En Latinoamérica ser defensor del medio ambiente lleva consigo muchos riesgos, entre ellos, el de perder la vida. Así lo revela un nuevo estudio elaborado por Joan Martínez Alier, con los datos de la plataforma online Atlas de Justicia Ambiental.
Los datos de los conflictos medioambientales alrededor del mundo indican que en el 13% de los casos un activista es asesinado. También que el 18% son víctimas de violencia y el 20% criminalizados. Sin embargo, la cifra más alarmante es que el 40% de los casos los defensores pertenecen a pueblos indígenas.
Señala Martínez Alier que los países de Latinoamérica con más defensores indígenas del medio ambiente asesinados son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil. También en Ecuador, Chile y Argentina y asegura que son atacados “porque se defienden más contra las depredaciones ambientales».
El estudio analiza las características de los defensores ambientales atacados, sus estrategias y los resultados de conflictos. En total, han estudiado 2.743 casos y su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas.
El éxito de la resistencia
Martínez-Alier reveló además que los activistas medioambientales consiguieron detener el 11% de los 2.743 conflictos ambientales en todo el mundo con diferentes acciones. Entre ellas, varios tipos formas de movilización y la suma de voluntades de científicos, profesionales o grupos religiosos.
En lo que respecta a Latinoamérica, el analista destacó el uso de las consultas populares como las de Esquel (Argentina), Tambogrande (Perú) y La Colosa en Tolima (Colombia). Dijo: «A veces se dan bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta protege a poblaciones indígenas, y otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo, entre otras».
Al respecto, el director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Georg Dufner, también se refirió a la Convención 169 de la OIT. “América Latina es la región del mundo en la que se observa que en la práctica los avances en su aplicación dejan aún mucho que desear», declaró a DW.
Dufner considera que «el principal problema que sufren los pueblos indígenas latinoamericanos es justamente la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial en el subcontinente».
Acuerdos que no llegan
El director del KAS recalcó que «cuando los Estados de América Latina tomen en serio a sus pueblos indígenas, disminuirán en número e intensidad estos conflictos. Los mismos perjudican y complican el desarrollo de los países, así como a las inversiones».
La región estaría próxima a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Martínez Alier expresa que «lo relevante es su efectividad, su carácter vinculante y la sanción para aquellos países que no los cumplan. Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral».
El Acuerdo de Escazú podría ser “una herramienta determinante en la reconstrucción de la región tras la pandemia del coronavrius”. El director del proyecto Atlas de Justicia Ambiental recalca que el mismo «aumenta la presión extractivista para pagar las deudas de cada país y hace la resistencia más difícil».
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