Se ha construido una arquitectura jurídica que incentiva los incendios, los permite y hasta los premia
Los incendios forestales en Bolivia han arrasado más de 10 millones de hectáreas, reduciendo a cenizas todo ser vivo en su camino. El país suramericano ha ardido en llamas de manera lacerante y cruel durante casi todo 2024 por el fuego que no da tregua, en especial en la ciudad de Santa Cruz que ocupa un tercio (33,74 %) del territorio. Las autoridades lo atribuyen a las intensas olas de calor y persistente sequía, mientras una investigación periodística denuncia un marcado sesgo de impunidad.
Cada año los bolivianos observan con estupor la devastación provocada por los incendios forestales. En 2010 fueron dos millones de hectáreas; en 2019 el daño escaló a 5,3 millones y en 2024 el desastre se duplicó: alrededor de 10 millones de hectáreas quedaron reducidas a polvo.
El diario El Deber y Connectas, una iniciativa periodística que promueve el intercambio de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas, se propusieron investigar qué hay detrás de esta tragedia ambiental. No solo quién prende la mecha sino también qué políticas la combaten o incentivan. También indagaron si los que provocan los incendios son sancionados o quedan impunes.
En su informe #Fuegoimpune aseguran que a lo largo de los últimos 20 años el Gobierno ha ido construyendo una autopista hacia los incendios. Mediante “una arquitectura jurídica que los incentiva, los permite y hasta los premia con el desmonte de los bosques y el posterior cambio de uso de suelo”. De estas manera estos “bosques -hábitat natural de miles de especies de flora y fauna-son convertidos en tierra agrícola y en botín político para el tráfico de tierras”.
Los incendios en Bolivia, más que llamas
Los incendios forestales se han extendido durante casi seis meses en Bolivia. Fruto de la combinación de factores como el cambio climático, el calor extremo, la inefectividad o ausencia de sanciones a los infractores y las decisiones políticas, asegura la investigación.
Detrás de ese descontrol están las denominadas “normas incendiarias”, dice. Un conjunto de seis leyes y dos decretos supremos, más dos resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Las normas fueron expedidas con el propósito de ampliar la frontera agrícola de tres a trece millones de hectáreas en 10 años (hasta 2025), mediante desmontes, quemas y cambios de uso del suelo autorizados. Pero terminaron favoreciendo la ocurrencia de incendios de grandes proporciones, con secuelas para las personas y la biodiversidad.
Precisa el texto que siete de estas disposiciones fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). Forman parte de la Agenda patriótica 2025, como se denominó el plan decenal de su gobierno, en el que plasmaba su visión de lo que debería ser Bolivia en 2025.
Además, responden a los acuerdos a los que llegó esa gestión con campesinos, empresarios y otros actores del sector productivo en la Cumbre Sembrando por Bolivia, efectuada en Santa Cruz, en abril de 2015.
El Deber y Connectas revisaron las normas y consultaron la visión de expertos acerca de cómo este marco legal, impulsado desde el Estado, “legalizó y promovió los desmontes y los chaqueos”.
Ampliación de la frontera agrícola
Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra y otros especialistas coinciden en que la mayor parte de los incendios forestales ocurridos en Bolivia, desde 2019 han sido en las zonas de ampliación de la frontera agrícola hacia la Chiquitania y el municipio de Guarayos. Señalan directamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT de haber aumentado las autorizaciones de quemas y de facilitar los desmontes sin mayor trámite en determinados asentamientos.
Colque remarca que el desmonte legal se multiplicó por seis desde que entró en vigencia la Agenda Agropecuaria 2025 y los acuerdos de ampliación de la frontera agrícola. Destaca que en 2021-2023, las hectáreas autorizadas para desmonte por la ABT suman 625 mil. En ese momento Luis Arce ya era presidente de Bolivia.
Su gobierno continuó con las actualizaciones de los planes de manejo de áreas protegidas. Un ejemplo es el del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, donde se eliminan las Autorizaciones Transitorias Especiales, destinadas al manejo forestal sostenible. A pesar de que las licencias no han caducado en la mayoría de los casos.
Según datos publicados por el Viceministerio de Defensa Civil, la entidad encargada de gestionar y atender los desastres naturales, entre 2015 y 2023 se quemaron 40.855.628 de hectáreas de “bosque y pastizales”, producto de los incendios.
En ese período, 2019 fue un año crítico para Bolivia. Antes del estallido de la crisis política y social que terminó con la salida de Morales del poder, se quemaron 6,4 millones de hectáreas. El 31 % del área afectada fue bosque, el restante 69 % pastizales. Esa pérdida nunca antes se había visto.
Territorio en llamas
Sumando los 40,8 millones de hectáreas que se quemaron en la última década y lo que el fuego arrasó en 2024, la cifra es más que preocupante: 50,6 millones de hectáreas de bosques aniquilados por el fuego entre 2015 y 2024. Esto estaría muy por encima de los 41 millones de hectáreas clasificadas como Tierras de Producción Forestal Permanente.
El informe de la Fundación Tierra sobre quemas de 2024 refleja que, como nunca antes, los territorios indígenas ocupan el primer lugar en cuanto al impacto del fuego: concentran el 28 % del área afectada.
La senadora opositora Cecilia Requena observa falta de voluntad política para cambiar esta grave situación. Asimismo, Toribia Lero, asambleísta nacional indígena denuncia que “el modelo de desarrollo extractivista -implementado por el gobierno del MAS desde 2006- es uno de los mayores causantes de la deforestación”.
A su vez, el investigador Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, explica cómo se llegó al desastre ambiental actual. En su opinión, diputados cruceños, interculturales (colonizadores) y autoridades nacionales se oponen por igual a la abrogación real de las “leyes incendiarias”. Incluso después de diez millones de hectáreas quemadas, registradas hasta el 30 de septiembre.
El analista Guillermo Villalobos de la Fundación Solón indicó que el discurso oficial trata de desprenderse de cualquier responsabilidad. Y posiciona otros factores, como el cambio climático, el chaqueo ilegal o las sequías, como los únicos responsables de los incendios forestales en Bolivia. En realidad, precisó, son las normativas públicas que responden a un modelo de desarrollo que prioriza la agroindustria y la ganadería extensiva por encima de la riqueza forestal.
Leyes blandas para los incendiarios
La investigación sostiene que Bolivia es el país donde un autor confeso de propiciar incendios se libra de ir a prisión sembrando plantines. Asegura que año tras año el fuego consume millones de hectáreas de bosque ante la debilidad del Estado para sancionar a los responsables.
Entre julio y octubre de 2024 la ABT registró 120 procesos penales por los incendios más voraces jamás registrados en este país. De este total, solo terminaron en sentencia dos, que involucran a cuatro personas.
Grover Condori Delgadillo, de 42 años, fue uno de los sentenciados como responsable de una serie de incendios. En conjunto, terminaron por consumir 1,2 millones de hectáreas de bosques, en una provincia del departamento de Santa Cruz.
Lo encontraron en flagrancia realizando quemas ilegales y portando elementos incendiarios. Se declaró culpable del delito de incendio y recibió una pena de tres años, que no implica prisión efectiva según el Código Penal de Bolivia.
Además, Condori obtuvo su libertad comprometiéndose a sembrar 100 plantines de bibosi donde fue detenido. Por lo general un plantín de la especie bibosi mide de 20 y 25 centímetros de altura. Y tiene un valor en el mercado de 10 bolivianos, equivalentes a un dólar y medio.
El informe indica que los daños generados por el fuego fueron subsanados por menos de la mitad de un salario mínimo en Bolivia, que se ubica en 350 dólares.
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