el medio ambiente y buscar soluciones de buen impacto que permitan frenar este fenómeno. La energética Drax ha adoptado varios mecanismos para sumarse a las energías renovables y así aportar su grano de arena a esta lucha.
Drax compró en Reino Unido a la empresa Scottish Power, de Iberdrola, varias plantas de energía hidroeléctrica y de bombeo, el mes de octubre, por la suma de 702 millones de libras (lo que equivale aproximadamente a unos 801 millones de euros), para alejarse de la producción basada en carbón antes del 2025, fecha límite que puso el Gobierno para incorporar a las labores mecanismos alternativos.
Cortes Eléctricos son un riesgo para Drax
La empresa británica pende de un hilo con los pagos a las centrales que va a comprar en el acuerdo con Iberdrola, luego de que el Gobierno suspendiera el plan de reserva energética. La energética confía en que la Comisión Europea aprobará nuevamente el actual mercado, pero mientras tanto se mantienen a la espera de la decisión.
El Reino Unido suspendió en el mes de noviembre el plan llamado mercado de capacidad, el cual abordaba las reservas energéticas para prevenir los cortes de electricidad, esto mientras los reguladores de la Unión Europea (UE), realizan una investigación sobre el tema.
Este plan de reserva energética les cancela sumas de dinero a los proveedores para que proporcionen energía dentro de en un plazo muy breve y de este modo se eluden cortes, esto si se produce el cierre de las plantas de carbón, sumado a los bajos precios que disuaden a los inversores de la construcción de nuevas plantas.
Plan de reguardo
Drax ha logrado un acuerdo con la firma Iberdrola bajo un programa de riesgo compartido que garantiza un pago de 26 millones de libras dependiendo de los términos.
Según lo establecido, si el resultado de los pagos de capacidad está por debajo del 100 por ciento desde el 01 de enero hasta el 30 de septiembre del año próximo y el beneficio bruto de la cartera para todo el año es inferior a 155 millones de libras, Iberdrola tiene que cancelarle a la empresa Drax la suma de 26 millones de libras.
Según los términos revisados, si se reciben menos del 100 por ciento de los pagos de capacidad desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019 y el beneficio bruto de la cartera para todo el año es inferior a 155 millones de libras, Iberdrola pagará a Drax hasta 26 millones de libras.
De igual forma, si el beneficio bruto de 2019 pasa los 165 millones de libras, la compañía británica Drax le cancelará a Iberdrola el pago de 26 millones de libras.
La compañía a Drax tenía como expectativa que para el primer acuerdo la cartera de activos de Scottish Power contribuyera con un beneficio bruto de hasta 175 millones de libras para el año 2019.
EL CEO de Drax Group, Will Gardiner, resaltó a través de un comunicado que “el mercado de capacidad es un pilar central de la política energética del Reino Unido y garantiza la seguridad del suministro al tiempo que minimiza los costes para los consumidores».
Así mismo, manifestó que buscan proteger el dinero invertido en este proyecto a pesar de las investigaciones que está realizando la Unión Europea. «Para mitigar el riesgo de que los pagos por capacidad tarden en restaurarse, hemos acordado unos términos revisados que ofrecen protección en 2019», añadió Gardiner.
Analista han expresado que el restablecimiento del mercado de capacidad no es tan sencillo y que ello podría tardar un año o más.
El Tribunal General de la Unión Europea inhabilitó con una sentencia la decisión de la Comisión Europea, la cual sostenía que el mercado de capacidad de Reino Unido era totalmente compatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales
La sentencia del Tribunal General de la UE en octubre anuló una decisión de la Comisión Europea, que había dicho que el mercado de capacidad de Reino Unido era compatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales.
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