Desde que la pandemia de la COVID-19 llegó a América, en Venezuela, El Salvador y Paraguay han detenido a miles de personas en centros de cuarentena. Las personas han sufrido condiciones insalubres, sin alimentación, agua ni asistencia médica adecuada, además se han contagiado con el SARS-CoV-2
Estos sitios no cuentan con garantías frente a violaciones de derechos humanos, son inadecuados y son lugares donde además pueden sufrir malos tratos. También corren el riesgo cierto de contraer COVID-19 debido a las propias condiciones sanitarias inapropiadas. Amnistía Internacional en su más reciente informe –Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas«– documenta cómo las autoridades de estos tres países han sometido a migrantes, refugiados y personas que han vuelto a sus naciones de origen a cuarentenas humillantes y totalmente contraindicadas para contener la expansión del coronavirus.
Almacenes, polideportivos y otras instalaciones al aire libre y sin los servicios mínimos han sido improvisadas para el confinamiento obligatorio. Muchas de las pruebas recabadas por la organización fueron videos que compartieron las propias personas recluidas en estos centros.
Paraguay y Venezuela: la cuarentena como respuesta punitiva
En Venezuela se ha llevado a cabo una campaña de discriminación respaldada por el Estado. A todos los venezolanos que han regresado a su país durante los últimos meses los obligaron a recluirse en centros de confinamiento. Simultáneamente los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro aseguraban que quienes volvían de Colombia eran “armas biológicas” enviadas para contagiar a la población.
Maduro en numerosas declaraciones indicó que quienes supieran de connacionales que habían regresado al país por la frontera con Colombia los denunciaran con las autoridades. Esto con el fin de aislarlos en centros insalubres, sin agua ni equipos sanitarios de protección.
A finales de junio, en Paraguay también recluyeron a unas 8.000 personas en centros de cuarentena. En su mayoría se trataba de gente que había regresado al país tras perder su empleo en Brasil por las medidas en curso para enfrentar la pandemia.
Amenazas y control en El Salvador
En El Salvador hicieron lo propio. Durante el mes de abril el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Rogelio Rivas, advirtió que quienes incumplieran la cuarentena nacional serían enviados a un centro “lejos de sus familias”. Agregó que en estos lugares también “corren también el riesgo de contraer el virus”.
Amnistía Internacional indica que esto es una muestra de que se está entendiendo el confinamiento como un castigo. Además de que las propias autoridades gubernamentales reconocen que los centros no cuentan con las medidas adecuadas para prevenir contagios.
A finales del mes de agosto, en El Salvador había más de 16.000 ciudadanos en cuarentena. Algunos sospechosos de haber estado con personas positivas, otros que regresaron del extranjero y a quienes acusaron de haber incumplido el confinamiento obligatorio.
Mientras continúa la pandemia de COVID-19, los países enfrentan la posibilidad de repetir el confinamiento. Entretanto, AI indica que las autoridades no deberían centrarse en medidas de salud pública a través de la coerción y la discriminación.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas: «Sin duda alguna, esta pandemia no tiene precedentes. Los Estados no solo están facultados sino que tienen la obligación de implementar medidas de protección de los derechos a salud y a la vida».
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