Democracia no es la dictadura de las mayorías

Yuval Noah Harari / Suplemento de Haaretz 

Desde tiempos inmemoriales, los mecanismos de defensa de la democracia israelí han sido bastante débiles. No tenemos constitución, ni dos cámaras elegidas, ni división de poderes entre el gobierno central y el gobierno local, ni límite en el mandato de un primer ministro. No existe un sistema de pesos y contrapesos que limite el poder del gobierno. El único freno es la Corte Suprema.

Y, sin embargo, nuestra democracia duró 75 años por una sencilla razón: una gran mayoría de ciudadanos israelíes y líderes israelíes querían democracia. Ningún factor significativo desafió seriamente al sistema, ni trató de tomar un poder ilimitado. Ha habido gobiernos en Israel con una mayoría mucho mayor que 64 escaños.

El 13º gobierno bajo el mando de Levi Eshkol comenzó con 75 escaños y luego aumentó a 111. El 14º gobierno bajo el mando de Golda Meir tenía 104 escaños. El 15º gobierno, una vez más encabezado por Golda, comenzó con 102 escaños y luego se redujo a 76. Todos estos gobiernos respetaron los límites de su poder, por lo que las débiles defensas de la democracia israelí fueron suficientes.

En las últimas semanas, el panorama ha cambiado de extremo a extremo. Hoy sabemos que un grupo importante en Israel quiere eliminar la democracia y adjudicarse un poder ilimitado. En la ronda actual, parece que la oposición de todos los sectores de la sociedad israelí salvará la democracia. Pero está escrito en el muro. Los que fracasaron en el intento de golpe de Estado del invierno de 2023 pretenden volver a intentarlo este verano, y aunque sean detenidos por segunda vez, pueden volver a intentarlo en el futuro, con mayor fuerza.

Por eso no debemos contentarnos con congelar las leyes golpistas, tampoco con su anulación. Es muy obvio que no hay lugar para comprometerse con un medio golpe o un cuarto de golpe. No debemos debilitar las ya débiles defensas de la democracia israelí. Todo lo contrario. Necesitamos salir de esta crisis con las defensas mucho más fuertes, que puedan resistir futuros intentos de golpe, incluso si están liderados por coaliciones de 75 o 104 miembros del parlamento. ¿Cómo se logra este objetivo? Actuando en dos etapas.

Primera etapa: detener el golpe

La primera etapa del plan es clara. Debemos parar el golpe. Un congelamiento temporal de las leyes golpistas no es suficiente. Es importante dar la oportunidad de hablar, pero de igual importancia estar preparados para el peor de los escenarios. Netanyahu y muchos miembros de su coalición declararon explícitamente que la legislación no se archivó, sino que solo se suspendió temporalmente.

En el estado de cosas actual, las leyes golpistas son como un arma cargada y el gobierno puede apretar el gatillo en cualquier momento. Sobre todo cuando ya ha concluido la preparación de la ley que le da mayoría en la comisión de nombramiento de jueces, y puede ser sometida a la aprobación del parlamento con solo unas horas de antelación.

Si el gobierno renueva sus intentos de aprobar leyes que anulen los pesos y contrapesos y que le otorgan un poder ilimitado, la Corte Suprema tendrá que hacer uso de su autoridad e invalidar todas estas leyes, una por una. En primer lugar, la Corte Suprema tendrá que invalidar cualquier legislación que permita al gobierno tomar el control del Poder Judicial, no para protegerse a sí misma, sino para proteger la libertad de todos nosotros.

Si la Corte Suprema rechaza las leyes antidemocráticas y el gobierno se niega a aceptar el fallo, entonces la policía, los Servicios de Seguridad, el Mossad, las FDI y todos los empleados del servicio público estarán obligados a apoyar la Corte Suprema y proteger la democracia. No deben obedecer a un gobierno que trata de imponer una dictadura. Si el gobierno les ordena ignorar la sentencia de la Corte Suprema, será una orden abierta y claramente ilegal.

En este escenario, la ciudadanía, cada israelí, tiene también que cumplir un papel muy importante. Las manifestaciones, protestas y huelgas pueden no conmover a los miembros de la coalición, pero son un incentivo y aliento para los jueces de la Corte Suprema, para el asesor legal del gobierno, para las fuerzas de seguridad y para todos los empleados de los servicios públicos contar con el apoyo popular, apoyo y determinación, para que hagan lo correcto.

Todos son humanos, y ninguna persona en su sano juicio querrá tomar sola las decisiones que darán forma al Estado de Israel para generaciones futuras y asumir sola tan enorme carga de la responsabilidad. Por eso, cada vez que alguien tiene que tomar una decisión transcendente es fundamental que cientos de miles de personas estén en las calles para decir con voz clara: estamos contigo, te damos, te respaldamos y esperamos que protejas a la democracia. Todos debemos asumir la responsabilidad.

No servir a una dictadura

Entre los cientos de miles de personas que han salido a defender a la democracia, se destacan los reservistas. Las personas abnegadas y de elevada moralidad que durante años dijeron ¡sí!  cada vez que la democracia israelí los llamaba a defenderla, son a la vez los primeros en decir «¡No!» al llamado dictatorial de obediencia ciega.

Ir a la guerra requiere un tipo mayúsculo de coraje. Hacer frente a una dictadura requiere un gran coraje, pero diferente. La sociedad israelí está bendecida con hombres y mujeres que tienen ambos tipos de coraje.  Los reservistas tienen buenas razones, más que suficientes, para decir “¡No!” a un gobierno tiránico que intenta hacerse con un poder ilimitado, y al mismo tiempo les exige que sigan sirviendo como hasta ahora, como si nada hubiese cambiado.

Primero, el golpe crea nuevos peligros legales para todos los miembros de las fuerzas de seguridad, tanto para los reservistas como para los regulares. Mientras sirvan a un país democrático con un poder judicial independiente, se reduce significativamente la posibilidad de que sean arrestados cuando viajan al extranjero y procesados ​​por una autoridad legal extranjera. Pero si el gobierno elimina la independencia del poder judicial, aumentará en gran medida ese peligro. Los hombres de seguridad arriesgan su salud y sus vidas por el bien del Estado, es de esperar que el Estado les brinde la protección legal adecuada.

En segundo lugar, el golpe pone en peligro la entereza moral de los miembros de las fuerzas de seguridad. Cuando los soldados reciben una orden para atacar un objetivo, bombardear una instalación o matar a una persona, generalmente no tienen el tiempo ni la capacidad para verificar si esa orden cumple con un estándar moral razonable. ¿Cómo puede un escuadrón asegurarse de que el objetivo que se les ordenó atacar es un objetivo militar legítimo y que la orden no proviene de una cosmovisión racista que quiere acabar con pueblos y aldeas enteras?

En un país democrático con un poder judicial independiente, los combatientes pueden al menos esperar que haya un control moral adecuado sobre las órdenes. Pero en una dictadura sin un sistema de justicia independiente, pueden encontrarse cometiendo crímenes terribles que atormentarán su conciencia por el resto de sus vidas.

El mismo Netanyahu declaró que la legislación solo se suspendió por un corto tiempo. En el estado de cosas actual, las leyes golpistas son como un arma cargada que el gobierno puede usar en cualquier momento. Sobre todo cuando ha concluido la elaboración de la ley que le otorga mayoría en la comisión de nombramiento de jueces, para que pueda ser sometida a la aprobación del parlamento con una hora de antelación.

La tercera razón, la más simple y la más importante de todas, es que el contrato de los miembros de las fuerzas de seguridad es con la democracia israelí. El gobierno actual está destruyendo la democracia y, al mismo tiempo, espera que los leales a la democracia continúen sirviéndola. “¿Asesinasteis y heredasteis?”^[1]

Repiten que la valiente postura adoptada por más y más hombres y mujeres reservistas pone en peligro la existencia misma del Estado de Israel, pero quien nos pone en peligro existencial es el jefe de gobierno, no los reservistas. Creó con sus propias manos la peligrosa situación en la que nos encontramos. El gobierno de Netanyahu ha tomado como rehén al Estado de Israel y culpa de los resultados a todo el mundo excepto a sí mismo. Si el gobierno cree que estamos frente a una situación de seguridad peligrosa, es su responsabilidad detener el intento de golpe.

El segundo paso: establecer un nuevo contrato

Después de que se detenga el intento de golpe, el segundo paso será establecer un nuevo contrato para el Estado de Israel, que establezca protecciones más fuertes para nuestra democracia. Hay muchas maneras de hacer esto, pero la pregunta clave que debe guiarnos es simple: “¿Qué pondrá límites al poder del gobierno?”

Es recomendable tener cuidado con discusiones tortuosas sobre temas específicos, como la composición del comité para el nombramiento de jueces y la redacción de la cláusula sustitutiva.^[2] En cada periódico, en cada estudio de televisión, en cada programa de radio, y en cada conversación de cafetería, habría que insistir en preguntarse una y otra vez:

• ¿Cuál es el mecanismo que impedirá que una coalición mayoritaria temporal niegue el derecho al voto a los árabes?
• ¿Qué mecanismo impedirá cancelar el derecho de huelga de los trabajadores o cerrar los medios de comunicación?
• ¿Cuál es el mecanismo que impedirá que una coalición mayoritaria declare que el amor homosexual es una violación a la ley, que las mujeres deben andar por la calle con velo, o que la evolución no debe enseñarse en las escuelas?

Hasta hoy, el Estado de Israel tiene un mecanismo para intervenir y detener las leyes que atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos: la Corte Suprema. En el corazón del golpe actual está el intento del gobierno de eliminar el único límite a su poder, con leyes que le darán control sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, o anular leyes que le den algún poder al poder judicial.

En la situación actual, no hay lugar para ningún compromiso respecto de la Corte Suprema. El gobierno no debe tener control sobre el nombramiento de los jueces, y la Corte Suprema no debe reducirse. La batalla no es por la Corte Suprema, sino por salvar el único mecanismo que protege los derechos de los ciudadanos frente a la arbitrariedad del gobierno.

Pero cuando se establezca un nuevo contrato para el Estado de Israel, por supuesto, no habrá necesidad de seguir consagrando el mecanismo de la Corte Suprema. Al final, lo que es importante para los opositores al golpe no es la Corte, sino nuestro libertad. Es posible considerar mecanismos alternativos que limiten al gobierno y protejan la libertad de los ciudadanos. En otras democracias existe una amplia variedad de mecanismos que protegen la libertad de los ciudadanos y evitan la concentración de poder ilimitado en un solo partido.

Estados Unidos es un claro ejemplo de un país que tiene un completo sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguna coalición en la Cámara de Representantes estadounidense tiene una mayoría que apoya negarle el derecho al voto a los negros o prohibir la circuncisión de los judíos? Incluso si tal ley gana una mayoría en la Cámara de Representantes, tendrá que superar una serie de grandes obstáculos. La ley tendrá que pasar por el Senado, que es elegido sobre la base de un sistema completamente diferente.

Actualmente, la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano, mientras que el Senado está controlado por los demócratas. Y aquellos que conocen las complejidades del sistema estadounidense saben que es probable que una ley se apruebe hay que superar el obstruccionismo del filibustero,^[3] y para eso no basta una mayoría normal en el Senado, sino que es necesaria una mayoría privilegiada del 60%.

Supongamos que un proyecto de ley haya sido aprobado por el Senado. La carrera de obstáculos no terminaría ahí. El presidente de Estados Unidos puede vetar la ley, y se sabe que el presidente es elegido independientemente tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Otra limitación es la Constitución de Estados Unidos. Una mayoría temporal en la Cámara de Representantes no puede cambiar la Constitución, y una ley que niega el derecho al voto a los negros o prohíbe la alianza de la circuncisión de los judíos es inequívocamente contraria a la ley.

Y, por supuesto, también hay en Estados Unidos una Corte Suprema. En las últimas semanas hemos oído mucho que los políticos estadounidenses nombran a los jueces de la Corte Suprema. Es cierto. Pero en primer lugar, el nombramiento de un juez para la Corte Suprema requiere un acuerdo entre el presidente y el Senado. En segundo lugar, la Corte Suprema no es la única limitación al poder del gobierno. Si en Israel le damos a la coalición una mayoría en el comité para nombrar jueces, pero al mismo tiempo establecemos una constitución, establecemos un senado y regulamos el derecho de veto del presidente sobre nuevas leyes, entonces definitivamente hay algo de qué hablar con el gobierno actual. Pero, por supuesto, no es lo que el gobierno de Netanyahu está tratando de hacer.

Volvamos a Estados Unidos. Digamos que alguna ley extrema logró pasar todas las carreras de obstáculos de la Cámara de Representantes, el Senado, el presidente, la Constitución y la Corte Suprema, todavía no es el final de la historia. Estados Unidos es una federación. Tiene 50 estados, y cada uno de ellos tiene su propia Cámara de Representantes, Senado, Gobernador, Constitución y Corte Suprema. Existen importantes restricciones a la capacidad del gobierno federal de interferir en los asuntos internos de los 50 estados. Si los que quieren que los políticos en Israel elijan a los jueces supremos están dispuestos a la vez a convertir a Israel en una federación de distritos autónomos, esto también es algo de lo que los opositores al golpe estarán encantados de hablar.

Algunos dirán que Estados Unidos tiene demasiados frenos, lo que hace que sea muy difícil hacer cambios positivos y administrar el país. Pero estaría bien que tuviéramos al menos dos o tres frenos. Hoy solo tenemos un freno. Por razones históricas no se pudo redactar una constitución en Israel, no tenemos Senado, ni obstruccionismo filibustero, el presidente no tiene derecho de veto ni federación. El único límite que nuestros padres y madres fundadores crearon sobre el poder de la coalición gobernante es la Corte Suprema.

Esta singular situación, en la que la Corte Suprema es el único mecanismo que limita al gobierno, da respuesta a una de las preguntas más comunes que se escuchan estos días: «¿Por qué se recurre a la Corte Suprema por todo asunto, y por qué la Corte Suprema interfiere en todo asunto?»

Si se aprueba una ley que discrimina a las mujeres, o si un funcionario del gobierno nos acosa, o si el gobierno decide construir un basural en la reserva natural junto a nuestra casa, recurrimos inmediatamente a la Corte Suprema. Sucede porque no tenemos otro lugar al que recurrir, lo que no es una situación ideal. Hubiera sido mejor establecer límites adicionales al poder del gobierno.

Es como un automóvil que solo tiene un freno y alguien quiere desactivar ese freno por tener demasiada potencia. Más bien, primero agreguemos algunos frenos más y luego liberemos un poco la presión sobre ese freno. Pero solo neutralizar el único freno y no crear ningún otro mecanismo de frenado es una receta segura para el desastre.

¿Qué pasa con las elecciones?

Un argumento muy difundido es que la descripción anterior es inexacta, porque ignora la existencia de un mecanismo importante que pone límites al gobierno: las elecciones. Si durante cuatro años un gobierno aprueba leyes y realiza acciones que no gustan al público, luego de cuatro años el público las reemplazará. Si hay elecciones periódicas, ¿por qué necesitamos más frenos? Es difícil de determinar si quienes hacen esta afirmación son inocentes o depravados, pero está claro que en una situación en la que nada limita al gobierno nada le impide cambiar el sistema electoral a su antojo, para asegurarse de que los votantes nunca puedan reemplazarlo. Hay muchos ejemplos de países como Rusia, Cuba e Irán, en donde se realizan elecciones periódicas, pero son un ritual dictatorial, no un mecanismo democrático.

Puede que las manifestaciones y huelgas no remuevan la coalición, pero dan un empujón a los jueces del Tribunal Superior y a los miembros de las fuerzas de seguridad para hacer lo correcto. Es fundamental que cientos de miles de personas estén en las calles para decir en voz alta y clara: “Estamos con ustedes y esperamos que protejan la democracia”.

En las últimas semanas hemos comprobado que el Likud y el partido Judaísmo Bíblico buscan posponer las próximas elecciones en Israel de 2026 a 2027, mediante una interpretación creativa de la Ley fundamental: el Parlamento. El parlamentario Eliyahu Rabivo del Likud presentó otro proyecto de ley que permitiría, bajo ciertas condiciones, dar un regalo de 12 mandatos adicionales a los partidos de la coalición.

Sí, sí, el público elegirá a 120 miembros de la Knesset, y la coalición recibirá un regalo del cielo de otros 12 miembros de la Knesset. Simplemente así, porque es posible. En ausencia de un límite, la coalición también puede prohibir que los partidos de oposición participen en las elecciones, negar el derecho al voto de comunidades enteras, o aprobar una ley según la cual para gozar del derecho al voto, primero se debe firmar una declaración de lealtad, que la propia coalición redactará.

De hecho, si no hay límite al poder de la coalición, no será necesario aprobar leyes para sesgar el resultado de las elecciones. Las regulaciones y órdenes ministeriales serán suficientes. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional puede anunciar que, lamentablemente, no puede proporcionar la seguridad adecuada a los centros electorales de las comunidades árabes, por lo que los residentes de Um al-Fahm que quieran votar tendrán que viajar a Hadera, y los residentes de Shefaram solo podrán votar en Kiryat Ata.

Los israelíes son personas creativas, y si no hay restricciones sobre ellos, los miembros de la coalición inventarán mil y un trucos para inclinar el resultado electoral a su favor. Si no hay límite al poder del gobierno, no habrá elecciones democráticas.

¿Qué pasa con el poder de la Corte Suprema?

Otro argumento difundido es que aunque el poder ilimitado del gobierno suena como algo muy aterrador, el poder ilimitado de la Corte Suprema no es menos aterrador. Según esta afirmación, las leyes que el gobierno está tratando de aprobar tienen la intención de privar a la Corte Suprema del poder ilimitado del que ha disfrutado en las últimas décadas.

Tampoco en este caso está claro si quienes hacen esta afirmación son inocentes o depravados. ¿Qué significa que la Corte Suprema tenga un poder ilimitado? Su poder es muy limitado. Juguemos a las “20 preguntas”. ¿Cuál de las guerras de Israel fue declarada por la Corte Suprema? ¿Qué operación militar comandaron los jueces de la Corte Suprema?, ¿Qué acuerdo de paz firmó la Corte Suprema? ¿Qué presupuesto anual preparó y aprobó la Corte Suprema? ¿Qué ciudad de Israel construyó la Corte Suprema? ¿Cuál es el plan de la Corte Suprema para resolver la crisis de la vivienda en Israel? ¿Cuál es el plan de la Corte Suprema para resolver la crisis ecológica?

Quizás no haya necesidad de las 20 preguntas. El punto es claro. La Corte Suprema no tiene un poder ilimitado. A diferencia del gobierno, el Tribunal Superior no puede declarar la guerra o hacer la paz. No controla el presupuesto no construye ciudades. Tampoco puede resolver la crisis de la vivienda o la crisis ecológica.

El gobierno controla el formidable aparato ejecutivo del Estado. Cientos de miles de soldados, policías y funcionarios son reclutados y financiados por el gobierno y obedecen sus órdenes. Este mecanismo otorga al gobierno el poder de declarar la guerra y hacer la paz; transferir presupuestos y construir ciudades; y resolver la crisis de la vivienda y la crisis ecológica (si así lo quiere).

La Corte Suprema de Justicia no controla ningún mecanismo ejecutivo similar, no en vano a lo largo de la historia existen muchos ejemplos de dictaduras instauradas por gobiernos, y en contraste es muy difícil encontrar un ejemplo de dictadura instaurada por un tribunal. El tribunal simplemente no tiene el poder para hacerlo. Quienes insisten en que el tribunal tiene un poder ilimitado, probablemente no entiendan el significado de la palabra “poder” o de la expresión “ilimitado”.

En casos excepcionales, la Corte Suprema tiene el poder de obligar al gobierno a actuar, cuando no cumple con sus obligaciones legales con los ciudadanos. Por ejemplo, en 2007, la Corte Suprema obligó al Estado a completar la operación de construcción de refugios para aulas en la Franja de Gaza, aunque incluso en este caso fue el propio gobierno el que inició la acción, y la Corte Suprema solo se aseguró de que el gobierno implemente la decisión que él mismo había tomado.

Pero en la gran mayoría de los casos, el poder de la Corte Suprema es solo preventivo. Cuando alguien en la poderosa maquinaria ejecutiva del gobierno, desde el primer ministro hasta el último funcionario, hace algo que consideramos injusto, podemos acudir a la Corte Suprema y pedirle que los detengan y nos protejan.

Aparentemente, parecería tener un poder casi ilimitado. Pese a que la Corte Suprema de Justicia no pueda tener mucha capacidad de iniciativa, ¿no es excesivo que pueda detener cada acción y decisión del gobierno? ¿No le da eso la capacidad de paralizar completamente el país?

En honor a la verdad, no. El ministro Ben Gvir se jactó recientemente de que toma noventa decisiones por día. Quizás sea cierto, pero supongamos que exagera y que solo toma nueve decisiones al día. Al igual que Ben Gvir, también lo hace el ministro de Relaciones Exteriores y el director general del Ministerio del Interior, y el jefe del departamento de presupuestos, y cientos de miles de otros servidores públicos toman también nueve decisiones diarias. Eso se traduce en más de un millón de decisiones al día.

En teoría, es posible presentar una petición a la Corte Suprema todos los días por todas y cada una de estas millones de decisiones, pero  no es práctico ni 15 jueces del Alto Tribunal pueden realizar un millón de audiencias todos los días. El Tribunal Superior utiliza su capacidad para invalidar leyes o detener decisiones gubernamentales en raras ocasiones. En toda la historia de Israel, solo 22 leyes o componentes de leyes han sido invalidados por el Tribunal Superior.

Si bien en relación con otras cortes supremas, nuestra corte tiene a un gran poder, eso se debe a que el Estado de Israel no ha creado otro mecanismo que limite al gobierno. Los Estados muchas veces no llegan a la Corte Suprema porque se detienen en otro lugar, como el Senado o el gobernador de California o la Cámara de Representantes de Texas. Sería ideal que tuviéramos más frenos, pero antes de neutralizar la Corte Suprema, instalémoslos primero.

¿Es la Corte Suprema el protector de las élites?

Otra historia que circula sostiene que la Corte Suprema es un mecanismo que preserva el poder de las élites e impide que se cierren las brechas sociales en Israel. No hay duda de que existen grandes brechas sociales en Israel y que deben cerrarse lo antes posible, pero ¿es la Corte Suprema la que está impidiendo el cambio? ¿Qué leyes se sabe que aprobó el parlamento para reducir las disparidades sociales, y vino la Corte Suprema y las invalidó?

De las 22 leyes invalidadas por la Corte Suprema, la única que tal vez podría describirse como una ley cuyo propósito era reducir las disparidades sociales fue la Ley del Impuesto a la tercer propiedad inmueble, y el motivo de su inhabilitación fue por un procedimiento legislativo impropio.

Hubiera creído el cuento sobre la “Corte Suprema que protege a las élites” si el gobierno de Netanyahu no hubiera comenzado su mandato con un intento de eliminar a la Corte Suprema, sino con un paquete integral de leyes para reducir las disparidades sociales, y solo luego haya venido la Corte Suprema a rechazar estas leyes.

Si ese fuera el caso, entonces cientos de miles de personas saldrían a las calles a protestar contra la Corte Suprema, no contra el gobierno. Lo que parece mucho más probable es que el gobierno de Netanyahu esté tratando de eliminar la Corte Suprema porque quiere obtener un poder ilimitado para sí mismo y está buscando alguna excusa para justificar su movida dictatorial.

¿Qué es la democracia?

En una visión más amplia, lo que está sucediendo actualmente en Israel se deriva de una falta de comprensión de lo que es la democracia. Demasiadas personas en el gobierno, en el parlamento, en los medios y en la calle piensan que la democracia es simplemente la tiranía de la mayoría. Piensan que una vez que el 51% de los funcionarios electos quieren algo, entonces no hay nada que los limite. Eso no es una democracia.

Si el 51% de los votantes quiere cerrar todos los medios de comunicación de la oposición, ¿es eso legal?

Si el 51 % de los votantes quiere privar del derecho al voto al otro 49 %, ¿se les permite hacerlo?

Si el 51% de los votantes, o incluso el 99% de los votantes, quiere enviar al 1% restante a campos de exterminio y exterminarlos, ¿es democrático hacer tal cosa?

Hace unos días, Uganda aprobó una ley que impone la pena de muerte a las personas LGBT. La ley fue aprobada con una mayoría de 387 partidarios, contra 2 opositores. ¿Es una ley democrática?

Tales medidas no son democráticas, porque la democracia no es la tiranía de la mayoría. La democracia es el gobierno del pueblo. Y el pueblo también incluye a la minoría. Los portavoces de la propaganda de este gobierno, y de los regímenes dictatoriales a lo largo de la historia, afirman que solo la mayoría es el pueblo, mientras que la minoría no es parte del pueblo.

Afirman que la minoría es una élite descontenta, o un puñado de traidores, o agentes extranjeros. No es verdad. Todo el pueblo del país es pueblo, tanto la mayoría como la minoría. Y en una democracia, incluso las minorías, incluso las minorías muy pequeñas, tienen derechos.

En una democracia, por supuesto, la mayoría tiene enormes derechos. La mayoría de las personas tienen derecho a establecer un gobierno como mejor les parezca y a establecer las políticas que deseen en una gran variedad de campos.

Si la mayoría quiere la guerra, vamos a la guerra. Si la mayoría quiere la paz, hacen la paz. Si la mayoría quiere aumentar los impuestos, aumenta los impuestos. Si la mayoría quiere bajar los impuestos, baja los impuestos. Si la mayoría quiere aumentar el presupuesto de educación a expensas del presupuesto de defensa, lo hace. Si la mayoría quiere lo contrario, hace lo contrario.

Está en manos de la mayoría decidir muchas cosas. Pero hay dos lugares a los cuales las manos de la mayoría no deben penetrar. Hay dos tipos de derechos que se protegen de la mayoría.

Una canasta tiene derechos humanos, como el derecho a la vida. Incluso si el 99% de la población quiere destruir el 1% de la población, en una democracia esto no está permitido, porque viola el derecho humano más básico: el derecho a la vida. Hay otros derechos en la canasta de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de circulación.

Una segunda canasta es la de los derechos civiles. Estas son las reglas básicas del juego democrático. Un claro ejemplo es el derecho al voto. Si a la mayoría se le permitiera negar el derecho al voto de la minoría, los ganadores de esa elección negarían inmediatamente el derecho al voto a los perdedores, y que la paz sea con Israel y se pase a otra cosa.

Para que haya democracia, la mayoría no debe tocar la canasta de los derechos civiles, a menos que la minoría también esté de acuerdo en hacer algún cambio allí.

Por supuesto, en una democracia es posible llevar a cabo largas discusiones sobre la los límites de los derechos humanos y los derechos civiles. Incluso el derecho a la vida tiene límites. Hay países democráticos donde hay pena de muerte. En casos extremos el Estado se permite negar el derecho a la vida criminal. Y cada país se permite declarar la guerra y enviar gente a matar y a que la maten. Entonces, ¿dónde pasa exactamente la línea del derecho a la vida?

También hay largas discusiones sobre qué derechos están incluidos en las dos canastas. ¿Quién determinó que la libertad de religión es un derecho humano básico? ¿Debería definirse el acceso a Internet como un derecho humano en estos días? ¿Y los derechos de los animales? ¿O los de la inteligencia artificial?

No resolveremos aquí tales asuntos. El mundo es un lugar muy complejo y, precisamente,  porque es complejo no existen respuestas simples y absolutas a preguntas tan fundamentales. Una democracia sana es un completo sistema de pesos y contrapesos, en el que ningún partido puede decidir por sí solo qué son los derechos humanos y qué los derechos civiles.

¿De dónde vienen los derechos?

También puede preguntarse de dónde provienen todos estos derechos. No vienen del cielo ni de las leyes biológicas. Los derechos humanos y civiles no están escritos en nuestro ADN. Llos derechos humanos y civiles los inventaron los propios seres humanos en un largo proceso de prueba y error, para formar la base de una sociedad pacífica y próspera en acuerdo amplio entre la mayoría y la minoría.

Pero, ¿por qué la mayoría estaría interesada en un acuerdo tan amplio? Incluso si necesitamos algún tipo de derechos humanos y civiles, ¿por qué la mayoría simplemente no ignora la opinión de la minoría y decide por ella misma lo que se incluirá en la canasta de los derechos humanos y la canasta de los derechos civiles? Hay tres razones.

En primer lugar, toda persona en su sano juicio entiende que el hecho de que en un determinado asunto forme parte de la mayoría, no garantiza que en otro no se encuentre en minoría. Cierto, hay minorías de las que nunca seré parte. Pero todos nosotros, si vivimos lo suficiente, envejeceremos y heredaremos, y formaremos parte de la minoría de personas con discapacidades. Por lo tanto, aun cuando seamos jóvenes y saludables, debemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Y si bien este es un ejemplo predecible, hay muchos ejemplos menos predecibles. Quizás durante años fui parte de la mayoría en mis puntos de vista sobre el conflicto israelí-palestino, pero de repente, cuando estalló la epidemia de coronavirus, inesperadamente me encontré como parte de una pequeña minoría.

¿Y qué sucederá en los próximos años a medida que se perfeccione la tecnología de inteligencia artificial y las computadoras tomen cada vez más decisiones sobre la vida humana? ¿Quizás me encontraré en minoría en la discusión política sobre inteligencia artificial? Entonces, incluso si hoy soy parte de la mayoría, debo establecer fuertes protecciones para los derechos de las minorías.

Una segunda razón por la que en discusiones sustantivas a menudo vale la pena respetar la opinión de la minoría es la profunda sabiduría humana. Al calor del debate, la mayoría siempre quiere pisotear a la minoría y los derechos de la minoría. Pero en momentos de tranquila introspección, cada persona debe ser consciente de que a veces se equivoca y que debe haber límites a su poder. Aquellos que quieren poder ilimitado son malvados o estúpidos o ambos. Los tontos creen que nunca se equivocan. A los malvados no les importa que puedan estar equivocados. Los hombres sabios saben que a veces se equivocan, les importa y, por lo tanto, les interesan las limitaciones de su propio poder.

La tercera y quizás la razón más importante de todas por la necesidad de la mayoría de obtener el consentimiento de la minoría cuando se trata de las reglas básicas del juego, es el deseo de asegurarse de que la minoría realmente obedezca estas reglas. Cuando la minoría es superada, no tiene por qué aceptar la voluntad de la mayoría. Cuando dos lobos persiguen a una cierva con el objetivo de devorarla, la cierva no se dice a sí misma: «Ellos son la mayoría, yo soy la minoría, así que debo obedecerlos». Así también cuando la gente trata de atropellar a los demás, y cuando la gente se odia, la minoría no tiene razón para someterse a la voluntad de la mayoría. Si hay muchas personas que me odian, ¿es esa una razón para obedecerlas?

Y conviene recordar que en las guerras civiles muchas veces gana la minoría. Una guerra civil no se lucha con papeletas de voto. En la guerra civil de Siria ganó la minoría halawi. En la guerra civil de Ruanda, ganaron los pocos tutsi. En la guerra civil que tuvo lugar en Palestina al final del mandato británico, la minoría judía derrotó a la mayoría palestina.

Por tanto, suele haber muy buenas razones para no atropellar a la minoría y para llegar a un acuerdo amplio con ella sobre las reglas básicas del juego y el contenido de la canasta de los derechos humanos y de la canasta de los derechos civiles.

El camino a seguir

Entonces, ¿cómo terminará todo esto? No se sabe, pero una cosa es cierta: no hay forma de volver a noviembre de 2022. En las últimas semanas, descubrimos dos cosas importantes sobre el Estado de Israel que no sabíamos antes.

Descubrimos que hay un factor importante en Israel que quiere desmantelar los pesos y contrapesos de la democracia y tomar un poder ilimitado. Y también descubrimos que una gran parte de los ciudadanos israelíes no entienden realmente qué es la democracia y la confunden con la tiranía de la mayoría.

Por tanto, hay dos conclusiones importantes ante la crisis actual. Primero, que no debemos debilitar las frágiles defensas de la democracia israelí, sino agregar defensas más fuertes. Segundo, necesitamos una reforma integral y profunda en el sistema educativo, para que eduque sobre los valores de la democracia y los derechos humanos. Si no, la democracia no existirá aquí por mucho tiempo.

¿Cómo se puede garantizar la educación para la democracia y cómo se pueden establecer mecanismos de defensa más fuertes para la democracia israelí? Solo por amplio acuerdo. Será difícil llegar a ese acuerdo sobre la base de una discusión apresurada entre los representantes de la coalición y los representantes de algunos partidos de la oposición, cuando los vientos son turbulentos y cuando el gobierno agita la mano con el arma cargada.

La orden del momento es convocar una asamblea constituyente que dé adecuada representación a todos los sectores en Israel y que redacte un nuevo contrato para nuestro país. El gobierno, el parlamento y los tribunales seguirán manejando los asuntos de Israel, y la Asamblea Constituyente creará un nuevo contrato para los próximos 75 años. Si no logramos llegar a un acuerdo amplio sobre un nuevo contrato de este tipo, los días de la democracia israelí están contados. Asimismo, sin una infraestructura democrática profunda los días del Estado de Israel también pueden estar contados.

Hay un paso que muchos de nosotros podemos dar en la preparación de la Asamblea Constituyente. La próxima semana, la mayoría de los israelíes celebrarán el Día de la Independencia y la noche del Séder de Pesaj. Esta es una noche en la que muchas, muchas familias se reúnen para leer textos sobre la libertad. Me gustaría sugerir que en la noche de este séder, todas las familias de Israel lean juntas nuestra declaración de independencia. Y también me gustaría sugerir que además de las cuatro preguntas tradicionales, cada familia en Israel se enfrente con cuatro dificultades adicionales y hablará de ellas tanto como sea necesario, incluso hasta la lectura de los rezos de la madrugada:

• ¿Qué limita el poder del gobierno?
• ¿Es sólo la mayoría el pueblo?
• ¿Qué no le está permitido hacer a la mayoría con la minoría?
• ¿Y por qué suele valer la pena comprometerse con una minoría?

Que todos tengamos unas felices fiestas de la libertad y que celebremos muchas más fiestas de la libertad en el Estado de Israel. ¡Que el próximo año seamos libres!

Traducción y notas: Oded Balaban balaban@research.haifa.ac.il

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