Por Juan Emilio Ballesteros
26/11/2015
Si no se encuentra una solución in extremis, la multinacional Abengoa, referente global en energías renovables, protagonizará el mayor descalabro en la historia industrial de España, con una deuda de 9.000 millones de euros que ha forzado el preconcurso de acreedores y abocará a una suspensión de pagos que superaría incluso la del grupo Martinsa Fadesa, que dejó un agujero de 7.000 millones de euros. La empresa, con el agua al cuello, necesita urgentemente un caballero blanco que evite su despiece y el reparto de sus divisiones más golosas entre los que pujen más alto por sus partes.
Aunque los principales analistas financieros estiman que los bancos no dejarán caer a la firma de ingeniería, también coinciden en señalar que una parte importante de la deuda no se recuperará. Tras la renuncia de Gonvarri, la compañía del Grupo Gestamp que había comprometido 650 millones de euros y que a última hora dio marcha atrás en desacuerdo con las condiciones de financiación, la supervivencia de la emblemática firma andaluza, fundada hace 75 años en Sevilla por la familia Benjumea con un capital de 1.000 euros, está seriamente comprometida.
Nada más conocerse que Abengoa se veía abocada al preconcurso para intentar salvar los muebles, han arreciado las voces que reclaman un rescate del Gobierno para evitar el desastre y la sangría en puestos de trabajo. La multinacional cuenta con un pasivo de 27.000 millones de euros en su balance y emplea a 24.300 personas en todo el mundo, 5.573 de ellas en España, fundamentalmente en Sevilla, donde tiene su sede. Tanto desde el Gobierno, en boca del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como desde la Junta de Andalucía, con la implicación directa de la presidenta Susana Díaz, se ha pedido a las principales entidades bancarias –las españolas Santander, CaixaBank, Sabadell, Popular y Bankia y las extranjeras HSBC, Bank of America y Société Genérale– que aporten los recursos financieros suficientes para que los inversores puedan entrar.
El principio del fin del orgullo de la ingeniería española, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene sedes en más de 70 países, comenzó a visualizarse en el año 2013, a partir de la reforma del sector energético en España. Hasta entonces la empresa se había beneficiado de las generosas subvenciones que el Gobierno destinó a las renovables, unas ayudas luego retiradas que encumbraron a Abengoa hasta tal punto que el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió la trayectoria de la compañía, a la que puso como ejemplo a seguir.
Pero la innegable apuesta por la innovación y el éxito en la expansión internacional no pueden ocultar en modo alguno los errores de gestión, responsabilidad de la familia Benjumea y de su particular forma de entender el negocio, con una opacidad que ha impedido conocer el estado real de las cuentas hasta que la situación se ha hecho insostenible. De esta falta de transparencia son responsables no sólo los gestores, sino todos aquellos que desde su responsabilidad institucional, política o social no han levantado su voz para evitar esta calamidad, ni siquiera para defender los puestos de trabajo ahora en peligro.
Los problemas de liquidez habían comenzado en 2012. La firma no generaba suficientes ingresos para atender sus inversiones. El escándalo estalló hace un año al evidenciarse un descuadre entre las cuentas que presentó y las reales. Este falseamiento de la deuda neta corporativa de la compañía duplicaba la contabilizada al no haber incluido en el balance los denominados bonos verdes, es decir, los títulos destinados a la financiación de proyectos de energía renovable. La inestabilidad de la acción ha continuado durante todo el año, una incertidumbre que ha ocasionado continuas caídas en Bolsa. Si los inversores ya albergaban serias dudas sobre la viabilidad del grupo, el desplome bursátil no hizo sino aumentar los recelos y agravar la situación.
El hundimiento de la empresa de referencia en Andalucía no supone nada nuevo en una comunidad autónoma que ha asistido impertérrita al desmantelamiento de su exiguo sector industrial, con el cierre de empresas que fueron pujantes y que languidecieron por falta de estímulo, iniciativa y capacidad emprendedora, como ocurrió con Astilleros y la reconversión naval, Hytasa, Sevillana de Electricidad, Cajasol, Cruzcampo o, más recientemente, con las dificultades que atraviesa el gigante aeronáutico Airbus.
Ahora, con Abengoa, sucede lo mismo ante el mutismo de la Junta, el Parlamento andaluz, la patronal y los sindicatos, que han mirado para otro lado, consintiendo esta situación, y ni siquiera se han atrevido a exigir que se mantengan los puestos de trabajo. El Gobierno central ha actuado con la misma desidia, comparable sólo al silencio cómplice que mantiene ante el escándalo de la multinacional Volkswagen, que anunció inversiones millonarias en sus plantas españolas que ahora están seriamente comprometidas tras el dieselgate.
Ante unas perspectivas tan negras, ya ha comenzado la desbandada. Javier Garoz, el máximo responsable de Abengoa Yieldco, la filial del grupo andaluz en Estados Unidos, abandona el barco. La empresa tiene a partir de ahora cuatro meses para buscar un inversor en medio de la zozobra de los acreedores, que tendrán que vender a pérdidas o emprender una negociación para completar la liquidación. Si no se alcanza el acuerdo extrajudicial, se irá a la suspensión de pagos.
En realidad, el desenlace es la crónica de una muerte anunciada, el fin de una gestión familiar de una empresa tecnológica que un día quiso ser la Siemens andaluza y que no supo adaptarse ni a los nuevos tiempos ni a las exigencias de un mercado globalizado. De los 650 millones con que Gestamp hubiese salvado el preconcurso de acreedores, la ampliación de capital tendrá que ser ahora muy superior, hay quien apunta que el doble, con una quita entre bonistas, banca y acreedores de al menos el 60%. Lo más probable es que se proceda al desguace de la compañía y que la parte de ingeniería sobreviva como core bussines al amparo de otra compañía.