El gobierno de coalición de Dinamarca aprobó un impuesto sobre los gases de efecto invernadero emitidos por el ganado -vacas, ovejas y cerdos- a partir de 2030. Una clara respuesta a los desafíos climáticos de la agricultura luego de largas negociaciones y extensas deliberaciones.
El gobierno y los representantes de los agricultores, la industria y los sindicatos llegaron a un acuerdo para el desarrollo ecológico de la agricultura, mejores condiciones para la biodiversidad y la protección del agua, entre otros.
Lo datos actualizados de Statistic Denmark indican que en junio de 2022 había 1,4 millones de vacas en el país escandinavo. El ganado -a través de eructos y flatulencias- es responsable del 32% de las emisiones de metano. Una vaca danesa produce unas 6 toneladas métricas de CO2 al año. Dinamarca es un gran exportador de productos lácteos. También gravará a los cerdos, aunque producen muchas menos emisiones.
Al asumir una decisión impositiva de ese calibre, Dinamarca intenta combatir esta fuente de emisiones de metano, uno de los gases que más contribuyen al calentamiento global. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% respecto a los niveles de 1990 para 2030.
«Daremos un gran paso hacia la neutralidad climática en 2045. Dinamarca será el primer país en introducir un impuesto real sobre las emisiones de CO2 en la agricultura», afirmó Jeppe Bruus, ministro de Hacienda. La decisión se anunció tras meses de protestas agrarias en toda Europa. Los ganaderos y agricultores afirman que las medidas de alivio del cambio climático y demás regulaciones los llevan a la bancarrota.
Entre las opciones para reducir las emisiones están las dietas equilibradas, el uso de aditivos con potencial antimetanogénico y empleo de algas. Así como una elección genética y la reducción del consumo de carne y leche.
Dinamarca gravará las emisiones del ganado
La agricultura es la mayor fuente de emisiones de Dinamarca. El acuerdo también implica invertir 3.700 millones de dólares en la reforestación y la restauración de los humedales. Pero los ganaderos tendrán que pagar un impuesto de 40 euros por tonelada de dióxido de carbono en 2030. A los cinco años, el gravamen aumentará a cien euros. Sin embargo, debido a una deducción del 60% del impuesto sobre la renta, el coste real por tonelada empezará en 16 euros.
La Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza, la mayor organización medioambiental y de conservación de Dinamarca, describió el acuerdo fiscal como un compromiso histórico. «Hemos logrado un compromiso sobre el impuesto de CO2 que sienta las bases para una industria alimentaria reestructurada a partir de 2030, dijo Maria Reumert Gjerding, directora de la ONG.
Experimento aterrador
El sistema alimentario mundial contribuye a la crisis climática y produce alrededor de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones directamente vinculadas a la ganadería, desde los eructos de los animales hasta la fermentación del estiércol, representan un 60% del total. En cuanto a las emisiones indirectas, la FAO contabiliza la fabricación de abonos y pesticidas para la producción de piensos, el transporte y la transformación del producto animal. Pero también la conversión de bosques en campos de pastoreo o de cultivo de soja destinados a producir el forraje.
Nueva Zelanda había aprobado una ley similar que debía entrar en vigencia en 2025. Sin embargo, la norma fue eliminada de los registros oficiales tras duras críticas de ganaderos y un cambio de gobierno en las elecciones de 2023, que llevaron al país de un gobierno de centroizquierda a otro de centroderecha. Nueva Zelanda dijo que excluirá a agricultura y ganadería de su plan de reducción de emisiones a cambio de buscar otras formas de reducir el metano.
En los primeros dos años los ingresos del impuesto al ganado en Dinamarca se utilizarán para apoyar la transición verde de la industria agrícola y luego se reevaluarán. «El objetivo del impuesto es lograr que el sector busque soluciones para reducir las emisiones», comentó el economista jefe de Concito, Torsten Hasforth.
Por ejemplo, los agricultores podrían cambiar los piensos que utilizan. Pero el grupo de agricultores daneses Bæredygtigt Landbrug indicó que las medidas equivalían a un “experimento aterrador”. «Creemos que el acuerdo es pura burocracia. Reconocemos que existe un problema climático, pero no creemos que este acuerdo vaya a resolver los problemas. Al contrario, pondrá un freno a las inversiones verdes en la agricultura”, dijo Peter Kiær presidente del grupo..
Liberar de impuestos a los que reducen las emisiones
Peder Tuborgh, director ejecutivo de Arla Foods, el grupo lácteo más grande de Europa, argumentó que el acuerdo era “positivo”. Sin embargo, propone que los agricultores que “realmente hacen todo lo posible para reducir las emisiones” no estén sujetos al impuesto. «Es esencial que la base impositiva para el impuesto al carbono se base únicamente en las emisiones», añadió.
Kristian Hundeboll, director ejecutivo del Grupo DLG, una de las empresas agrícolas más grandes de Europa y una cooperativa propiedad de 25.000 agricultores daneses, dijo que era “crucial para la competitividad” que el impuesto estuviera “anclado” en la legislación de la Unión Europea. «Ni el clima, ni la agricultura ni las industrias auxiliares se benefician de que Dinamarca actúe unilateralmente», agregó.