España registró durante 11 años consecutivos un crecimiento sostenido del turismo. La crisis sanitaria lo detuvo y lo derrumbó. La Organización Mundial del Turismo prevé una caída brutal en el turismo mundial entre el 60 y 80%
La industria turística de España, una de las mejor posicionadas del mundo, vio truncada de forma repentina su curva ascendente, que parecía indetenible, con la emergencia sanitaria y el estado de alarma. La aparición del brote del coronavirus, convertido en pandemia, neutralizó la movilidad de las personas y de las empresas en el globo y con ello el turismo.
La demanda de servicios como la hostelería (restaurantes y bares), agencias de viaje y líneas aéreas cayó a mínimos históricos. Aunque el resultado aún no es concluyente, sí es anticipadamente perturbador.
La actividad turística representa en España el 12,5% del PIB, un porcentaje que se multiplica hasta el entorno del 35% si se incluyen los servicios asociados. Genera alrededor de 2,3 millones de empleos y es, sin duda, una pieza fundamental en la estructura económica del país. Las estadísticas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo indican que durante 11 años la industria escaló peldaños de forma sostenida. En 2019 logró un récord con la llegada de 83,7 millones de viajeros internacionales y un gasto de 92.337 millones de euros. No obstante, esa prometedora planificación se detuvo.
Descenso estrepitoso en ingresos y empleos
La OMT ha elaborado dos estimaciones –una peor que la otra– sobre el impacto descomunal del confinamiento planetario. En el análisis de la primera semana de mayo, prevé un descalabro. El volumen de turistas a nivel global podría caer entre un 60% y un 80% en 2020. Dependerá del comportamiento del virus, de la desescalada particular de cada país y del contexto internacional.
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, considera que el mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin precedentes, similar a la Gran Depresión: “Solo en marzo se registró una caída abrupta del 57% del turismo, con el comienzo de las medidas restrictivas. Una pérdida de 67 millones de llegadas internacionales y de alrededor de 80.000 millones de dólares en ingresos”.
Naciones Unidas proyecta que la caída de la demanda de viajes internacionales ocasionaría:
- La pérdida entre 850 millones y 1.100 millones de turistas internacionales.
- La pérdida entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares en ingresos por exportaciones del turismo.
- Entre 100 millones y 120 millones de puestos de trabajo directos amenazados.
En el caso de España, la situación es igualmente apremiante. Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) advirtió de que “los ingresos de las empresas turísticas se sitúan en 0 € (cero euros, nada) desde finales de marzo por el estado de alarma y el confinamiento. Una mínima visibilidad hasta fines de junio, supondría casi cuatro meses sin facturar y la necesidad de garantizar la supervivencia de muchas empresas y empleos turísticos asociados en riesgo real de desaparición. La circunstancia se agravará a fines de verano si no llega la demanda extranjera”. Los potenciales escenarios que maneja son pérdida de ingresos turísticos que van desde 92.600 millones hasta, en un caso extremo, 124.200 millones de euros.
Y con base al deseable inicio de una tímida actividad turística este verano, las empresas españolas descuentan para lo que queda del año un escenario central que conlleva una caída media en sus ventas del -60,7% con respecto a 2019, según la Encuesta de Confianza Empresarial Exceltur cerrada el 16 de abril. El sondeo refiere que Baleares sería la región más afectada, con un descenso del 95,2% de su PIB turístico. Seguida de Cataluña, con un 83,8%; Andalucía y Comunidad Valenciana, ambas con un 80,9%; Galicia, con un 80,8%; Madrid, con un 77,9% y Canarias, con un 76,1%.
Aerolíneas en barrena
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo elevó el 14 de abril las previsiones de pérdidas para el sector de transporte aéreo de pasajeros. Estimó que alcanzarán 314.000 millones de dólares (286.500 millones de euros) en 2020 por el impacto de la crisis del coronavirus. El 24 de marzo había sugerido que las pérdidas serían por 252.000 millones de dólares (229.948 millones de euros).
Esta reducción supondrá una contracción en los ingresos de las compañías del sector del 55% frente a 2019, debido a las restricciones de viajar decretadas en todo el mundo para frenar la expansión de la pandemia. Las empresas españolas no escapan del duro balance de IATA.
Directivos de la Asociación de Líneas Aéreas manifestaron en una videoconferencia con el rey Felipe VI su preocupación. Señalaron que el tráfico aéreo se redujo en 95%, lo que ha obligado a las empresas a dejar en tierra a la mayor parte de su flota o, en muchos casos, a dejarla toda. Solo en marzo, abril y mayo el número de vuelos cancelados superó los 250.000. Esta adversidad pone en riesgo 900.000 empleos de ese sector en España y se teme una caída de ingresos cercana a 15.000 millones de euros. Es la consecuencia de la pérdida de casi 114 millones de pasajeros, casi la mitad (41.41%) del total de pasajeros registrados en todo el ejercicio de 2019. Este revés sectorial tendría un impacto en el PIB nacional de hasta 55.000 millones de euros, lo que equivaldría a un descenso del 4,41% del PIB.
#Unopuntosiete
La hostelería como subsector del turismo está igualmente afectada por la contingencia. La consultora Bain & Company y la firma de servicios profesionales EY (antes Ernst & Young) advirtieron los efectos de la pandemia: si la hostelería no se reactiva para el segundo semestre del año, provocaría una caída de la facturación anual de hasta 55.000 millones de euros, equivalente al 40% del total. Además, el empleo podría sufrir también un fuerte impacto, afectaría hasta 680.000 puestos de trabajo en los momentos más críticos del proceso y una pérdida definitiva de 207.000 empleos.
El turismo y la hostelería se han quejado de la falta de respuestas del Gobierno para activar la industria. Hostelería de España, Facyre, Eurotoques, Revolución en Sala, Unión Española de Catadores, Escuela Española de Cata, así como CEOE, CEIM, Madrid Fusión, San Sebastián Gastronomika y Mateo&co, junto con Makro, unieron sus voces en la plataforma #unopuntosiete.es.
El objetivo es recoger las principales peticiones y sugerencias promovidas desde el sector hostelero con el objetivo de conseguir un empuje para los negocios en dificultades. La recopilación de ideas fue elevada a la consideración del Ministerio de Turismo. Entre ellas, que los ERTE tuviesen incorporación paulatina de trabajadores, que no se acaben con la finalización del estado de alarma, y que se suspendan las cotizaciones de autónomos por seis meses. Asimismo, que se aplacen el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades con prorrateo en los ejercicios 2021 y 2022.
Reclaman liquidez para no ir a la quiebra
Las agencias de viajes de España se han agrupado para paliar juntas el declive. Aseguran que el Gobierno ha rezagado la actividad en sus políticas de ayuda y piden liquidez para evitar la quiebra de sus establecimientos.
Representantes del sector afirman que atraviesan uno de los episodios económicos más difíciles, incluso peor al de la crisis de 2008. Sus clientes han efectuado cancelaciones masivas de sus servicios. A propósito de la emergencia, las agencias de viaje se reunieron y fundaron la Plataforma por los Derechos de los Agentes de Viajes (PEDAV), que en pocos días sumó 3.000 miembros.
Denunciaron que, siendo las agencias el eslabón más débil de la cadena, las obligan a asumir la financiación de liquidez económica de las grandes empresas. Su contrapropuesta fue que la norma fuese la misma para todos. “Si el prestador del servicio puede ofrecer bono, las agencias ofrecemos bono. Si ofrece reembolso, las agencias a su vez reembolsarán al cliente”, plantearon. Esbozaron un fondo de compensación por si un proveedor se declara en quiebra (navieras, compañías aéreas) cuando sus sedes no están en España ni dentro del territorio de la Unión Europea y no están sujetos a las legislaciones nacionales y regionales.
Aportes del Gobierno al sector
Para proporcionar liquidez y flexibilidad a las empresas y autónomos, el Gobierno aprobó en marzo un paquete de medidas dirigidas a la industria turística, contenidas en el Real Decreto-ley 7/2020:
• Una línea de financiación del ICO, dotada con 400 millones de euros y con garantía del Estado. Es una ampliación de 200 millones de euros de la línea creada tras la quiebra de Thomas Cook que se amplía a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio fiscal en España que estén incluidos en los sectores económicos de transporte de viajeros, alojamiento, restauración, así como actividades relacionadas que se ven afectadas por la crisis.
- La ampliación a los meses de febrero a junio de la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social de los contratos de los trabajadores fijos discontinuos de toda España.
- La suspensión durante un año y sin penalización alguna del pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y del Programa Emprendetur Internacionalización.
- Comercio, hostelería y turismo han recibido 8.700 millones de euros en créditos para liquidez (25% de la financiación ICO). Además 504.000 autónomos están cubiertos por la prestación por cese extraordinario de actividad (43% del total). Y 5 de cada 10 trabajadores están protegidos por ERTE.
La buena noticia, la más esperada
La Comisión Europea aprobó un grupo de recomendaciones para reabrir progresivamente las fronteras, recuperar la actividad turística y rescatar a Europa como el destino número uno del mundo.
• Bruselas presentó el 13 de mayo el informe prometido y esperado por la industria turística comunitaria. Establece los lineamientos para proceder a la reapertura de las fronteras en forma progresiva y segura, así como el transporte.
- El propósito es que los ciudadanos puedan transitar libremente, pero con medidas sanitarias confiables; que las empresas turísticas reabran y aprovechen, en la medida de sus posibilidades, las vacaciones de verano.
- La aplicación de estos criterios deberá basarse en evidencias epidemiológicas y tener en cuenta que existe suficiente capacidad del sistema de salud para la población local y los turistas. Además de una capacidad de vigilancia y supervisión o de seguimiento de los contactos.
- La CE cree que la aplicación de estas pautas permitirá a las personas alojarse de manera segura en vacaciones, comer y beber en restaurantes, bares y cafeterías e ir a playas y otras áreas de ocio al aire libre.
- El desenlace de la crisis por la COVID-19, su duración y la “nueva normalidad” definirán el despegue de esta importante industria. En España, la continuidad de su curva ascendente ¿será indetenible esta vez?
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Este y otros contenidos están en la edición 2.268 de Cambio16
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