Por Cambio16
22/02/2017
En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países. Advierte en él de que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes están fomentando un retroceso mundial en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.
“2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del “nosotros contra ellos” en discursos de culpa, odio y miedo adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Modi, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.
La política de demonización que se hace en la actualidad difunde descaradamente la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana.”
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El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivas
Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el “nosotros contra ellos” se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.
“Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”, ha señalado Salil Shetty.
“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó y un líder tras otro se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas.”
El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internaciona se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.
A pesar del desafío que plantean datos así, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.
“2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso”, ha dicho Salil Shetty.
“Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan las épocas más funestas de la historia humana.
“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transferencia en directo del horror de Alepo, los miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes tomar medidas contra ellas”.
Los países clave
Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos en 159 países en 2016. Entre los ejemplos del aumento y del impacto de la retórica venenosa y las campañas nacionales de represión del activismo y la libertad de expresión destacados por Amnistía Internacional en su Informe Anual figuran:
Arabia Saudí: Se detuvo y encarceló por imprecisos cargos, como “insultar al Estado”, a personas que se mostraban críticas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los derechos de las minorías. Las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí cometieron graves violaciones del derecho internacional, incluidos presuntos crímenes de guerra, en Yemen. Las fuerzas de la coalición bombardearon escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, matando e hiriendo a miles de civiles con armas suministradas por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre ellas bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente.
Bangladesh: En vez de investigar los homicidios de activistas, periodistas y blogueros y blogueras o brindar protección contra ellos, las autoridades llevaron a juicio a medios de comunicación y a la oposición por, entre otras cosas, publicaciones en Facebook.
China: Persistieron las medias enérgicas contra profesionales del derecho y activistas, entre ellas la detención en régimen de incomunicación, la emisión de confesiones por televisión y el hostigamiento a sus familiares.
Egipto: Las autoridades impusieron prohibiciones de viaje, restricciones económicas y congelaciones de activos para menoscabar, difamar y silenciar a grupos de la sociedad civil.
Estados Unidos: Una campaña electoral caracterizada por la retórica discriminatoria, misógina y xenófoba suscitó gran preocupación en relación con la solidez de los futuros compromisos de Estados Unidos con los derechos humanos dentro del país y en el plano internacional.
Etiopía: Un gobierno cada vez más intolerante con las voces disidentes se valió de la legislación antiterrorista y del estado de excepción para reprimir a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política y, en particular, a manifestantes, contra quienes se hizo uso de fuerza excesiva y letal.
Filipinas: Una oleada de ejecuciones extrajudiciales sucedió a la promesa del presidente Duterte de matar a millones de personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de drogas.
Francia: Entre las estrictas medidas de seguridad aplicadas en virtud del prolongado estado de excepción hubo millares de registros domiciliarios, así como prohibiciones de viaje y detenciones.
Honduras: Berta Cáceres y siete activistas más de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.
Hungría: La retórica del gobierno propugnó una divisiva modalidad de política de la identidad y una sombría visión de la “Fortaleza Europa” que se tradujeron en una política de represión sistemática de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
India: Las autoridades aplicaron represivas leyes para restringir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas. Las organizaciones y las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento e intimidación. Se utilizaron leyes opresivas para intentar silenciar a activistas estudiantiles, figuras del mundo académico, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Irán: Se ejerció una fuerte represión de la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión. Se encarceló a personas que expresaban pacíficamente críticas tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios, entre ellas periodistas, profesionales del derecho, blogueros y blogueras, estudiantes, activistas de los derechos de las mujeres, cineastas, e incluso artistas musicales.
Myanmar: Decenas de miles de rohingyas –a quienes se sigue privando de nacionalidad– fueron víctimas de desplazamiento como consecuencia de “operaciones de limpieza”, en las que se denunciaron homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra civiles, violaciones, y detenciones arbitrarias. Mientras tanto, los medios de comunicación oficiales publicaron artículos de opinión donde se empleaba un lenguaje alarmantemente deshumanizador.
Reino Unido: Tras el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea aumentaron los delitos de odio. Una nueva ley de vigilancia amplió considerablemente los poderes de las agencias de inteligencia y otros organismos para invadir la privacidad de las personas a escala masiva.
República Democrática del Congo: Se sometió a detención arbitraria y, en algunos casos, a reclusión prolongada en régimen de incomunicación a activistas en favor de la democracia.
Rusia: A nivel interno, el gobierno continuó asfixiando a las ONG nacionales con creciente propaganda en la que tachaba a las que se mostraban críticas de “indeseables” o de “agentes extranjeros” y con el primer procesamiento de una ONG en aplicación de la ley de “agentes extranjeros”. Mientras tanto se añadió a la lista de “agentes extranjeros” a decenas de ONG independientes que recibían fondos del extranjero. En el exterior, mostró una absoluta falta de respeto por el derecho internacional humanitario en Siria.
Siria: Continuó la impunidad de los crímenes de guerra y los abusos graves contra los derechos humanos, incluidos ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles, así como prolongados asedios en los que quedó atrapada la población civil. Con el encarcelamiento, tortura, desaparición o huida del país de gran número de activistas, la comunidad de derechos humanos quedó suprimida casi por completo.
Sudán: Hubo convincentes indicios de uso de armas químicas por parte del gobierno en Darfur. En otras partes se sometió a detención arbitraria a personas sospechosas de criticar u oponerse al gobierno. El uso excesivo de la fuerza por las autoridades al dispersar concentraciones se cobró numerosas víctimas.
Sudán del Sur: Los persistentes combates, en los que se cometen abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, continuaron teniendo consecuencias devastadoras para la población civil desde el punto de vista humanitario.
Tailandia: Se utilizaron poderes de excepción y leyes sobre la difamación y la sedición para restringir la libertad de expresión.
Turquía: Decenas de miles de personas fueron encarceladas tras el golpe de Estado fallido, cuando se suspendieron centenares de ONG, se emprendió una represión masiva de los medios de comunicación y se prosiguió con la ofensiva en la zonas kurdas.
Venezuela: Una ofensiva contra defensores y defensoras de los derechos humanos que realizaban abiertamente su trabajo hizo sonar la alarma con respecto a la crisis humanitaria causada por el fracaso del gobierno a la hora de hacer valer los derechos económicos y sociales de la población.
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