El encuentro regional en Ecuador sobre la emigración venezolana concluyó este martes con la Declaración de Quito, suscrita por 12 países participantes.
El documento exhorta a seguir acogiendo emigrantes dentro de un sentido de «hermandad» y «solidaridad», pero también dentro de la «seguridad» para las sociedades receptoras.
Al concluir la reunión, el representante peruano, César Bustamante, dijo que el escrito «contiene la voluntad de todos los estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen«.
Director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Bustamante destacó que se seguirá prestando asistencia a aquellos que «buscan encontrar la acogida de nuestra comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad», reseñó EFE.
El encuentro reunió a representantes de catorce países, incluido República Dominicana con carácter de observador.
El que es el primer encuentro de estas características y alcance no contó con la participación de Venezuela, pero sí de la de la Bolivia que, según la Cancillería, no firmó el documento.
Tampoco lo ha hecho la República Dominicana por su carácter de observador.
Viceministro de Movilidad Humana del Ecuador @SChavezEc destaca los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad. pic.twitter.com/ODekkzOG4t
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 4, 2018
Ya este lunes, Amnistía Internacional pidió a los países de América Latina garantizar los derechos de los migrantes venezolanos.
En una carta, la ONG solicitó a los gobiernos “brindar acceso sin restricciones a los sistemas de protección internacional como el refugio u otros mecanismos complementarios”.
Llamado al Gobierno de Venezuela en Declaración de Quito
En la sesión de cierre, Bustamante se mostró confiado en que «todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (..) hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación».
«También de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria», añadió.
Y destacó que la «particularidad» de que la reunión haya abordado un asunto «que involucra a seres humanos que están transitando por nuestros territorios».
La Declaración de Quito también «exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales«, según el texto difundido.
Y menciona entre ellas la concesión regularizada de «cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado».
Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra los emigrantes y la xenofobia, pero también destinada a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.
📍Declaración de #Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región: https://t.co/Nt7aOo4Ch3 #ReuniónRegionalEc pic.twitter.com/iNfHJKKzmM
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) September 4, 2018
José Javier Samaniego, representante de ACNUR, valoró que los resultados de la reunión «constituyen una verdadera hoja de ruta» y expresó la plena disposición de su organización de «seguir trabajando con los Estados» y apoyar «las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración».
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