La erupción del Tajogaite copó los titulares de la prensa internacional y destruyó gran parte de La Palma: sus miles de damnificados son los grandes olvidados de la tragedia.
Han transcurrido tres años desde que la erupción de Tajogaite arrasara con La Palma y demoliera la vida de sus habitantes. De tener una vida resuelta, pasaron a ser damnificados. Lamentablemente, el mal de quienes entran en esta categoría es que pasan al olvido cuando la tragedia deja de salir en los medios.
La historia se repite constantemente en todos los rincones del planeta. Las víctimas de los desastres naturales son ignoradas en la respuesta y recuperación. El apoyo gubernamental y humanitario llega de forma tardía o insuficiente. Lo que agrava su precaria situación.
La falta de atención continúa en la reconstrucción y rehabilitación de sus vidas puede llevar a que queden relegados, enfrentando problemas como la pobreza, la falta de vivienda y acceso limitado a servicios básicos.
Es el fiel retrato de lo que está ocurriendo en La Palma. «El gobierno nos ha abandonado, El volcán nos arrebató nuestras casas, nuestros callejones, nuestros patios, nuestras huertas, pero nunca nos arrebatará nuestra lucha y nuestra palabra», declaran los voceros de los afectados.
Erupción de Tajogaite
Considerada la mayor catástrofe natural de Europa del último siglo la erupción de Tajogaite comenzó el 19 de septiembre de 2021. Es la más larga registrada en la historia de la isla: se prolongó durante 85 días.
La actividad sísmica comenzó ocho días antes del evento principal, con más de 25,000 pequeños terremotos registrados. La erupción tuvo lugar en el Dorsal de Cumbre Vieja.
Debido a las emisiones de azufre y mala calidad del aire, 33.000 personas quedaron confinadas en sus hogares. Alrededor de 7.000 personas fueron evacuadas. La lava alcanzó velocidades de hasta 700 metros por hora. Destruyó más de 2,800 edificios, incluidas viviendas y estructuras agrícolas. Cubrió unas 350 hectáreas de tierras cultivables. El saldo total de daños se estima en 842 millones de euros.
Ante los medios se anunció, con bombos y platillos, la creación del Comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma. Encargado de coordinar los esfuerzos para restaurar las zonas afectadas. Según los reportes oficiales el Gobierno ha movilizado alrededor de 640 millones de euros para apoyar la reconstrucción y recuperación económica de la isla. Anuncios que no concuerdan con las historias que narran los damnificados.
Promesas rotas
Los afectados denuncian que las promesas del Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma quedaron en el aire. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, prometió 60.000 euros por vivienda destruida.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias, comprometió 30.000 euros más. El Cabildo de La Palma, dirigido entonces por Mariano Hernández Zapata, se comprometió con 10.000 euros adicionales. Muchas de estas compensaciones siguen sin llegar.
A nivel regional, el Gobierno canario también prometió ayudas específicas, pero la falta de coordinación y la burocracia han ralentizado cualquier avance significativo. Uno de los casos más visibles es la de los 100 millones de euros para la reconstrucción de viviendas, de los cuales una parte importante sigue sin ser transferida.
Las promesas de reconstrucción se hicieron a gran escala, pero pocas se han cumplido. Pedro Sánchez, durante sus diez visitas a la isla, anunció un plan integral de recuperación, pero los afectados siguen esperando soluciones concretas.
A pesar de que se han destinado millones de euros a la construcción de viviendas prefabricadas, solo una pequeña parte de los damnificados ha recibido una solución definitiva.
A los anuncios económicos incumplidos se suma la crisis habitacional. El precio de los alquileres se triplicó y los cambios de uso de los terrenos dispararon sus precios. Encareciendo el coste de las construcciones de nuevas viviendas.
La falta de avances en la reconstrucción, la ausencia de ayudas económicas suficientes y la descoordinación entre las administraciones públicas han convertido esta catástrofe en una herida latente.
Gestión deficiente
La gestión de la erupción y sus secuelas es objeto de serios cuestionamientos. Los afectados han señalado la falta de un aviso adecuado y anticipado por parte de las autoridades científicas y políticas, lo que dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad.
Asociaciones como Tierra Bonita afirman que los organismos encargados, como el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), tenían información suficiente para prever la erupción y evacuar preventivamente a la población, pero no actuaron con la celeridad necesaria.
Critican, además, la falta de transparencia en la gestión de la emergencia por parte del Gobierno de Canarias. El cual se niega a publicar grabaciones clave de las reuniones entre INVOLCAN y las autoridades políticas. Cuando se discutió la posibilidad de una erupción inminente. Sienten que las administraciones no actuaron de manera correcta ni antes, ni durante, ni después de la erupción.
«En las administraciones han sobrado las medallas mientras que entre los afectados hay muchos silencios», declaró a Canarias7 Francisco Rodríguez, presidente de la asociación Tierra Bonita, uno de los colectivos creados para representar a los afectados.
Damnificados 3 años después
Durante la erupción, Pedro Sánchez visitó la isla diez veces. Siempre bajo los focos de las cámaras. Según la iniciativa ciudadana Afectados por el Volcán de La Palma desde las administraciones se ha promocionado la idea de que la reconstrucción y las ayudas «están resolviendo las necesidades de las personas damnificadas». Lo que califican como «campañas de marketing político y propaganda”.
«Mientras la realidad es otra bien distinta”. Denuncian que el grueso de la ayuda para la reconstrucción se ha gastado en obras que nada tienen que ver con la catástrofe. “Tales como centros culturales, fibra óptica, renovación del Parador de Turismo, conciertos de música. Inversiones que que contemplamos con asombro y no resuelven en absoluto las necesidades vitales de los afectados».
Se calcula que el volcán destruyó más de 1.300 viviendas. La catástrofe dejó a miles de palmeros sin hogar, sin medios de subsistencia y sin un plan claro para retomar sus vidas. Tres años después de la erupción, 200 vecinos afectados siguen viviendo en contenedores inhabitables. Debían ser una solución provisional, pero se han convertido en una especie de «hogar» permanente.
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, en reiteradas ocasiones ha denunciado las dificultades que enfrenta la isla para recuperarse de la crisis. «La mayoría de las ayudas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez aún no han llegado», dijo en una entrevista a Okdiario.
Según Javier Salinero Martín, secretario de la asociación Tierra Bonita, «el dinero que llega a la población es principalmente del Fondo de Compensación de Seguros, mientras que las ayudas institucionales son prácticamente inexistentes». Como consecuencia, cientos de familias esperan una solución económica para reconstruir sus hogares.
Gracias a Cáritas
A pesar de que la erupción volcánica en La Palma cesó oficialmente el 25 de diciembre de 2021, sus secuelas continúan afectando a miles de isleños. Un reciente informe de Cáritas revela que, un año después de la catástrofe, al menos 3.000 personas, incluyendo más de 600 menores, seguían sin poder reconstruir sus vidas debido a la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia.
La ONG destinó 2 millones de dólares en ayudas directas a las familias damnificadas, para cubrir necesidades básicas como alquiler, alimentación y reconstrucción. En 2022, Cáritas denunció la insuficiencia de las ayudas gubernamentales y la lentitud en su distribución. «Muchas familias han acudido a nosotros ante la falta de respuesta de las administraciones públicas», afirmaba un portavoz de la institución.
“La imagen de una reconstrucción idílica tal y como se percibe desde fuera contrasta dolorosamente con la realidad que vivimos las más de 8.000 personas que lo hemos perdido todo”, declaran las asociaciones de afectados.
El desplante de Pedro Sánchez
Se sienten abandonados y desamparados. La queja más reciente de los damnificados se produjo en agosto. Cuando «Afectados por el Volcán de La Palma» acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ignorarlos al negarse a una reunión con ellos para discutir la «crisis humanitaria persistente en la isla».
En un comunicado expresaron su «más profunda decepción y preocupación» por la negativa del mandatario a abordar la situación de los damnificados. Especialmente aquellos obligados a emigrar debido a la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia. Los «afectados ausentes», como han sido denominados.
La denuncia la formularon durante la visita que hiciera Sánchez a La Palma en agosto para abordar la situación migratoria con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Las asociaciones habían contactado para solicitar la reunión al Comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo. Ante la falta de noticias, acudieron directamente al Gabinete de Dirección del Presidente en la Moncloa.
“A pesar de las reiteradas solicitudes, el presidente no accedió a atender a los portavoces de las miles de personas que aún sufren las consecuencias del devastador evento volcánico que arrasó sus hogares y afectó sus vidas hace tres años”, lamentó la iniciativa ciudadana. Los focos de las cámaras apuntaban ahora a los migrantes y Sánchez buscaba estar en el centro. Las secuelas del volcán y los damnificados ya no ocupan las primeras planas.
A la espera de 100 millones
Tres años después de la devastadora erupción volcánica en La Palma, la Plataforma de Afectados por la Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021 continúa exigiendo al Estado español el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Temas que aspiraban discutir con Pedro Sánchez.
En concreto, la plataforma demanda la transferencia inmediata de 100 millones de euros al Gobierno de Canarias para garantizar la compensación justa y completa a todos los damnificados. El fondo es crucial para pagar compensaciones justas por todas las viviendas habituales, considerando su valor real independientemente de seguros privados, y para cubrir las fincas rústicas y segundas viviendas durante 2025 y 2026.
Los damnificados insisten en que se cumplan las promesas y se busque una solución urbanística. Que incluya compensaciones complementarias para terrenos con más de 10 metros de espesor de lava, aquellos bajo protección cautelar y los que serán declarados espacios naturales protegidos por su proximidad al volcán. Suelos que serán inservibles para la reconstrucción durante años.
Más requerimientos
Además, solicitan que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma otorguen subvenciones para proyectos de viviendas y fincas rústicas. Que cubran al menos el 50% del costo de los proyectos y de la ejecución de las obras.
También piden que las Cortes Generales modifiquen el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa para recibir una compensación adecuada. Con el 100% del valor real previo a la erupción, a los expropiados por las carreteras de la Costa y de las Norias. Actualmente, se pretende compensar solo con un tercio del valor real. Aspiran a que los expropiados para la construcción de carreteras deben ser compensados por la superficie total de la finca afectada por el volcán. Incluso si una parte ya fue expropiada.
Tras años de movilizaciones, la plataforma solicita que el Parlamento autonómico apruebe la Ley de Volcanes de Canarias. Que garantizaría la recuperación íntegra de lo perdido en futuras catástrofes volcánicas, como la ocurrida en 2021.
La plataforma ha denunciado en múltiples ocasiones el incumplimiento de las promesas iniciales y la lentitud en la ejecución de las medidas de ayuda. Los afectados continúan presionando a las administraciones públicas para que cumpla con sus compromisos y garantice una reconstrucción justa y sostenible de la isla.
Trato humillante
Pasan el tiempo y la gestión de la reconstrucción y ayudas a los damnificados continúan generando polémica. La Plataforma de Afectados por la Erupción Volcán de Cumbre Vieja 2021 denunció una serie de decisiones gubernamentales que consideran «desacertadas e incluso humillantes».
Una de las principales críticas se centra en las indemnizaciones por la destrucción de viviendas. El Estado estableció inicialmente una compensación de 30.000 euros, cifra que posteriormente se elevó a 60.000 euros. Según la plataforma, ambas cantidades son «irrisorias» y no reflejan el valor real de las pérdidas sufridas por los afectados.
Más irritación les produce que a los damnificados por el volcán los alojaran en contenedores en Los Llanos de Aridane, a pesar de incumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por el Colegio de Arquitectos. Mientras que en Gran Canaria, a los inmigrantes que están a la espera de ser reubicados los alojan en pisos con ascensores y placas solares.
La comparación entre el trato recibido por los afectados por el volcán y el ofrecido a los inmigrantes es una fuente de tensión social en Canarias. La percepción de que los recursos se destinan de manera desigual provoca un profundo malestar, que demanda una mayor equidad en la gestión de la crisis.
“Nos sentimos abandonados. Perdimos todo en la erupción, y lo que nos ofrecen son contenedores oxidados, mientras vemos que a los inmigrantes se les están dando pisos con mejores condiciones”, afirma una vecina de Los Llanos de Aridane.
Cuestión de foco
Fuentes gubernamentales aclaran que los fondos para la gestión de la inmigración y los fondos para la reconstrucción de La Palma provienen de partidas diferentes. Además, subrayan que la crisis migratoria es un problema de carácter internacional. Y, por qué no decirlo, es lo que ocupa los titulares de la prensa europea.
Alegan además que el tema migratorio está sujeto a convenios y normativas que obligan a ofrecer “condiciones dignas a los migrantes” mientras se resuelven sus situaciones legales. Se supone que las leyes españolas también obligan a ofrecer “condiciones dignas” a los damnificados de Las Palmas (y cualquier otro desastre natural).
Desde el gobierno regional aseguran que están haciendo esfuerzos para acelerar la construcción de viviendas definitivas para los afectados en La Palma. Pero aducen que la falta de suelo urbanizable y la complejidad de los trámites administrativos han retrasado el proceso.
Son solo algunos de los asuntos que las asociaciones que agrupan a los afectados por el volcán querían tratar directamente con Pedro Sánchez. Pero como los focos de los medios apuntan a otras noticias han sido olvidados. «Resulta hiriente que nuestro presidente no haya querido reunirse con los afectados”.
Esperaban que en su visita a la isla buscara conocer de primera mano su situación. “Pero por desgracia el presidente ha decidido abandonarnos a nuestra suerte», se quejan amargamente.
Indignación creciente
Situación que alimenta la creciente indignación entre los afectados. El deseo es unánime. «Ya no podemos esperar más». La gente se ha tenido que buscar la vida pese a que no se les ha devuelto lo que perdieron, como se prometió, son familias que necesitan respuestas, no pueden seguir esperando eternamente.
Como recoge Canarias7, algunos se mudaron a la cara este de La Palma o a otras islas. Otros esperan que les dejen limpiar el picón que cubre sus casas. O que les digan si les dejan o no volver a construir en su parcela. Hay quienes ya levantan sus nuevas casas. “Pero ninguno, o casi ninguno, ha podido pasar página del todo”.
A casi todos, les deben el compromiso de recuperar el valor de lo mucho que perdieron. Hay casos que no han recibido ayuda, ni los 60.000 euros que dio el Estado, ni los 30.000 del Gobierno canario. «Solo recibí de las donaciones», cuenta Amanda Melián, una de las más afectadas.
«Al afectado lo han cancelado, ya no existe, nos han convertido en un registro, en un número», apunta Rodríguez. A eso contribuye la forma en que se ha decidido tramitar la concesión de las ayudas mediante la orden de las compensaciones. Dictada por el Gobierno de Canarias en julio y que cuenta con una partida, ya disponible, de 140 millones, 100 del Estado y 40 del Ejecutivo regional.
A grandes rasgos, impulsará una tasación de las viviendas y fincas dañadas y el abono a las familias de la diferencia entre lo tasado y las ayudas ya recibidas. «No será transparente. Eso ya ha provocado recelos y sospechas entre los palmeros», protestan, máxime cuando les consta que hubo fraude en las ayudas.
Isla rota
Francisco Rodríguez cree que la isla está rota, por el volcán y sus secuelas. Pero también, y muy especialmente, por cómo se ha gestionado. Reclama menos burocracia, más transparencia y más empatía. Tampoco está de acuerdo en que se fije como referencia un precio de 1.500 euros el metro cuadrado. «Las casas no son iguales».
El líder de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, Juan Vicente Rodríguez, coincide en la incertidumbre y desconfianza que les embarga respecto a los compromisos anunciados. En particular lo referente a las compensaciones. «Dicen que nos van a pagar el valor de lo perdido, pero es humo, a estas alturas del año no hemos visto ni un euro».
Coincide con el presidente de la asociación Tierra Bonita, en protestar porque las ayudas no se harán públicas. «Ahora se inventaron lo de la protección de datos, la lista debe ser pública, que todos veamos lo que cobra cada uno».
Habla sin tapujos de discriminación. «Tres años después estamos peor, nos han discriminado». Como presidente, de una cooperativa de plataneros, tampoco entiende la política de ayudas a las empresas o negocios afectados.
«No es válido que al que está fuera de la afectación del volcán le estén pagando y a nosotros no, pese a que nos sepultó las fincas. En qué cabeza cabe que los que no están cerrados, sino destruidos, no hayan recibido ayudas».
De la catarsis mediática al olvido
Durante la erupción de 2021 en La Palma, los principales medios de comunicación se desplazaron a la isla. Las imágenes impactantes de la lava destruyendo hogares, los testimonios conmovedores de las víctimas y la magnitud del desastre coparon portadas y emisiones durante semanas. Inicialmente, los afectados agradecieron la cobertura. Ahora critican la falta de seguimiento por parte de esos mismos medios.
Lo que en un principio parecía un interés sincero por informar sobre la tragedia, se reveló pronto como una estrategia de explotación mediática del morbo y el dolor de los afectados. Con el paso del tiempo los damnificados se sintieron abandonados. Cuando las cámaras se apagaron, el público dejó de interesarse.
Los afectados sienten que los medios de comunicación solo los utilizaron para aumentar audiencias. Se olvidaron de ellos tan pronto como la erupción dejó de ser «noticia.»
La falta de cobertura agrava e invisibiliza los problemas que enfrentan. Sin la presión mediática, las autoridades se sienten menos urgidas a cumplir sus promesas, y los damnificados, sin voz en los medios, luchan solos para que sus reclamos sean escuchados.
Lo perciben como un «apagón mediático». Un reflejo de la instrumentalización que sufrieron, usados por su dolor, pero abandonados en la fase cuando más apoyo requieren: la de reconstrucción y justicia. Es la maldición de los damnificados. Caen en el olvido cuando el desastre ya no es noticia para los medios.
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