En forma aislada y en pequeña escala, organizaciones de ecologistas, agricultores y ganaderos han protestado algunos proyectos de energía eólica y fotovoltaica. Bien por sus impactos ambientales o por incursionar en terrenos aprovechables para el campo. El nuevo Govern de Cataluña, de pronto, desinfla el vigor de estos emprendimientos renovables respaldados por políticas y fondos europeos. Al dejar en la mesa la disposición de revisarlos y establecer nuevas condiciones para la instalación de esos parques.
Antes de la alianza ERC-Junts para gobernar la comunidad, ya rondaba el tema en las filas de Esquerra Republicana. Inclusive, en el preacuerdo entre ERC y la CUP se mencionaba la ralentización en el impulso de las energías fotovoltaicas y eólicas.
Ambas fuerzas políticas convergen en la creación de una Conselleria d’Acció pel Clima y el compromiso de aprobar una ley de Transició Energética en 2022. En el documento suscrito por estas organizaciones supeditan el empuje de estas fuentes de energía a un plan territorial que restringirá los espacios en los cuales se levantarán.
La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa pide al Govern una derogación del actual decreto 16/2019 referido a los grandes proyectos. Esta plataforma solicita además repasar ciertos parques que ya han sido presentados a instancias decisorias. Así como lograr un Plan Territorial de Energías Renovables basado en un gran acuerdo nacional y con la participación de los municipios y las comarcas.
Giros del Govern de Cataluña sobre las renovables
En algunas localidades de España y, particularmente en Cantabria, se han puesto objeciones a algunos proyectos. Resaltan las bondades climáticas de las renovables, pero advierten que no es suficientes que sean verdes. Estas no deben afectar el ambiente y los territorios agrícolas.
En Cataluña, su nuevo equipo de gestión, se anota en ese argumento. ERC y Junts acuerdan modificar la ponencia que evalúa los proyectos de energía renovable, aprobada a fines de 2019. El propósito de entonces era agilizar estas fuentes energéticas incipientes en la comunidad. Ahora, se desconocen las implicaciones de modificar esa ponencia para dar entrada a una representación municipalista.
Estos ajustes elevan la incertidumbre de las empresas que respaldan centenares de proyectos y estaban optimistas del futuro verde por venir. La Generalitat ha recibido solicitudes para unos 300 proyectos fotovoltaicos y más de 140 eólicos. Entre los eólicos se incluyen cinco grandes proyectos que se tramitan a través del Gobierno central porque su potencia es superior a 50 MW. Todos correspondientes a Green Capital Power y que suman entre los cinco 390MW con 60 aerogeneradores.
Tantos planteamientos reformistas hace temer a las empresas de una “moratoria encubierta” y que extienda la parálisis que presenta el sector de renovables desde 2010 en Cataluña. Esta posibilidad que se asoma, es criticada también por el consejero catalán que tiene las competencias de medio ambiente, Damià Calvet, de Junts per Catalunya. Nota discordante el medio del acuerdo entre las organizaciones políticas.
En tierra movediza
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, señaló recientemente que «sorprende que en Cataluña el peso de las renovables esté por debajo de España».
Recordó que el 30% de la energía generada en el país y el 20% de la consumida son energías renovables. Mientras que en Cataluña estos porcentajes descienden hasta el 20% y el 5%, respectivamente. Por tanto, confió, «no se corresponden al peso, población y estructura económica de Cataluña en España».
Entretanto, el gerente de Eoliccat, Juan Morron, confía en que «se imponga el sentido común» en el Govern. Y no se aplique una moratoria justo cuando los inversores habían recuperado la confianza en Cataluña.
Los proyectistas temen que se vayan a imponer nuevas condiciones y criterios de aceptación, lo cual ven “inaceptable”. Son muchas iniciativas que han pasado una primera evaluación. “Si cambian los criterios, iremos a los juzgados”, dijo Morron.
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