La continua llegada de migrantes a las costas de Canarias “ha colapsado la capacidad de acogida de las islas”, afirma el defensor del pueblo Francisco Fernández Marugán. Considera que esta crisis se deriva, en parte, por la dispersión de competencias en la gestión migratoria.
Sostiene la diversidad de opiniones entre ministerios, comunidades, ayuntamientos y el Estado explica, en algún modo, las carencias de coordinación que se acentúan con el repunte migratorio en Canarias.
Fernández Marugán insiste en la necesidad de articular “mecanismos de concertación para mejorar la gestión de las llegadas a las costas españolas. Conjugando el control de las fronteras con los intereses de la sociedad. Y al mismo tiempo, con la protección de los derechos de las personas extranjeras, especialmente de las más vulnerables”.
Ante la grave contingencia migratoria en el archipiélago, la oficina del Defensor del Pueblo elaboró un informe de la compleja situación y lo entregó en 2020 al Congreso. El texto recoge los obstáculos para dar acogida a las 23.023 personas que ingresaron en busca de protección y asilo. Pero la situación continúa. Sugiere Fernández Marugán que para superar la crisis es necesaria la solidaridad de las comunidades autónomas. Igualmente reclama una política migratoria europea común.
En el documento señala que muchas de las carencias sobre las que se llamó la atención en 2018, tras el incremento de llegadas en el arco mediterráneo, siguen presentes. “De nuevo, hemos asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan”. Insistió el funcionario en la urgencia de buscar sitios adecuados en Canarias. Pero también promover traslados a la península, fundamentalmente de las personas en una situación más delicada.
Visión del defensor del dueblo sobre crisis migratoria en Canarias
Durante sus visitas, el Defensor del Pueblo observó que el sistema de acogida en Canarias no tiene capacidad para atender a los migrantes en centros residenciales adecuados. Tanto de personas en situación irregular, que no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo.
Fernández considera que “no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos. Como la libre circulación, con el argumento del control migratorio”.
Las restricciones a la libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y en Melilla, y ahora en Canarias, son objeto de quejas ante el Defensor. La Institución lleva años reiterando que el solicitante de asilo ostenta el derecho a la libertad de circulación por todo el territorio español. Incluso, puede fijar libremente su residencia en el país, siempre que lo comunique a la Administración. Criterio que, tras numerosas resoluciones judiciales, ya es doctrina del Tribunal Supremo”.
Sin embargo, en Canarias las quejas recibidas indican que se sigue privando de este derecho a los solicitantes de protección internacional. Por tanto, la Defensoría ha tenido que formular un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía. Por otra parte, se han recibido quejas de ciudadanos senegaleses y marroquíes, documentados con su pasaporte, a los que se les ha impedido la salida hacia la península en el aeropuerto. Pese a tener familiares dispuestos a acogerlos.
Menores de edad solos y el III Plan África
Fernández Marugán detalló la crisis migratoria en Canarias y un componente de especial atención, los menores de edad que llegan solos.
Según datos de la entidad de protección de menores canaria, al 12 de febrero de 2021, han llegado 2.666 menores no acompañados. De nuevo se han tenido que habilitar centros de emergencia ante la imposibilidad de acogerlos con los recursos disponibles del sistema de protección canario.
Fernández reconoce el esfuerzo realizado para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata. Y valora la vía, ya iniciada por la entidad de protección de menores canaria, de llegar a acuerdos con otras comunidades autónomas. Con el fin de que asuman su tutela y custodia, y garantizarles unas mejores condiciones de integración a estos menores.
No obstante, cree que “no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone”.
Entretanto, el Defensor considera que “España no pude aplicar una política migratoria al margen de nuestros socios europeos”. Es necesario contar con un proyecto consensuado en el seno de la Unión Europea.
En este contexto, apoya el III Plan África, vigente desde 2019, a través del cual España quiere asumir la iniciativa en la fijación de la política migratoria de los países del Sur de Europa. Este plan incluye una estrategia integral de ayudas y financiación, de relaciones diplomáticas, de medidas socioeconómicas y de refuerzo de las capacidades de seguridad en la zona.
A prisión cuatro migrantes por violación grupal en Canarias
El juzgado de San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla de Gran Canaria, les imputó un delito de agresión sexual a tres de los magrebíes y dos delitos similares al cuarto. Además, a la todo el grupo se le juzgará como cooperadores necesarios. No tendrán derecho a fianza.
Identificados como R. E., nacido en el año 1997, A.L, en 1999, H.E. de 2000 y M.E. en 1999, todos llegaron a Canarias y estaban alojados en un hotel, pero fueron expulsados por su mal comportamiento por los dueños de los hoteles. Los cuatro llegaron en pateras y uno ya ha sido acusado de agresión sexual, pero fue puesto en libertad.
El viernes en la tarde estaba el grupo en una zona verde en el barranco de Agua La Perra y atacaron sexualmente a una mujer de 36 años, de nacionalidad irlandesa que lleva varios años viviendo en la localidad. Según el reporte de la Guardia Civil, fue víctima de cinco ataques sexuales. Los cuatro fueron detenidos en Puerto Rico, en el municipio de Mogán, el domingo en la noche.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias subrayó los cuatro serán juzgados como cooperadores necesarios de los delitos sexuales.
El suceso ha reforzado la inquietud de los ayuntamientos de San Bartolomé y de Mogán, que no entendían la decisión de los complejos hoteleros de expulsar a los migrantes que se comportaban mal. Los dejaban tirados en la calle, sin recursos. Mientras, la crispación entre la ciudadanía ha ido en aumento. El traslado a los campamentos habilitados no termina y se cada vez son más frecuentes los hechos de indisciplina de los inmigrantes.
Desde hace cuatro días 64 inmigrantes acogidos en el Campamento Canarias 50, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, duermen en la calle continúan en la calle. La Cruz Roja, a cargo del sitio de acogida, se niega a readmitirlos por considerar que exhiben un grado agresividad que choca con las normas mínimas de convivencia.
Los 64 pernoctaron en el patio de la iglesia de San Pedro, asistidos por el párroco y varios voluntarios. Les han dado ropa y alimentos. El sacerdote Jorge Duarte pide una solución de acogida temporal. El comedor social de la iglesia no tiene capacidad para atender la demanda del barrio mucho menos a tan numeroso grupo de inmigrantes.
En la comunidad y en los grupos de apoyo son de la opinión que el Ministerio de Migraciones y demás instituciones del Estado deben facilitar a los migrantes continuar su tránsito migratorio a territorio firme europeo
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