La aprobación de nuevas medidas en la Directiva Refundida de Eficiencia Energética de la Unión Europea, dirigidas a acelerar la eficiencia energética, han generado confusión en algunos actores de ese mercado en España. Al punto de que la Asociación Española del Gas, Sedigás, salió al paso para aclarar que, en ningún caso, la directiva de la UE prohíbe las calderas de gas y obliga a la sustitución de éstas por bombas de calor.
La nueva directiva, publicada el 6 de octubre en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor en 20 días. A partir de entonces los Estados miembros del bloque tendrán dos años para transponer la mayoría de los diferentes elementos de la directiva a su legislación nacional.
Su texto introduce una serie de medidas para apresurar la transición hacia la energía verde, facilitar el despliegue masivo de renovables y alcanzar la descarbonización. Incluida la adopción del principio de “primero la eficiencia energética” en las políticas energéticas y no energéticas. Sin embargo, la normativa disparó las interpretaciones y algunas alarmas.
El pronóstico del sector gasista
El sector gasista advirtió que la sustitución del parque actual de calderas en España por bombas de calor como solución para la descarbonización residencial «no será posible en España». Sostuvo que no representa la mejor solución dado el tipo de edificación en el país y además porque tendría un costo económico de 201.314 millones de euros.
Según Sedigás, la directiva «solo indica que a partir del 1 de enero de 2026 no se permitirán medidas de eficiencia energética que contemplen el uso directo de combustibles fósiles, ni subsidios para su uso en edificios residenciales». Esto es, “limita cualquier tipo de subvención o ayuda directa en el ámbito de la eficiencia energética para la adquisición o renovación de calderas. Pero no a su instalación”.
¿Qué dice la directiva de la UE sobre las calderas de gas?
Sedigás comentó que una eventual prohibición de las calderas de gas por parte de la UE (incluidas las preparadas para funcionar con energía renovable) «tendría un efecto adverso en la transición energética. Dadas las dificultades de algunos hogares para acceder a otras opciones de calefacción renovable debido a limitaciones financieras y técnicas».
La asociación también advirtió que confiarlo todo a esta última tecnología va en contra de una transición justa. Resulta económicamente inasumible para muchas familias. Agregó que carece de sentido limitar el uso de soluciones tecnológicas sin considerar las características técnicas de las viviendas.
El sector gasista apeló a “desterrar la falsa percepción de que solo existe una forma de descarbonizar la calefacción de los hogares. A la que se suma la dicotomía interesada e inexacta de confrontar las soluciones descarbonizadas que ofrecen los gases renovables. También el biometano o hidrógeno renovable, frente a las soluciones eléctricas.
Sedigás se refirió a un hipotético escenario en el que se prohibieran las calderas de gas. E insistió en las negativas consecuencias que conllevaría dar un paso más en la prohibición de las calderas. Tanto para las economías domésticas como para el propio medio ambiente.
Además, estimó que esa sustitución del parque actual de calderas (unos 11,1 millones de equipos) hacia la aerotermia equivaldría a cerca de dos veces el gasto público en Sanidad, reseña Libre Mercado. Precisó que el despliegue de la bomba de calor requiere una inversión que supera el 90% de la renta media neta disponible. Con un importe de unos 18.000 euros.
A una sustitución de las calderas habría que añadir una «alta inversión» en infraestructura eléctrica, con el fin de duplicar la red de distribución eléctrica actual para su suministro.
La UE enfatiza bondades de las bombas de calor
Si bien la directiva de la UE no prohíbe las calderas de gas, sí exalta las bondades de las bombas de calor. Señala que son una tecnología madura y más eficiente energéticamente que las calderas. Y permiten un mayor uso de fuentes de energía renovables, energía ambiental y calor residual. En los edificios, las bombas de calor se utilizan para calefacción, agua caliente sanitaria y, en algunos casos, también para refrigeración.
En lugar de producir calor, extraen y mejoran la energía ambiental (calor o frío del aire exterior y las aguas superficiales o residuales) o energía geotérmica (calor o frío del suelo o de las aguas subterráneas). El ciclo de refrigeración es en la mayoría de los casos un ciclo de compresión de vapor que consume energía eléctrica. Pero también hay ciclos de sorción que funcionan con calor.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que las bombas de calor reducirán la demanda de gas de Europa para calefacción de edificios en al menos 21.000 millones de metros cúbicos en 2030.
En ese sentido, la UE sugiere que con la eliminación gradual de las calderas independientes para 2029, se puede esperar un despliegue adicional total de 30 millones o más de bombas de calor para 2030 en comparación con 2020. Inclusive advierte nuevos instrumentos de financiación apoyarán el despliegue de bombas de calor.
A partir de 2026, los países de la UE podrán beneficiarse del Fondo Social para el Clima. Un nuevo Fondo de la UE de 86.700 millones de euros que permitirá apoyar medidas de eficiencia energética y la descarbonización de la calefacción y la refrigeración en los edificios. Incluida la instalación de bombas de calor, para hogares vulnerables (en particular aquellos en situación de pobreza energética) y microempresas.
Reformar el mercado de la luz
Los países de la UE acordaron reformar el mercado de la electricidad. El texto final tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, con el objetivo de finalizar la reforma antes de que acabe el año.
La ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, indicó que se ha encontrado un «equilibrio que habrá que preservar estrictamente» en la negociación con la Eurocámara.
La Comisión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la industria eléctrica querían acometer el ajuste de mercado y coincidían en las grandes líneas: facilitar el despliegue masivo de renovables y disminuir la dependencia rusa, reseñó Libre Mercado.
Alemania, con el apoyo de socios de Países Bajos, Dinamarca, Italia o Luxemburgo, teme que Francia consiga una fuente continua de ingresos en forma de ayudas de Estado para su industria. A través de los llamados contratos por diferencia (CfD). Mientras que un tercer bloque presionaba por cerrar el expediente cuanto antes. Francia cuenta con el respaldo de países como Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovaquia o Malta.
Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador. Y después se devuelve la diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.
París quería que su parque potente nuclear pudiera beneficiarse de los llamados CfD. Entretanto, Berlín temía que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generasen unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria gala, mermando la competitividad germana. La división eléctrica, prácticamente inalterada desde que la Comisión Europea presentara su propuesta en marzo, residía esencialmente en un artículo, el 19-b, que regula esos contratos.
Otro impuesto climático
Se acordó que esos contratos por diferencia se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil. Independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías. Pero respetando que en algunos casos los CfD no se apliquen de forma automática sino que tengan que obtener el visto bueno de la Comisión Europea a la luz del régimen de ayudas de Estado. Como hasta ahora.
Asimismo, la UE quiere introducir en la cumbre climática COP28 la idea de que el sector de los hidrocarburos haga una «contribución financiera» al desarrollo. Algún incentivo que se convierta en posible impuesto global. Con la finalidad de que las empresas de hidrocarburos contribuyan a que «los países vulnerables puedan adaptarse al cambio climático».
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