La pobreza extrema en Canarias sube más rápido que la cantidad de personas que reciben el ingreso mínimo vital. Hasta diciembre de 2022 poco menos de 33.000 mujeres y hombres menores de 65 años de edad lo recibían, pero no sobrepasan los 1.000 euros. Un monto insuficiente para afrontar los gastos de vivienda y manutención de una familia de cuatro personas.
La coyuntura socioeconómica de la provincia no es halagadora, aunque se puede pensar lo contrario si nos llevamos por los titulares de los medios, las declaraciones de los funcionarios y las noticias que repiten y repiten en los informativos. A las fantasías de los medios audiovisuales y los galimatías de los periódicos solo las contradicen las cifras de Cáritas y algún sindicalista de escasa convocatoria.
Mientras, los diarios celebran “que las medidas anticrisis gubernamentales evitaron que 375.000 personas cayeran en la pobreza”, Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana de Canarias, se queja de las dificultades económicas y sociales del archipiélago con un doble anclaje. No solo ha aumentado la cantidad de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social que piden ayuda a instituciones como Cáritas de Canarias, sino que los altos costes de los alimentos y suministros minan sus limitados recursos. Al desempleo crónico, al empleo precario y a los bajos sueldos de siempre ahora se le añade la inflación.
De 24.000 personas que atendía Cáritas en 2019 pasó a las 53.000 actuales. Una demanda importante frente a una caída significativa de los recursos que ha podido atenderla con la solidaridad de la sociedad canaria, el apoyo del voluntariado y el esfuerzo del personal. “Tratamos de ayudar a las familias que peor lo están pasando, pero imperan las dificultades. Los productos y costes de suministros han aumentado un 30%”, asentó.
Más solicitantes de ayuda y menos recursos
A Marrero le preocupa que al perfil que más define a las personas atendidas por Cáritas –mujer con dos hijos, sin trabajo, sin estudios básicos y sin ayudas– se le ha agregado otro que no deja de aumentar: el trabajador pobre. Son canarios que tienen un empleo, pero el salario que no les cubre los gastos mensuales. Marrero puso un ejemplo que demuele la demagogia tertuliana: “Para una familia de 4 miembros, 1.000 euros no son suficientes para vivir. Si paga 400 euros de alquiler, le quedan en 600 euros para pagar el agua, la luz, los alimentos, la vestimenta, las medicinas, el transporte, los estudios de los hijos, la conexión a Internet y los imprevistos”. Imposible.
Canarias arrastra una pobreza crónica que no es producto de inflación que atribuyen a la guerra de Ucrania ni consecuencia de la pandemia de COVID-19. Las familias afectadas por las sucesivas crisis no han recuperado su nivel de vida. Entre 2008 y 2019 los salarios de los trabajadores perdieron un 24% de su poder de compra, mientras que los beneficios de los empresarios crecieron 8,7%. Los costos de las crisis no han sido bien repartidos. A los trabajadores y autónomos no se les ayudó, pero sí a los bancos que recibieron 60.000 millones de euros sacados de los fondos de la Seguridad Social.
Aumenta el ingreso mínimo vital, pero lo anula la inflación
En diciembre pasado se anunció al aumento de la prestación por ingreso mínimo vital y la simplificación de los trámite para obtenerlo. El incremento es virtual. Se limita a contrarrestar un tope del 8,5% de la inflación. Así, mientras la inflación sigue escalando, el incremento quedará rezagado hasta que se acerque alguna elección. Lo único que se puede agradecer es que el incremento a partir de enero se aplicará automáticamente, no se exigirán trámites ni papeleo adicionales.
Lo realmente nuevo es que los trabajadores con ingreso mínimo vital lo seguirán percibiendo aunque encuentre empleo o mejore su situación laboral. Se trata de evitar en teoría la trampa de la pobreza, pero hay una letra pequeñita, como todo en España, que limita el “beneficio”. Si el salario supera el 100% del monto asignado por ingreso mínimo vital, el trabajador solo recibirá entre un 20% y 40%. Así, si el trabajador recibe 533 euros al mes y consigue un empleo por 540, ganará en total 600 euros, no la suma de 1077 que tampoco le permitirían acumular capital, capacitación o educación para superar la condición de pobreza.
La modificación será insustancial ante el calvario que viven los hogares que perciben el ingreso mínimo vital. Desde que se implantó, el 44% de los beneficiados recibe menos de 400 euros. La realidad no se compagina con las floridas declaraciones de funcionarios y sucedáneos de la burocracia.
Historias vividas y contadas
En febrero pasado, a una residente en Santa Cruz de Tenerife le concedieron el ingreso mínimo vital. Afortunada. Solo habían transcurrido seis meses desde que lo solicitó, pero como les ocurre a todos los españoles, no entendió ni papa de la resolución ni por qué le correspondían 62,64 euros miserables, si la cuantía mínima para una persona eran 469,93 euros mensuales. La letra chiquita decía que a esa cantidad se le deducirían ayudas o ingresos percibidos el año anterior. Sí, le restan los ingresos del año anterior aunque ya no los reciban.
Ni el diablo puede ser tan malvado en el nombre de la justicia social o el equilibrado y equitativo reparto de los fondos públicos. De todas formas, hay la posibilidad de reclamar, lo que no es seguro es obtener respuesta. Si la recibe, seguramente le darán la razón, pero no arreglarán el estropicio. Deben revisar minuciosamente la documentación y eso toma tiempo, mucho tiempo. Demasiado.
Los números de la pobreza y de la vergüenza
En la información-propaganda oficial que repiten todos los medios se reitera que el ingreso mínimo vital el 29 de diciembre del año pasado alcanzaba 549.670 hogares en los que viven 1.542.675 personas. Más de millón y medio anunciaba La Moncloa en su página web, con un agregado: el 54,4% con mujeres como cabeza de familia.
Sobre las 30.350 personas que reciben menos de 100 euros al mes no se dice nada, tampoco del 67,% de hogares que perciben menos de 400 euros. Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, le declaró a El Confidencial que muchas personas, tras meses de espera, reciben la carta de aprobación con solo 10 euros o 50 euros. Nadie entiende por qué le descuentan lo que ganó trabajando o recibió como ayuda uno o dos años antes. “Ya ese dinero me lo comí, no lo tengo en la hucha”.
No es fácil tramitar el ingreso mínimo vital. Lo encorsetan requisitos, requiebros gramaticales, redundancias burocráticas y solapamiento de discrecionalidades administrativas. Podría suponerse que sería más fácil encontrar un trabajo, pero no hay. La mentalidad prevaleciente del Estado es que cada español es un pícaro hasta que demuestre lo contrario, que prefiere la paguita, la ayuda, antes que levantarse temprano a trabajar. De ahí que en octubre de 2022 había concedido la prestación a 350.000 hogares y se la denegó a 880.000, la mayor parte (sobre el 60%) por superar los umbrales de renta y patrimonio que se establece en la normativa. Obvio, la cantidad de pobres al descampado apenas se redujo.
Exclusión social es un eufemismo, lo que hay es hambre
En el XII informe sobre El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo de pobreza y exclusión social en España 2008-2021, Canarias encabeza las cifras de privación material severa con 365.000 personas que perviven en exclusión social, y de estas, unas 175.000 no cuentan con los elementos que faciliten su integración.
En total más de 630.000 personas están en una situación de exclusión, de desventaja importante. Son ciudadanos que están trabajando, pero que con el salario que reciben no pueden cubrir las necesidades básicas. Solo el 15% percibe el ingreso mínimo vital. Las mujeres son el sector con más pobreza, lo cual afecta directamente a los jóvenes y a los niños. En el 60% de núcleos familiares la mujer es la cabeza de familia.
Aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con España, las tasas de pobreza en el archipiélago siguen siendo superiores a las del conjunto del reino, En su versión más severa afectan a cerca de 425.000 canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España). Además, los datos indican que la actual crisis derivada de la inflación y la crisis energética ha “feminizado” aún más la exclusión. Mientras el 28% de los hogares en situación de exclusión la mujer es la sustentadora principal, en el 22% la figura sustentadora es un hombre.
De cifras y maquillajes
El 37,8% de la población de las canaria estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, según el informe El estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2021). Un descenso de 1,3 puntos respecto al año anterior, que, en términos absolutos, apenas libra a 29.329 personas y es insuficiente para retirar a Canarias de las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza. Todavía supera en 10 puntos la tasa nacional, lo que equivale a un 36% más. Y, de nuevo, la pobreza afecta más a mujeres que a hombres, y más en entornos urbanos que en rurales. Casi el 40% de las mujeres canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social.
El Informe Arope indica que 1.286.383 canarios, el 60% de la población de las islas, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Tanto como 15,5 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Igualmente, 569.311 personas, el 26,2% de la población, se retrasa en el pago de la vivienda, 11,8 puntos por encima de la media nacional. Canarias es también la comunidad autónoma con la tasa más alta en cuanto a retrasos en el pago de la vivienda.
Vivir en una cueva, al borde del barranco, debajo de un puente…
Con salarios miserables y empleos precarios, el sueño de un hogar, de un techo que nos libre de vivir en una cueva, debajo de un puente o en un barranco, es una posibilidad muy lejana. Sin empleo y sin un sueldo digno, tampoco hay vivienda ni salud y la educación básica se convierte en un “lujo” imposible. Cáritas presentó el año pasado un estudio sobre laexclusión residencial severa, que es el nombre técnico del grupo demográfico que carece de un lugar seguro para vivir: infraviviendas, cuevas y caravanas, así como espacios que no son seguros o sin contrato.
El director de la Cáritas Gonzalo Marrero admite que la cantidad de personas sin hogar ni techo aumenta en Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario. Personas que viven en la calle y en las cuevas del barranco del Guiniguada. Muchas personas, se sorprenden cuando hacen una caminata por el barranco y descubren la cantidad de personas que viven allí. “A nosotros no nos sorprende. Vienen a Cáritas a pedir ayuda, a comer, a ducharse, a lavar la ropa y utilizar otros servicios básicos”, apunta.
Sin el colorete y las pestañas postizas, las cifras de desempleo antes de la pandemia eran aterradoras. Con la covid-19 se agravaron y se afearon más. Hasta ahora los signos de recuperación han sido espejismos marinos, ilusiones de pecadores a la deriva. En Canarias, en particular, la superación de la crisis no depende de iniciativas endógenas, de planes con proyección futura, sino de los deseos británicos, germanos y nórdicos de aguantarles las malas maneras a los chicharreros y de que su propia economía se recupere de los estropicios duraderos que causa el brexit y, allá sí, la invasión putinesca de Ucrania.
No basta con la solidaridad ciudadana, hay que priorizar el empleo productivo
Cáritas Diocesana de Canarias es la voz más fuerte que se escucha, pero no reclama ni denuncia. Como el antiguo Pueblo de Dios acude a la solidaridad de las instituciones y la ciudadanía para atender al creciente número de personas en situación de exclusión y pobreza severa. Dos de cada cinco canarios.
La ausencia de oportunidades y recursos para que mejorar las condiciones socioeconómicas no se entiende como la pérdida de recursos humanos para la producción y el mejoramiento de la sociedad. La preocupación es el peligro de que la severa pobreza incremente la delincuencia o el conflicto social. El antropólogo Ricardo Fajardo teoriza que “mejorar los accesos a la salud, a la educación, a los servicios públicos… podría proporcionar una mejora de tipo social».
Lo de siempre. Otra vez inculpan a la burocracia y al planeamiento como únicas causas de los tormentos que acechan a los tantos excluidos del Estado de bienestar. Como en el socialismo utópico y en la planificación estalinista, incluida la sanguinaria de Pol Pot, consideran que el problema se resuelve con una distribución equitativa y razonable de los recursos. Descartan la producción sostenible y eficiente.
No aprovechar la iniciativas productivas de la población conlleva que se tengan astrofísicos, matemáticos y cirujanos sirviendo cañas en bares de mala muerte al turismo de putas y borracheras. De ahí que tres de cada diez hogares no cuenten con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Nunca un bar tender igualará el salario de un segundo o tercer vicepresidente, de un diputado o de un exitoso cantante de reguetón.
Salarios miserables y recibos sin pagar
El conjunto de la sociedad se está viendo afectada por el encarecimiento del coste de la vida. Los recibos aumentan y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas. Frente a este nuevo contratiempo, 3 de cada 10 hogares en España (31,5%) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas.
A partir de un cálculo aproximado de las necesidades reales de un hogar, Cáritas advierte que 6 millones de familias España tienen unos ingresos muy por debajo de lo que necesitan para vivir en condiciones dignas. Se trata de hogares con graves dificultades. Su presupuesto varía sensiblemente según la presencia de menores y adolescentes en el hogar, así como por la ciudad de residencia. Para un hogar de una pareja con dos jóvenes mayores de 13 años en Madrid, el 85% del presupuesto de referencia implica no llegar a los 2.900 euros mensuales.
Las partidas de gastos esenciales –vivienda, alimentación y transporte–, que son los gastos a los que las familias dedican la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que presentan el mayor incremento de los precios. La inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros (agua, luz, gas) copaba en junio de 2022 el 19%, al igual que la partida de transporte, y el crecimiento de los precios de la alimentación superaba el 13%.
Sin salud, sin médico y sin medicinas
Siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido al mínimo sus gastos en ropa y calzado. Unos 3 millones de hogares han recortado el presupuesto familiar en alimentación hasta el punto de que una cuarta parte de no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas. Y algo peor, casi medio millón de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo. “Estas medidas no son inofensivas, dejan «heridas» en las oportunidades futuras de los niños, advirtió un especialista técnica Foessa.
La salud es otro de los factores de la exclusión. No solo por la crisis que atraviesa la a Atención Primaria, sino por falta de dinero y de no tener trabajo. En más de 180.000 hogares (21%) han abandonado tratamientos médicos o han dejado de comprar medicinas. Pese a los malas consecuencias para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades renunció a tener un accesorio sociosanitario que necesitaba (prótesis, gafas, audífonos). Esa cruel realidad afecta a más de la mitad de los hogares en situación de exclusión (el 56%). Y lo peor: superada la pandemia, se multiplicaron por 4 los trastornos de salud mental y alcanzan al 19% de la población canaria (más de 400.000 personas).
Los niveles de pobreza monetaria en el archipiélago son altos y persistentes, superiores a los del resto del país, y unas 425.000 personas en las islas y el 11% de las familias canarias se ven afectadas en su forma más severa.
Cerca de 130.000 hogares en las islas dependen de una persona que sufre una situación de precariedad laboral severa, es decir, que pasa tres o cuatro meses al año sin trabajo, tiene el mismo número de contratos diferentes y trabaja para distintas empresas.
El trabajo más recurrente: enseñar a otros a buscar trabajo
El paro en Canarias es crónico, o peor, endémico. Más de 50.000 hogares tienen como cabeza a una persona desempleada y en 120.000 hogares, personas en paro. Además, más de 70.000 familias no cuentan con un ingreso estable o predecible. No hay trabajo. Y buena parte del trabajo que hay es ayudar a otros a conseguir trabajo, a dar cursos sobre cómo conseguir trabajo o currículos que no vayan directo a la papelera.
Ninguna de esas técnicas sirven si no hay plazas vacantes, y cuando la hay pretenden que el chef sea también ayudante de cocina, administrador, señora de la limpieza, maître en ocasiones especiales y aceptar trabajar jornada completa con pago de media, y nada de horas extras ni días libres.
Si la plaza vacante requiere un periodista, comunicador o publicista, en el aviso exigen que sea fotógrafo, editor de video, locutor, relacionista público, jefe de información, generador de caracteres, productor, creador de además de políglota, excelente redactor, editor y, entre otras habilidades, saber servir café, hacer bonitos nudos de corbata, ser buen chófer y tener vehículo propio. La retahíla de requisitos que exigen se repite en casi todas las ofertas de trabajo. Las empresas funcionan con menos personal. Pero no en función de la productividad,sino en ampliar la ganancia de los accionistas-negreros.
La creación de empleos, el fomento de obras de infraestructura, actividades culturales y recreativas se ven limitadas por intereses de pequeños, pero poderosos de grupos políticos, económicos y también clasistas, en su sentido más monárquico y excluyente.
Monodependencia del turismo prepago
Mientras la covid-19 causaba grandes estragos –altas cifras de muertes y destrucción de empleos– en Tenerife negaron que se prolongara el tranvía hasta el aeropuerto Los Rodeos mientras amplían autopistas y construyen nuevas sin importarle los daños ambientales. Igualmente, quedó en el limbo el proyecto de del tren del sur, que sería una conexión rápida, sostenible y amigable para el medioambiente que serviría un aeropuerto con 12 millones de pasajeros anuales. Con un aditivo, se construiría en 6 años y generaría 3.500 puestos de trabajo directos por año de construcción
Los economistas y empresarios deben emplearse a fondo con el Estado y los afectados para encontrar un mejor modo de producción, con mejores salarios y una auténtica seguridad social. El turismo puede dar un empujón transitorio a la economía, pero no puede ser el motor preponderante. Está demostrado que es un bumerán. Las fabulosas ganancias de unos pocos se traducen en trabajos precarios, sueldos miserables, y daños irreversibles a la sociedad y a la naturaleza.
En Canarias, como en el resto de España, hay capital humano, pero como en otras crisis se ha desaprovechado una oportunidad magnífica para levantar un sistema de producción resiliente y sostenible. Un país con la renta per cápita de España no puede depender de un sector de tan baja productividad como el turismo, que además se mantiene competitivo a fuerza de bajos salarios. No queda otra sino preferir sectores con mayor valor invadido, investigación y desarrollo. Obviamente, se requiere una inversión muy fuerte en educación y en afinar su calidad, con objetivos serios para que haya un mínimo de estudiantes en ciencias y en otras carreras técnicas. Si se siguen bajando los salarios volverá la esclavitud, siempre habrá lugares con turismo más barato.
País de terrazas, bares y doctores poniendo copas
La economista Alicia García Herrero ha insistido que España debe dejar de ser un país de bares y terrazas. Poner copas en un bar no es productivo, los países que tienen mejores salarios producen bienes de mayor valor añadido. En España hay capital humano parara transformar la economía, pero está desperdiciado fregando platos. Los españoles son buenos en lo que hacen y son muy capaces, pero en su propio país no tienen las condiciones para trabajar en lo que se han formado.
García Herrero plantea proponerse una gran estrategia de inversión directa para mejorar el sector productivo y atraer a los inversores que darán trabajo a los ingenieros y otros perfiles técnicos.
“Ahora mismo no somos fiscalmente competitivos, tenemos unas regulaciones a nivel autonómico muy complejas y, en general, somos complicados. Debemos reducir radicalmente el entramado burocrático para la inversión directa y recentralizar competencias para simplificar la inversión que crea empleo. La tasa de inversión en España (excluyendo infraestructura y vivienda) en economía real es muy baja. Necesitamos que alguien invierta en España empresas que generan puestos de trabajo de alto valor añadido. Para que la inversión sea duradera tenemos que mejorar el sistema educativo y darle trabajo a la población bien formada que se desaprovecha. Hay que abrir la puerta a la inversión extranjera igual que como se la abrimos al turismo”, explicó.
Sin duda alguna, España debe modernizar el Estado, desburocratizarlo, agilizarlo, digitalizarlo. Hay que actuar. España no puede seguir dependiendo del turismo, que supone una media del 11,8% del PIB y del 13,5% del empleo. Además, es un modelo de turismo obsoleto. En Canarias, mucho más que en la península, el turismo es de sol y playa, atrae muchos visitantes, arroja pocos beneficios, es muy marcado estacionalmente, destruye la estabilidad laboral e impacta los ecosistemas naturales.
La educación, una auténtica tragedia
El catedrático emérito Diego Gracia Guillén, que ha dedicado toda su vida a la educación, considera que el gran fracaso de la sociedad española es la educación, la enseñanza. “Las leyes de educación son cada vez peores, una auténtica tragedia. Se pretende arreglar el mundo a través de leyes y más leyes, y se abandonó la educación primaria, y lo verdaderamente importante: la educación ética de la sociedad. El ejemplo paradigmático es la llamada “ley Celaá”, en la que prácticamente desapareció”, subrayó.
La tragedia en el sector educativo abarca todos los aspectos, desde los contenidos hasta los modos de enseñanza y de evaluación, pero también la exclusiones económicas y la poca igualdad de oportunidades que se pretende solapar con los exámenes “de selectividad”, que más que filtros para escoger a los mejores tienen la función de los bombos de la lotería. La educación no se le puede dejar a la suerte ni a la capacidad de memorizar un libreto telefónico o el articulado de los códigos civiles y penales. Estudiar es aprender, hacer suyo algo nuevo. Memorizar, retener temporalmente una información que probablemente se olvide pronto.
Memorizar no es aprender
Si una persona se gradúa de bachiller es porque cumple todos los requisitos para serlo, de lo contrario no debió graduarse. Pasa igual con los médicos, no se evalúa formación y conocimientos, sino capacidad de resistencia física y económica para afrontar los exámenes MIR.
Una auténtica proeza cuando el sistema de enseñanza cree que aprender y memorizar son sinónimos. Se pretende que las personas tengan información en la cabeza, pero no se enseña a interpretarla, a interconectarla, a cuestionarla ni a aprovecharla en la vida diaria y profesional.
Con las pruebas de acceso y lo exámenes de opción múltiple, el razonamiento y la creatividad quedan encorsetados en el facilismo, la objetividad y los manuales de procedimiento. Por supuesto, que España que arrastra métodos educativos medievales pese a las propuesta de muchos especialistas brillantes, está muy lejos del sistema finlandés de educación. Se ha preferido el dos por dos cuatro antes que el dos por dos más o menos cuatro. No se le deja espacio a la duda ni a a la imaginación. Se desechan los grises, salvo el oscuro y negacionista “ninguna de las anteriores”.
Menos burócratas, más maestros mejor preparados
Necesitamos maestros mejor preparados, con menos diplomas y la mejor buena voluntad para seguir aprendiendo cada día, que nunca la ignorancia tendrá mínimo ni fondo. Ningún conocimiento es definitivo, ninguna verdad de piedra. El primer paso incluye desechar la memorización y alentar el desarrollo de ideas, los análisis y la lectura a fondo y crítica, que implica dejar las guías y abrir los libros. Menos salas de estudio y bibliotecas con más libros, digitales y físicos, para aprender sin intermediarios ni afeites o resúmenes.
Junto con un modelo educativo obsoleto, anclado al medioevo, el 30% de los hogares canarios en promedio padecen la brecha digital, pero entre los que viven en la pobreza extrema la grieta excluye al 44%. Se les dificulta la capacitación y formación, el acceso a beneficios sociales y la pérdida de oportunidades de empleo. Tienen 5 veces menos oportunidades que la población con Internet. Con un agravante, son más las familias en estado de exclusión con menores dependientes. Niños y adolescentes condenados a la trampa de la pobreza.
Ni sueños ni oportunidades de trabajo
La otra cifra que debería avergonzar a la sociedad española es que uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años vive en los estancos de la exclusión social (33%). No hay sueños, ni oportunidades de trabajo. Y a medida que empeoran las condiciones de trabajo, menos son las opciones de realización personal y social.
Durante crisis derivada de la pandemia, la precariedad se triplicó en Canarias. Casi 130.000 hogares dependen de una persona con inestabilidad laboral grave; y otras 50.000 de un sustentador en paro de larga duración. En Canarias existen más de 120.000 núcleos familiares con todas las personas activas están en paro. No es para celebrarlo
En el segundo semestre de 2022 la población de Canarias ascendía a 2.261.654 personas, de los cuales 204.300 estaban parados. La cantidad de menores de 25 años en paro se situó en 32.400 miles de personas. Esta cifra supone un ascenso del 10,96% en comparación con el trimestre anterior.
Subsidios para destruir la comida que otros necesitan
La producción de plátano y banana es la actividad con relativo valor agregado que genera más empleo en Canarias: 15.000, entre directos e indirectos que dependen de 9.000 productores. El archipiélago produce un 70% de la producción total de la Unión Europea, con más de 8.966 hectáreas y 420.000 toneladas al año. Una contribución de más de 430 millones de euros.
Canarias envía a la península cada día 1 millón de kilos de plátanos. Por su modo de producción, cada vez su cultivo necesitará menos personal, salvo en la recogida de las piñas. No es un empleo con futuro. Y menos cuando sus gerentes prefieren destruir medio millón de plátanos cada semana antes que buscar una manera de socorrer a los 630.000 pobres.
Habrá que cambiar el turismo y los plátanos por actividades que incorporen un alto valor agregado, y que se relacionan con la innovación tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad y la transición energética.
Manpower Group y la Fundación Innovación España estiman que el empleo para jóvenes va a crecer considerablemente y se ofrecerán cerca de 250.000 puestos de alta cualificación, pero más de 100.000 podrían quedar sin cubrirse por falta de formación y de competencias.
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