POR CAMBIO16
28/06/2017
En 2004, el Informe presentado por Naciones Unidas “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos”, elaborado por el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, señaló a la delincuencia organizada transnacional como una de las seis mayores amenazas a la estabilidad mundial.
Este flagelo se ha convertido en los últimos años en un problema creciente. La ONU y varias organizaciones regionales trabajan para frenar el blanqueo de dinero, el narcotráfico, la prostitución o el tráfico de armas -con sus acciones que incluyen la trata de personas o el asesinato-, por lo que trasciende las fronteras de lo delictivo y se inscribe en las violaciones de derechos humanos.
La criminalidad organizada se ha ido extendiendo y ampliando paralelamente al proceso de globalización. De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen organizado genera al año en torno a un billón de dólares, una cantidad que equivaldría a más de 1,5% del PIB mundial. La amenaza que representan las redes criminales afecta a todos los países y regiones del mundo, si bien las mafias operan fundamentalmente en lugares en donde existen unas débiles instituciones públicas o en donde hay partes del territorio nacional que escapan al control de las autoridades.
Pese a las medidas que se han ido adoptando, el crimen organizado sigue constituyendo una grave amenaza, extendiéndose a nuevas áreas geográficas y traficando cada vez con más productos. A nivel europeo, por ejemplo, Europol calcula que podría haber más de 4.000 bandas organizadas, cuyos ámbitos de actuación van desde el narcotráfico hasta el contrabando de mercancías, pasando por el tráfico de seres humanos o los delitos financieros. Esta amenaza está llevando a prácticamente todos los países del mundo y a varias organizaciones internacionales a poner en marcha diversos mecanismos para hacer frente a la criminalidad organizada.
La Asamblea General de la ONU aprobó el 15 de noviembre del año 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), ratificada por España el 1 de marzo de 2002 y en vigor desde el 29 de septiembre de 2003. Esta Convención ha sido complementada posteriormente con tres Protocolos: el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”; el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”; y el “Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones”. En estos cuatro textos mencionados se recogen fundamentalmente una serie de medidas policiales, legislativas y judiciales con las que luchar contra la delincuencia organizada, estableciendo por primera vez una serie de directrices globales para todos los Estados Parte en la lucha contra varios delitos relacionados con el tráfico ilícito. El objetivo último es promover la cooperación entre los Estados para combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
España y la UNODC mantienen una relación de cooperación muy intensa desde hace años. Nuestro país contribuye financieramente a las actividades de cooperación técnica y de desarrollo ejecutadas por esta Oficina de Naciones Unidas desde 1971. La contribución total acumulada de España a esa organización internacional, que tiene sede en Viena, desde 2007 hasta 2013, es de 4,8 millones de euros, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El 70% de esa contribución voluntaria se ha destinado al mundo de habla hispana y a las actividades de reducción de la demanda de drogas y el 30% restante a fondos de infraestructura.
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