Las protestas que conmocionaron a Cuba en agosto tuvieron varios detonantes: la permanencia de una dictadura por más de sesenta años. La ausencia de libertades, las limitaciones económicas, y entre otros más, la crisis del coronavirus y su cuestionada gestión. Ese malestar se desató por las redes sociales que sirvieron de hilo de comunicación a ese pueblo cansado del sometimiento. El régimen de Cuba acaba de aprobar la llamada Ley 35 que busca un mayor control social y regular el uso de Internet.
Ese histórico 11 de agosto se desbordó la represión. Golpes, violencia y detenciones en casi todas las provincias. Entonces el régimen de Miguel Díaz-Canel bloqueó el acceso total o parcial del servicio de Internet móvil. El poder de comunicación de redes sociales como Facebook y plataformas de mensajería como WhatsApp quedó desactivado.
El régimen tipifica por primera vez lo que considera delitos cibernéticos que sujetos a una acción penal. Califican como «incidentes de ciberseguridad» los ataques de virus y «fallos eléctricos». También la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar a los gobernantes, al gobierno, pedir libertad o incitar a un cambio de sistema
El diario Granma, órgano divulgativo del Partido Comunista de Cuba, señala que el decreto-ley tiene como objetivo “contribuir a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sea un instrumento para la defensa de la Revolución” (del régimen totalitario). Y advierte que se trata de «la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones».
Con las restricciones pretenden ofrecer lo que llaman «una Internet ética y buena para la población». Mientras tanto, los cubanos le pusieron un nombre más real: «ley mordaza», porque pretende limitar la expresión.
En Cuba cercan Internet
Miguel Díaz-Canel escribió en Twitter que «el Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira». Por su parte, el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, dijo que las nuevas normas «promueven el impulso de la informatización de la sociedad». «Además, defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones», añadió
Cuba afianza los controles al uso Internet. Sin tapujos, la ley está orientada a contener cualquier crítica al sistema comunista, a su fracaso económico y social, y defender a revolución. BBC News informó que las regulaciones establecen 17 delitos o «incidentes de ciberseguridad» con «niveles de peligrosidad» que van de «medio» a «muy alto». El contenido político del mensaje determina su peligrosidad.
La regulación cubana solo menciona la pornografía como «difusión y distribución» de «material pornográfico», y la considera de un «nivel de peligrosidad» «medio». Sin embargo, considera de una peligrosidad «muy alta» la «subversión social», a la que define como «pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social».
Asimismo, el ciberterrorismo es entendido como las acciones para «subvertir el orden constitucional» o «la ciberguerra», a la que llama «métodos de guerra no convencional», lo que sea que eso signifique.
También cataloga como altamente peligroso la «divulgación de noticias falsas» y los «mensajes ofensivos». Así como la «difamación con impacto en el prestigio del país», sin especificar tampoco en qué consiste cada una de ellas, aunque encabezan la lista de delitos.
Wilfredo González, otro viceministro de Comunicaciones, indicó a la agencia AFP que la norma busca que «nadie sea capaz de distorsionar la verdad. Para que nadie pueda denigrar a un oficial de nuestro país o de nuestro proceso revolucionario».
Criminalización de las libertades
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la nueva estocada contra la libertad de expresión en Cuba con el Decreto-Ley 35, que profundiza el control y las restricciones al uso de Internet y las redes sociales. El régimen cubano tomó esas medidas en respuesta a las protestas sociales que se iniciaron el pasado 11 de julio.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, rechazó «la nueva norma contra la libertad de expresión, mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales». Destacó que «estas se han convertido en el principal medio de los ciudadanos para difundir y consumir información»
El índice Chapultepec 2020 pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, hackeos y amenaza de sanciones penales. Este índice es una herramienta de medición de la SIP fundamentada en su Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital.
Entretanto, la Asociación Pro Libertad de Prensa (ApLp) sostuvo que con este decreto se criminaliza la libertad de expresión. «No hay equívocos. El sistema político de Cuba ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión. Viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se conoce que donde hay crimen se trata de ocultar lo que se hace, el poder político trata de ocultar lo que sucede en Cuba», añade la organización.
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