Los médicos españoles se oponen a la «militarización» de la Sanidad. Rechazan el Real Decreto Ley 29/2020 porque rompe con lo que han construido en un sistema sanitario ejemplar y admirado en el resto del mundo. La situación se presenta en medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19, que se ha agudizado por una segunda ola de contagios.
El Real Decreto Ley 29/2020 se aprobó en septiembre, sin mayor divulgación, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un decisión que ha desatado entre los médicos una marejada de críticas por lo que plantea: movilidad indiscriminada de facultativos, acceso a la Sanidad sin la evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos (MIR) y la contratación de personal extranjero con una formación distinta de la española, menos exigente.
Los profesionales de la salud afirman que el decreto menosprecia su labor y la del sistema nacional de salud, que siempre había abogado por la especialización y con ello la atención adecuada de cada patología. La nueva norma obliga a los médicos a moverse de su puesto de trabajo, de forma independiente, y sin que se puedan negar.
Un decreto criticado
Tras su aprobación el 29 de septiembre de 2020, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) consideró el Real Decreto como «intolerable» por querer saltarse todas las normas. Además, expresó su desacuerdo con el plazo de vigencia del decreto, fijado en un año y con la opción de prorrogarse cada tres meses.
«Nos preocupa que estos plazos sean un cheque en blanco y que este estado de ‘militarización’ encubierta se prorrogue de forma indefinida», aseguró el sindicato en un comunicado en aquel entonces.
Esa preocupación comparten los especialistas que ahora ven vulnerado su trabajo por un decreto que está escrito «en condicional» y que deja en manos de las comunidades autónomas algunas decisiones. Desde Amyts fijaron una posición clara tras la aprobación del decreto.
No permitirán, como representantes de los médicos de Madrid, que se aplique este decreto que manera literal sin una negociación previa en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad. Aseguran que esta medida hace más difícil que los médicos elijan la sanidad madrileña para ejercer.
Los especialistas médicos también señalan otro problema. No solo se trata de lo que esto supone para su propia labor, sino que también tendrá un gran impacto en los pacientes, pues se toparán con un sistema y una atención precarios.
Con este decreto el Gobierno autoriza que las comunidades autónomas puedan contratar de forma excepcional personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR. Esto supondría la incorporación de unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública. Con la movilidad «temporal» de los especialistas, el supuesto objetivo es prestar atención sanitaria a los pacientes de todas áreas, siempre que quede garantizada la asistencia en sus unidades asistenciales de origen.
Las condiciones menos adecuadas
Algunos especialistas apuntan que esta situación ha llegado como respuesta a la falta de previsión y organización. «En marzo dijeron que no se había podido prever la pandemia, pero este simplemente es el escenario de una emergencia mal gestionada», indican
Argumentan que la falla quizás fue que en junio no se prepararon para lo peor y solo esperaron lo mejor. Por esto no se reforzó el sistema y ahora ha llegado esta situación, donde las cirugías no urgentes se siguen postergando y el atasco se sigue agrandando.
Todo esto mientras que las condiciones en las que trabajan quienes eran encomiados como «héroes» al principio de la pandemia siguen empeorando. En atención hospitalaria existe una atemporalidad del 56,6% en el área médica y un 40,4% en la quirúrgica. Esto conlleva que muchos decidan formarse en España pero prefieran trabajar en el extranjero.
Una situación a la que además se le suma el hecho de que desde el mes de marzo más de 5.000 médicos se han contagiado con la COVID-19. Un cúmulo de situaciones que califican de «maltrato absoluto».
Huelga en contra del decreto
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) convocó una huelga para el 27 de octubre. El fin es oponerse a una norma que pone a los médicos en una posición de indefensión jurídica y deontológica y que además atenta contra la seguridad de los pacientes.
El Sindicato Médicos de Euskadi (SME) también mostró su apoyo a la protesta. En un comunicado denunció que en el decreto en el que se recogen medidas para hacerle frente a la crisis por la COVID-19 ponen por el suelo el sistema de especialización médica.
La huelga, que se repetirá los últimos martes de cada mes, no solo es contra el decreto afecta a los médicos. También tiene que ver con el impacto en los usuarios del sistema sanitario. Una movilización que va a favor de los pacientes, que tienen derecho a contar con una sanidad de calidad.
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