De todos los efectos que hace 25 años previeron los líderes e investigadores que alertaron sobre el cambio climático, hay uno que pocos vieron venir. La progresiva criminalización de la defensa del ambiente y la incorporación de los investigadores, académicos y activistas medioambientales en las listas de perseguidos y presos políticos en todo el mundo.
En paralelo al cambio climático, este primer cuarto del siglo XXI se ha caracterizado por la expansión de los regímenes autoritarios. Los reportes de organizaciones como Freedom House y el Instituto Varieties for Democracy (V-Dem) lo registran con preocupación año tras año.
Y si hay cuatro cosas que a un gobierno autoritario no le gustan son las preguntas que cuestionan su desempeño, la libre circulación de información, la crítica argumentada a sus decisiones/acciones y la difusión de ideas, mensajes y propuestas que inviten a la población a pensar. Es decir, todo lo que hace un científico, un docente o un activista del cambio climático. Bajo los regímenes de ese tipo, cualquier forma de contraloría ciudadana es una amenaza a su estabilidad.
Esta semana, el régimen iraní liberó a cuatro de 10 científicos que tenía presos desde 2018, condenados a 6, 8 y 10 años de prisión por sus investigaciones en defensa del ambiente. Del grupo de 10, Kavous Seyed-Emam falleció en 2018 bajo custodia del Estado iraní, y otros 5 fueron liberados el año pasado. Pero aún hay al menos otros cuatro científicos o activistas ambientales presos.
Los nuevos perseguidos
En los últimos 25 años, los científicos ambientalistas han entrado en la lista de la persecución política, históricamente ocupada por políticos, periodistas, líderes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos, abogados, líderes comunitarios, escritores, artistas y líderes religiosos.
Las acusaciones formales contra las víctimas, sin importar el país autoritario o totalitario donde sean capturados, se revisten de legalidad con imputaciones atadas a delitos tipificados. Pero la verdad es que son encarcelados por sus ideas, sus denuncias en defensa del ambiente y sus preguntas incómodas.
La relación es clarísima. El combate del cambio climático requiere acciones eficaces. Por un lado, una comunidad científica local que documente, investigue y alerte. Que a la par de desarrollar proyectos para enfrentar las amenazas de la crisis del clima, también puedan decir con libertad si las cosas no se están haciendo bien. Y por el otro, gobiernos eficaces, transparentes, diligentes y comprometidos con proteger los recursos naturales de su país y a sus gobernados de los daños ambientales.
Los regímenes autoritarios carecen de esas características. En cambio, explotan los recursos naturales sin considerar el impacto negativo. No existe la libertad de expresión y los proteccionistas ambientales son vistos como amenazas. Su industria extractiva, ligada a los gobernantes, actúa con impunidad en materia ambiental. Y sus sistemas judiciales son débiles, con jueces y fiscales ambientales que responden al gobierno, lo que impide una aplicación efectiva de la ley.
De hecho, un elemento bastante común entre los científicos judicializados en Irán, y en general los presos políticos en ese país, es que muchos tienen doble nacionalidad. Otro factor común es que son acusados y condenados por espionaje o delitos similares. Lo que nos lleva al tercer elemento común: los doble nacionalizados que han sido liberados vuelven a casa luego de negociaciones de intercambio de prisioneros.
Presos por estudiar felinos
No obstante, los liberados más recientes son todos iraníes y salieron en libertad con motivo de una amnistía por el final del Ramadán: la científica Niloufar Bayani; el biólogo Houman Jokar; el ecologista y documentalista Taher Ghadirian y la administradora Sepideh Kashani. Todos pertenecen a la Fundación para la Preservación de la Vida Silvestre Persa, una ONG dedicada a la defensa del medioambiente y la biodiversidad. Estaban recluidos en la cárcel de Evin, en Teherán, acusados de espionaje.
A Bayani y a sus colegas los detuvieron mientras realizaban observaciones y registros para la preservación del Chita o Guepardo Asiático, un felino gigante al borde de la extinción. Tenía menos de un año de haber regresado a su país, tras cursar estudios y trabajar en el PNUMA en Estados Unidos.
En una carta enviada a las autoridades iraníes durante su cautiverio, Bayani escribió: “Los grupos de activistas que trabajan en cuestiones relacionadas con el clima se encuentran bajo presión extrema. La condena de nuestra ONG, sus empleados y fundadores es un ejemplo de cómo el trabajo ambiental se ha convertido en un crimen político”.
Esta semana, al conocer de su liberación, la defensora de los derechos de la mujer y premio Nobel de la Paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, describió el caso de los ambientalistas como uno de los «más infundados y engañosos» fabricados contra la sociedad civil.
Mohammadi también está presa en Evin desde 2021, condenada por «propaganda contra el gobierno de Irán». Desde allí envió su declaración a los medios, calificando al sistema judicial como «defectuoso y dependiente del régimen». Además, denunció los «extenuantes confinamientos solitarios, largas penas de prisión y extorsión».
Quedan cuatro ambientalistas presos
La Organización No Gubernamental iraní Unidos por Irán (United4Irán) contabiliza 1.138 presos políticos en las 242 cárceles iraníes. De ese grupo, 9 estaban encarcelados por realizar actividades científicas relacionadas con la protección del medio ambiente. Después de la amnistía quedan presos los ambientalistas Yaser Sabery, Mohsen Dadgar, Sam Rajabi, Amir Hossein Khalegui y Saed Dadgar.
La Organización Hengaw para los Derechos Humanos reportó que en 2023 un total de 32 prisioneros políticos fallecieron bajo custodia del Estado Irani. En el año 2018, Iran Human Rights registró 50. Uno de ellos fue Kavous Seyed-Emami, fundador de la Persian Wildlife Heritage Foundation, profesor en la Universidad de Teherán y destacado ambientalista. Tenía doble nacionalidad iraní y canadiense. Las autoridades afirmaron que se suicidó, pero la versión fue descartada por sus compañeros.
Otra ONG, cuya sola existencia y propósito ya habla de la creciente vulnerabilidad de los científicos en el mundo, es Scholars At Risk, que nació para apoyar a académicos en riesgo. En su más reciente informe afirman que en 2023 recibieron 1.700 solicitudes de apoyo. En total, ayudaron a transferir a otros países a 320 investigadores amenazados por su trabajo en los países de origen.
Además de los científicos e investigadores, las organizaciones de defensa del ambiente y sus activistas son cada vez más perseguidos por los regímenes autoritarios. En 2023, por ejemplo, el gobierno ruso incluyó a Greenpeace en la lista de organizaciones indeseables. En los últimos años, varios de sus integrantes han sido apresados en Turquía, la India e Indonesia. La mayoría de esas detenciones ocurren durante protestas pacíficas relacionadas con la protección del ambiente.
Testimonios de la tortura
Entre 2022 y 2023, estando en prisión, Niloufar Bayani escribió el libro Climate Literacy in the Land of Oil, publicado en junio pasado, que recoge sus conversaciones con otras 25 presas políticas en Evin sobre el cambio climático y el riesgo ambiental. El relato es también una documentación de la rutina de la prisión y los tratos que reciben las presas políticas en Irán.
Otro testimonio similar es el libro The Uncaged Sky, escrito por la antropóloga australiana- británica y profesora de la Universidad de Melbourne, Kylie Moore-Gilbert. Apresada en Irán en 2018, acusada de espionaje para Israel, fue liberada en un intercambio de presos en 2020. En su libro, Moore cuenta con detalle los castigos físicos y mentales que enfrentan los prisioneros en Irán, especialmente las mujeres para que confiesen crímenes que no han cometido. Además denuncia las pésimas condiciones de confinamiento, los castigos de aislamiento y la privación de atención médica básica.
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