El informe de la Misión Independiente designada por la ONU destapó la olla de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Pero pese a lo crudo y detallado del documento, apenas muestra la punta del iceberg en una larga cadena de delitos contra la humanidad, cometidos no solo en los 6 años y los más de 2.500 incidentes, objeto de esa investigación, sino en los más de 20 años que el país suramericano ha estado sojuzgado por el régimen chavista y sus aliados internacionales.
Una nueva denuncia informa de las torturas y ejecuciones a sangre fría llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los supuestos participantes en la denominada Operación Gedeón. Con ese nombre se designa un presunto intento fallido para derrocar a Maduro el pasado mes de mayo.
Un «falso positivo»
Wilmer Azuaje, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Barinas, aseguró tener en su poder decenas de fotografías que evidencian las torturas y ejecuciones que los cuerpos de seguridad del Estado habrían llevado a cabo contra varios integrantes de la llamada Operación Gedeón.
Pese al despliegue informativo que la dictadura chavista le dio a este episodio, asegura que todo se trata de un «montaje», un «falso positivo», con el cual el régimen de Nicolás Maduro intentaba desviar la atención mundial acerca de las violaciones de los derechos humanos, la persecución a la disidencia y el irrespeto a la voluntad popular.
Esta acción, que se llevó a cabo en las playas de los estados Vargas y Aragua, en la región cento-norte del país, causó 8 muertos y más de 50 detenidos, entre ellos, dos estadounidenses.
Ante la Corte Penal Internacional
Azuaje informó que reúne pruebas gráficas sobre las torturas y ejecuciones extrajudiciales que sufrieron algunos miembros de la Operación Gedeón. En concreto, informó que tiene en su poder 482 fotografías y algunos vídeos. En estas imágenes se evidencia una masacre contra las personas que supuestamente formaron parte de este operativo. Manifestó que presentará las pruebas ante la Corte Penal Internacional, como hizo con el caso del asesinato de Óscar Pérez, un expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el año 2019.
Aseguró, durante una rueda de prensa en Bogotá, que seis miembros de la Operación Gedeón habrían sido torturados y ejecutados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
“Las imágenes hablan por sí solas», dijo. «Nuestro equipo jurídico, técnico, criminalístico, e incluso patólogos del Gobierno de Colombia, determinó que fueron personas ejecutadas, torturadas, una verdadera masacre».
Pruebas de ajusticiamiento
Destacó que «los impactos de bala son de próximo contacto, disparos fijos, se evidencia que a esas personas estando vivas las arrastraron, les pegaron en los glúteos, hay cuerpos que incluso tienen más de 20 o 30 impactos de bala, y ellos dijeron al mundo que fue un enfrentamiento desde 40 o 50 metros de separación”. La verdad es que “fueron masacrados”, afirmó.
Explicó que «a estas personas las ejecutaron. Los cadáveres presentaron signos de tortura y fueron arrastrados. Recibieron disparos en el pecho para causar la muerte inmediata. Es una violación sistemática de los derechos humanos», destacó.
Enfatizó que estas pruebas las consiguieron luego de un arduo trabajo de la fundación Observatorio Venezolano para la Protección de los Derechos Humanos, junto con especialistas y testigos de los hechos. Las imágenes que presentó mostraron los signos de tortura que recibieron las personas. «Las bajaron de la lancha, las torturaron y luego las ejecutaron. Así lo declararon funcionarios de las FAES», explicó.
Indicó que la CPI también tendrá acceso a informes médico-forenses para demostrar que lo ocurrido en Macuto, estado Vargas, fue una masacre parecida a la de El Junquito en contra de Óscar Pérez y su equipo.
El diputado Wilmer Azuaje exigió a la CPI que responda ante los informes que han recibido denunciando dichos casos de violencia.
La Operación Gedéon
Las informaciones sobre la Operación Gedeón se remontan al domingo 3 de mayo. Ese día el ministro de Relaciones Interiores del régimen, Néstor Reverol, informó que funcionarios de seguridad lograron «neutralizar a un grupo de mercenarios», procedentes de Colombia, que pretendía realizar una supuesta «invasión a Venezuela por vía marítima», específicamente por el estado Vargas.
El régimen informó que en el operativo, «para neutralizarlos», murieron ocho personas, entre ellos, el capitán Robert Colina, alias Pantera. Asimismo, señalaron la detención de dos ciudadanos que participaron en la presunta invasión.
Los vecinos de la población de Macuto reportaron que el enfrentamiento ocurrió a las 4:00 a. m. Aseguraron que nunca vieron movimientos extraños o camionetas en la vivienda donde, supuestamente, se efectuó la incautación de armas y vehículos.
El 4 de mayo, el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, señaló que las fuerzas policiales capturaron a ocho personas en esa entidad. Presuntamente estarían vinculados al supuesto plan de golpe de Estado. Ese operativo llevó al arresto de dos estadounidenses: Luke Denman y Airan Berry.
El 7 de agosto, el fiscal Tarek William Saab informó de la condena por 20 años de cárcel para Denman y Berry. Ambos admitieron, según el funcionario, haber cometido delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo.
A los demás detenidos relacionados con la Operación Gedeón, 15 en total, se les imputó el jueves 13 de agosto. Saab informó que estas personas admitieron haber cometido actos terroristas.
Violaciones sistemáticas y continuas de los derechos humanos
La denuncia de Wilmer Azuaje se produce pocos días después de que una Misión Independiente de Verificación de la ONU publicara su informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela desde 2014. En ese documento se asegura que Nicolás Maduro está vinculado con crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones pro defensa de los derechos humanos coinciden en que una de las conclusiones más importantes de este trabajo fue que las violaciones y los crímenes señalados no fueron hechos aislados, cometidos por personas que actuaron más allá de las órdenes. Al contrario, “se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.
Un ejemplo de persecución política
Wilmer Azuaje sabe de lo que habla. En enero de 2019 se vio obligado a salir de Venezuela tras haber recibido amenazas de su inminente detención. Se trata de una situación que ya había debido afrontar, cuando le arrestaron en las protestas en el año 2017. Permaneció más de un año en la cárcel 26 de Julio, de San Juan de los Morros, estado Guárico, en el centro del país.
“La persecución arreció en mi contra y la de mi asistente. Allanaron mi casa, la de mi madre, y no podía permitir que me capturaran de nuevo. Cuando estuve secuestrado por este régimen fui sometido a torturas inhumanas y crueles”, dijo en un vídeo desde el puente Simón Bolívar, fronterizo con Colombia.
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