El Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad o CS3D. Los Estados miembros de la UE tienen un plazo máximo de dos años para transponerla a sus leyes. La Directiva introduce obligaciones para las grandes empresas en relación con los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos y la protección del medioambiente.
El objetivo de esta disposición jurídica es fomentar un comportamiento corporativo sostenible y responsable en las operaciones de las empresas y en sus cadenas de actividades globales. La normativa garantizará que las empresas identifiquen y aborden los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus acciones dentro y fuera de Europa.
La CS3D se refiere no sólo a las operaciones de sus casas matrices o sedes principales sino también a las actividades de sus filiales y de sus socios comerciales a lo largo de la cadena de actividades de las empresas.
“Las grandes empresas deben asumir sus responsabilidades en la transición hacia una economía más verde y de más justicia social. La directiva de Due Diligence de Sostenibilidad Corporativa nos dará la posibilidad de sancionar a aquellos actores que violen sus obligaciones. Es un paso concreto y significativo hacia un lugar mejor donde vivir para todos”, afirmó Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro y ministro de Economía y Empleo de Bélgica.
Obligaciones de las empresas en la UE
Señala el Consejo que la Directiva afectará a empresas de más de 1.000 empleados con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros. Y sus actividades van desde la producción de bienes o la prestación de servicios hasta la distribución, el transporte o el almacenamiento de productos. La cadena de valor en su totalidad.
Las empresas afectadas por la nueva legislación tendrán que adoptar e implementar un sistema basado en riesgos para monitorear, prevenir o remediar los derechos humanos o los daños ambientales identificados por la directiva. Esta normativa debe incluirse en las estrategias corporativas como una ventaja competitiva.
El texto aprobado por el Parlamento y ahora ratificado por el Consejo, es resultado de un proceso legislativo iniciado hace más de dos años por la Comisión Europea. En la norma resultante, las expectativas iniciales se han rebajado mediante el cambio o ajuste de palabras y conceptos. La Directiva se aplicará en función del tamaño de las empresas con arreglo al siguiente calendario:
- tres años después de la entrada en vigor de la Directiva, para las empresas con más de 5 000 empleados y un volumen de negocios de 1 500 millones de euros;
- cuatro años después de la entrada en vigor, para las empresas con más de 3 000 empleados y un volumen de negocios de 900 millones de euros;
- cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva para las empresas con más de 1 000 empleados y un volumen de negocios de 450 millones de euros.
También se ampliaron los plazos de entrada en vigor y ejecución. Y se eliminaron los aspectos de gobierno corporativo interno relativos a los consejeros. En particular, las normas sobre sus obligaciones de diligencia debida y la retribución variable vinculada a objetivos climáticos.
La disposición final produjo una aclaración de las causales de responsabilidad civil empresarial, que requiere culpa o negligencia y daño al bien jurídico de una persona natural o jurídica protegida por la norma. La capacidad para interponer acciones de responsabilidad civil también es limitada.
Mayor protección a personas y organizaciones
La Directiva, basándose en las directrices internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, establece seis etapas para integrar la Diligencia Debida en la cadena de valor en materia medioambiental y de derechos humanos. Son ellas:
- En las políticas de la empresa. Deberán contener una descripción del enfoque de la empresa en el largo plazo. Así como las nuevas normas de código de Conducta Empresarial Responsable que desarrollará. Y, además, deberán explicar el funcionamiento de dichos procesos y de la implementación de medidas para verificar el cumplimiento. En los ámbitos de la CER y tal y como establece la Guía de la OCDE de Debida Diligencia.
- Identificación de los impactos adversos reales o potenciales. Este ejercicio de delimitación permitirá a las empresas priorizar las áreas de riesgo más significativas. Las compañías tendrán que aportar información, tanto cualitativa como cuantitativa, recogida a través de distintos canales. Esta etapa puede ampliarse con consultas a distintos grupos potencialmente afectados, desde trabajadores o partes interesadas hasta otros terceros.
- Prevención y mitigación de los impactos. Cuando los impactos adversos no puedan ser inmediatamente mitigados, las compañías pondrán el foco en minimizar su extensión. Las acciones llevadas a cabo serán proporcionales a la severidad y a la implicación de la compañía en dichos impactos.
- Establecer y mantener un mecanismo de notificación. Las empresas deberán ofrecer la posibilidad de que se presenten reclamaciones cuando personas u organizaciones tengan preocupaciones legítimas. En relación con impactos adversos reales o potenciales con respecto a las propias operaciones de las empresas.
- Supervisión de la eficacia. Se realizarán evaluaciones periódicas para controlar la eficacia de la identificación, prevención, mitigación, eliminación y reducción de los impactos adversos.
- Comunicación. Las empresas deberán comunicar externamente la información que sea relevante sobre las políticas, procesos y actividades de diligencia debida.
Beneficios en personas, empresas y países
La Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial es un instrumento legal esperado por aquellos interesados en apurar la transición verde. Según los analistas, su vigencia tendrá impactos positivos en las personas, empresas y el planeta.
Para los ciudadanos, ofrecerá una mejor protección de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Aportará un entorno más saludable para las generaciones presentes y futuras. Abarcando a la migración causada por el cambio climático.
Esta norma permitirá que las personas tengan una mayor confianza en las empresas y cuenten con un marco jurídico más transparente que les permita tomar decisiones. Así como disponer de un mejor acceso a la justicia para las víctimas.
Las compañías, aunque algunas muestren resistencia por la cantidad de obligaciones, disfrutarán de una juridicidad armonizada en la UE y de seguridad jurídica e igualdad de condiciones. Tendrán una mayor confianza del cliente y compromiso de los empleados. Y conciencia de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Contarán a su vez con una mejor gestión de riesgos, más resiliencia y mayor competitividad. Así como mayores incentivos para la innovación y mejor acceso a la financiación.
La normativa recién aprobada por el Consejo de la UE también beneficiará a los países en desarrollo, pues contará con una mejor protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Se verán favorecidos con una inversión sostenible, desarrollo de capacidades y apoyo a empresas de la cadena de valor. Mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad. Y, sin dudas, con una mejora de las condiciones de vida de las personas.
Francia encarcelará los CEO que incumplan
Francia es el primer Estado miembro de la UE que incorpora la directiva a su legislación nacional e introduce sanciones asociadas al incumplimiento. Así, 2024 será el primer año de recopilación de datos y en 2025 deberán presentarse los primeros informes. Francia introdujo la posibilidad de ir a prisión para cualquier director corporativo que incumpla la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa.
La pena incluye una multa de hasta 81.400 dólares y una pena de hasta 5 años de cárcel . Los directores de una empresa que no presenten informes a un auditor externo se enfrentan a hasta dos años de cárcel.
Algunas empresas estadounidenses se verán afectadas por las regulaciones CSRD dentro de la UE. Los criterios para las empresas afectadas incluyen:
- Más de 250 empleados;
- Una facturación superior a los $43,5 millones;
- $21,7 millones o más en activos totales.
Las empresas con sede fuera de la UE tienen un año adicional para cumplir con los requisitos CSRD, y los datos de 2025 se publicarán en 2026.
Situación española
Aunque un 77% de las empresas realizan procesos de diligencia debida, un 71% detalla los principales impactos en sus operaciones y sólo el 51% informa sobre los impactos en su cadena de suministro. Sin embargo, poco más de la mitad, un 54%, tiene medidas de reparación ante impactos negativos probados.
En cuanto a su compromiso con los derechos humanos, el porcentaje de empresas españolas comprometidas a respetar y apoyar a los derechos humanos aumentó del 47% al 89% en 2021. La CS3D ofrece una oportunidad para promover una cultura empresarial más ética y responsable en España.
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