¿Hay datos que Sanidad no ha dado relacionados con los estragos que ha causado la pandemia de la COVID-19? Quizás una de las preguntas más importantes tiene que ver con la cantidad real de muertes que dejó la primera ola de la pandemia, en medio del caos que se vivió entre marzo y abril en España. Sobre todo cuando se sabe que los fallecidos reportados son solo los que dieron positivo en la prueba diagnóstica PCR y que esas pruebas escasearon.
Aunque el cambio de criterio de la Organización Mundial de la Salud pedía a los países que incluyeran a los sospechosos en sus cifras, en el Ministerio de Sanidad no lo tomaron en cuenta. Sin embargo, no todos los datos están ocultos. El Instituto Nacional de Estadística también lleva su cuenta a través de la recolección de certificados de defunción y engloba tanto sospechosos como confirmados.
Los estragos de la primera ola de la COVID-19
De acuerdo con el INE, desde el 9 de marzo hasta el 11 de mayo, durante la primera ola, en España murieron 118.287 personas. Una cifra que supera a las registradas en 2019, de 47.407, y a las de 2018, de 45.982. Lo que no se puede calcular es si todos fueron por causa directa del coronavirus o si buena parte del exceso tuvo que ver con el colapso sanitario que se derivó de la pandemia.
Aunque hay probabilidades. Seguramente hay más víctimas relacionadas directa o indirectamente con el virus de lo que se cree, aunque resulte imposible calcularlas. Eso sí, algo que llama la atención es que, de acuerdo con la última actualización del INE, el desfase en la cantidad de muertes sigue aumentando en la actual segunda ola. Esto pese a que ahora hay más tests para todos y se ha registrado menos saturación de los hospitales, con excepción de las últimas tres o cuatro semanas. El INE recoge que el exceso de muertes con respecto a otros años comenzó antes de la segunda ola. En julio se contaron más de 3.000 de las que hubo en 2018.
Un desfase que siguió aumentando con la llegada de agosto. De la semana 32 a la 36 del año hubo 32.228 defunciones, comparadas con las de 2018, que fueron 23.042. Al sumar ambas cifras hubo un exceso de muertes de más de 7.200 durante el verano. Durante este tiempo Sanidad notificó 739 muertes por la COVID-19. Incluso dando por buenas las 1.949 que el Instituto Carlos III dio por las altas temperaturas, se tienen unas 3.600 defunciones demás de las que no conocen las causas.
Una situación que ha empeorado
Pero allí no termina, pues con el otoño el panorama se complicó más. De la semana 37 a la 45, han muerto en 72.105 personas; en 2018 la cifra fue de 59.513. Se añaden allí otros 12.600 fallecidos y se obtiene un total de 20.000 desde principios de julio. Si se calcula entonces la media de los 3 años anteriores y no solo las cuentas de 2018, el exceso es de 23.239.
Sin embargo, Sanidad solo atribuye a la COVID-19 en ese período 10.900 muertes y no toma en cuenta las otras 12.339. Incluso tomando en cuenta los retrasos que maneja el propio INE, hay el doble de los fallecidos que anuncia el ministerio en sus informes.
Por eso surgen las dudas. ¿Son estas muertes por COVID-19 que todavía no se han oficializado? ¿O son muertes derivadas de tratamientos interrumpidos en primavera? ¿Tienen que ver con la ausencia de diagnóstico precoz por la saturación de la atención primaria? Son más dudas que respuestas. Y no saberlo genera preocupación.
El INE cerró su estimación el 8 de noviembre. Desde entonces, se sabe que la cantidad de muertos ha aumentado en varias comunidades autónomas. El ministerio ha sumado en estos 10 días casi 3.000 fallecidos más, mientras que las comunidades han dado a conocer una cifra un tanto más alta, que ronda los 3.160.
Entonces, si se suman los 2 períodos de exceso de defunciones más intensos (de marzo a mayo, y de junio a noviembre) se obtiene una cifra de 70.555 fallecidos más que la media de los tres años anteriores. En total, serían 31.210 más de los que Sanidad registra en sus informes de la COVID-19.
Estimaciones no tan esperanzadoras
Si se toma en cuenta el atraso que presenta el INE y el ministerio, además de la tendencia en alza que actualmente afecta a España, no es tan descabellado pensar que al final del año se tenga que lamentar 80.000 o 90.000 muertes más de lo normal. Ese sería el balance de la pandemia, de forma directa o indirecta, en 2020.
Incluso si se descuentan las muertes que no se han dado por otras causas derivadas de la movilidad, puede que sean más de 100.000. En estos casos, los certificados de defunción serán los que indiquen la última palabra.
Fallas en los datos oficiales sobre la COVID-19
El sistema del Ministerio de Sanidad que recoge los datos del coronavirus sigue teniendo problemas, y ya han pasado más de siete meses desde que se declaró la pandemia.
La plataforma, en la que se ordenan las cifras esenciales para entender el curso de la pandemia y tomar decisiones, se compone de los datos que aporta cada comunidad autónoma; sin embargo, hasta octubre contabilizaba la mitad de los ingresos en hospitales, algunos datos eran confusos y registraban menos fallecidos.
Son fallas que se han presentado desde la primera ola. En el caso de ingresos a hospitales, algunos faltan y otros llegan tarde. Desde el ministerio han explicado que se debe a que los hospitales cuentan como pacientes con la COVID-19 a personas «sospechosas» de tener la enfermedad, pero luego no se confirman los casos.
De todos modos, las diferencias también varían entre comunidades. Hay casos en que los datos del ministerio son más certeros a lo que reportan los hospitales, como en Canarias, La Rioja o Extremadura. Pero en la mayoría no.
Asimismo, desde hace algunas semanas una parte del debate nacional se mantiene enfocado en las restricciones que se imponen o no en distinas localidades. Son medidas que dependen en parte de la cantidad de casos y de positividad. Es la información de la situación por municipios, datos que no se hacen públicos.
Son fallas que, si no se mejoran, acentuarán el desconocimiento sobre la verdadera situación de la pandemia.
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