Ocho años después de una insistente solicitud de la Fiscalía de Brasil para investigar la contaminación de una empresa productora de aceite de palma, la justicia declinó a favor de abrir una averiguación. Mientras tanto, poblaciones indígenas se han visto severamente afectadas por la contaminación de ríos, suelos y quebradas.
La palma de aceite, conocida como dendezeiro en Brasil, puede producir hasta diez veces más aceite vegetal por hectárea que otros cultivos. Pero es regularmente condenada por ser perjudicial para la biodiversidad de los bosques tropicales de Asia, África y América Latina.
El Tribunal Federal del Circuito de la Primera Región de Brasilia aprobó una investigación forense sobre la contaminación por pesticidas y los impactos socioambientales y de salud en la comunidad indígena Turé-Mariquita. Y la zona de producción del mayor productor de aceite de palma del país, Biopalma, adquirida por Brasil BioCombustibles S.A. (BBF) a fines de 2020. Una decisión largamente esperada por el Ministerio Público Federal, que lidera esta batalla legal desde 2014.
En su fallo, el juez federal Jamil Rosa de Jesús Oliveira, calificó de “necesaria” la investigación. Permitirá “observar los efectos de la aplicación de plaguicidas en el monocultivo de palma aceitera en los arroyos y suelos de la región. Así como en las zonas aledañas y limítrofes, y sus efectos sobre los pueblos indígenas”, reseñó Mongabay.
Representantes de la Fiscalía llegaron al Instituto Evandro Chagas (IEC), un laboratorio con sede en Pará. Dijeron que es el mejor en Brasil para llevar a cabo la investigación forense que cubre todo el ciclo hidrológico en la región durante más de un año.
Aceite de palma: contaminación
BBF manifestó que “brindará todo el apoyo necesario para realizar el informe pericial”. Y agregó que la empresa estaba a disposición de los organismos públicos para brindar “las aclaraciones necesarias sobre tales acusaciones, que datan de 2014. Cuando la empresa era administrada por el exgerente de la empresa Biopalma.”
BBF señaló además, que contaba con un equipo especializado en el seguimiento y control de sus actividades. Incluyendo evaluaciones de calidad de agua y suelo, y seguimiento del uso de fertilizantes en sus plantaciones. Cuya información es utilizada en reportes de indicadores emitidos por laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial en Pará.
El año pasado, Mongabay publicó una investigación exhaustiva de 18 meses que reveló evidencias de la contaminación del agua por el uso de pesticidas por parte de Biopalma. Afectando no solo al pueblo Tembé del Territorio Indígena Turé-Mariquita en Tomé-Açú, sino también a otras reservas indígenas. Comunidades afrobrasileñas quilombolas, ribeirinhos (comunidades ribereñas tradicionales) y agricultores.
La investigación también reveló otros problemas desencadenados por los cultivos de palma aceitera en esas regiones de Brasil: contaminación del suelo, deforestación, escasez de pesca y caza. Junto con problemas de salud y conflictos sociales y territoriales.
En 2019, los periodistas de la publicación fueron a la región de Tomé-Açu. Escucharon innumerables reclamos de estas comunidades.
“La palma aceitera solo trajo muchos problemas. En primer lugar, trajo la destrucción de nuestra fauna, nuestra flora, nuestros ríos”, dijo el jefe indígena Lúcio Tembé en 2019. Mientras observaba el río Turé, cerca de la reserva Turé-Mariquita. “Esta agua no está limpia. Pero en el pasado lo bebíamos. Este río y el bosque que lo rodea eran como un supermercado para la población; era donde pescábamos, donde cazábamos”.
Pesticidas y herbicidas a base de glifosato
Lúcio Tembé reiteró que las comunidades indígenas aún no podían beber agua del río, debido a la contaminación. Según él, la situación era peor durante la temporada de lluvias. “El (Instituto) Evandro Chagas vino aquí con la Policía Federal y recolectó (muestras) de agua”, señaló.
Un estudio científico contenido en la investigación de Mongabay mostró que incluso el agua subterránea de Turé-Mariquita tenía rastros de pesticidas. Años atrás, en 2017, otro estudio de Sandra Damiani, investigadora de la Universidad de Brasilia, encontró rastros de tres pesticidas. Dos de ellos típicamente figuran, entre los utilizados en el cultivo de palma aceitera en Brasil, y se detectan en los principales arroyos y pozos utilizados por el pueblo Tembé en Turé-Mariquita .
Entre los pesticidas que se encontraron en las aguas superficiales y subterráneas de la reserva estaban los herbicidas a base de glifosato. Se ha demostrado que el glifosato es cancerígeno y ha sido prohibido o restringido en más de 20 países, aunque no en Brasil. También se detectó en muestras de agua superficial y sedimentos tomados por los investigadores el insecticida endosulfán. Un contaminante orgánico persistente prohibido en Brasil en 2010.
“Esta decisión debe celebrarse”, dijo Damiani. Su decisión de hacer la investigación en Turé-Mariquita siguió al indicio de “una serie de síntomas de salud muy graves” que experimentó el pueblo Tembém después de 2010. Cuando se instalaron las empresas palmicultoras en la región.
“Fue la primera investigación en Brasil que mostró residuos de pesticidas en tierras indígenas rodeadas de plantaciones de palma aceitera”, asentó. “Desde (al menos) ocho años esta población ha estado sujeta a una situación de exposición a múltiples plaguicidas”.
Disputas territoriales
Las comunidades indígenas de Brasil, antes citadas, afectadas por la contaminación de las aguas y suelos por los cultivos de palma aceitera presentan otros problemas, la disputa territorial.
Rodeados de plantaciones de palma aceitera, habitantes de los quilombos Nova Betel, Alto Acará Amarqualta y la tierra indígena Turé Mariquita viven un escenario de terror. Desde que la productora de aceite de palma BBF, que dice ser la mayor de América Latina, se instaló en la región, a 200 km de Belém, reseñó Repórter Brasil.
Las plantaciones de palma aceitera, compradas por BBF en 2020, cubren ambos lados del camino que conduce a las comunidades tradicionales. Las delimitaciones de los tres territorios están en disputa en los tribunales. Las familias quilombolas llevan más de 10 años esperando la titulación de las dos áreas. El pueblo Tembé viene solicitando, desde 2016, la extensión de su tierra indígena de 147 hectáreas demarcada hace 30 años.
Mientras las comunidades luchan por la regularización de sus territorios, BBF reclama fincas superponiéndose a las reivindicaciones de tierras propias. En medio del caos territorial, se intensifica un clima de amenazas y violencia en la región. “Es la guerra de la palma aceitera”, dice la gente.
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